El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha hecho públicos la estadística de ejecuciones hipotecarias de 2022 y, a pesar de que se refleja una gran reducción, las cifras se mantienen en valores muy elevados. Durante el pasado año se registraron 14.148 ejecuciones sobre viviendas en propiedad de personas físicas, lo que supone un retroceso de 6,5% con respecto a 2021, año en el que se produjeron 15.138. Del total, 11.556 afectó a viviendas habituales en propiedad y 2.592 a residencias no habituales, reflejándose una caída del 5 y el 12,8%, respectivamente. La media de desahucios diarios por impago de la hipoteca se sitúa en los 39 por día, atendiendo a las viviendas en propieda de personas físicas, 31 por día si tenemos en cuenta solo las viviendas habituales.
Estos datos llegan después de conocerse que en el último trimestre del pasado año se registraron 3.679 desahucios sobre viviendas de personas físicas, afectando mayoritariamente a aquellas de carácter habitual (3.049). El dato es inferior al mismo periodo 2021 (3.311) y 2020 (3.082), pero siguen muy por encima del año prepandemia, momento en el que se registraron 1.438. Con la inclusión de los datos del último trimestre, la estadística publicada este lunes por el INE muestra que la vivienda usada fue la principal afectada en 2022, marcando un 88,3% de las ejecuciones, en contraposición con las viviendas nuevas (11,7%). Ambos datos se reducen, aunque en mayor medida en las viviendas nuevas (-20,6%) que en las usadas (-18,3%).
Más allá de las ejecuciones que afectaron a viviendas en propiedad de personas físicas, se registró también un retroceso para las fincas de otra naturaleza. El total de ejecuciones se sitúa, tras una caída del 22,3%, en las 25.551. La mayoría de ellas son de carácter urbano (16.851) y aquellas que pertenecen a personas jurídicas completan con 2.703 (-51,3%) el número total de este subgrupo en el que también se contemplas las correspondientes a personas físicas detalladas anteriormente. El resto se reparten entre solares (640), fincas rústicas (1.263) y otras urbanas (locales, garajes, oficinas, trasteros, etc.), que suma 6.797.
Andalucía, territorio más golpeado
Las desigualdades territoriales afectan, como no podría ser de otra manera, también a este ámbito. Andalucía marca el peor registro de los datos anuales y suma un total de 3.660 ejecuciones hipotecarias sobre viviendas de personas físicas. A esta le siguen la Comunidad Valenciana (2.856) y Cataluña (2.612). Por contrario, Navarra (75), La Rioja (97) y Cantabria (120) son los territorios que presentan mejores datos. Atendiendo al conjunto de desahucios, los territorios más perjudicados se ordenan de la misma manera, pero en el ranking de los menos damnificados incurre País Vasco (286) en sustitución de La Rioja (288).
Los malos datos de Andalucía se explican acudiendo a las estadísticas comprendidas entre octubre y diciembre de 2022, periodo en el que el territorio registró casi el 30% (1.016) del total de 3.679, siendo el único en alcanzar las cuatro cifras. A continuación, aparecen la Comunidad Valenciana (782) y Cataluña (665). El mejor dato en los últimos tres meses del año los marca también Navarra (17), seguida de Cantabria (21) y País Vasco y La Rioja (ambas con 23). Teniendo en cuenta el total de las fincas, el ranking se mantiene igual por arriba y por abajo, con la única novedad de Aragón (70), que registra un dato más positivo que País Vasco (71).
Vivienda parada y Euríbor disparado
La senda reducción de los desahucios por impagos hipotecarios puede verse invertida por el contexto de encarecimiento desmedido de las hipotecas variables. Durante el año 2023 están estipuladas las revisiones de muchos de los préstamos de esta naturaleza y la amplia mayoría están ligados a la evolución de Euríbor, que cerró febrero por encima del 3,5%. Este valor puede suponer incrementos de entre 300 y 600 euros para las hipotecas revisadas, lo que puede hacer inasumible su pago para una gran parte de las familias.
Además, por si fuera poco, una nueva subida de los tipos de interés, de los que depende el Euríbor, está prevista para la próxima reunión del Banco Central Europeo (BCE), que está agendada para el próximo 16 de marzo. El precio del dinero se ubica ya en el 3%, con previsiones de que cierre el año en el 4%, debido a la estrategia alcista de la autoridad monetaria para frenar la tendencia inflacionista de la zona euro. “No descartaría más subidas de tipos después de marzo. La batalla contra la inflación aún no ha terminado", trasladaba a finales de febrero el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos.
El enquistamiento de la ley de Vivienda, cuyo principio de acuerdo entre Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales, y Raquel Sánchez, su homóloga de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, fue tumbado por el Ministerio de Asuntos Económicos. La cartera liderad por Nadia Calviño se agarra al acuerdo alcanzado con las entidades financieras, que definió un Código de Buenas Prácticas para proteger a las familias frente a la subida de los tipos.
“Nos hemos tratado de anticipar con el código de buenas prácticas. Las revisiones fundamentales se van a producir este año, por eso es importante que llegásemos a este acuerdo”, ha señalado este lunes la también vicepresidenta en una entrevista concedida a RNE. Además, ha adelantado que este jueves se reunirá de nuevo con las entidades financieras y los representantes y defensores de los clientes financieros para analizar la aplicación y el desarrollo del nuevo código. Para finalizar, ha querido poner en valor la creación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero (ADCF), que deberá afronta esta semana su primer examen en el Congreso.
