El decreto que exige energía limpia a los centros de datos en España busca evitar que la factura de la luz se encarezca en 2.000 millones

El despliegue de centros de datos en España amenaza con trasladar un sobrecoste de dimensiones milmillonarias a hogares, empresas e industrias si el Gobierno no consigue sacar adelante la regulación que prepara para estas infraestructuras. Un estudio de modelización del sistema eléctrico elaborado por PyPSA Labs calcula que permitir la conexión de 4.000 megavatios (MW) de estas instalaciones sin exigirles un respaldo renovable sincronizado con su consumo elevaría la factura eléctrica del conjunto de consumidores entre 1.850 y 1.950 millones de euros anuales.

El análisis advierte de que la demanda energética de estas macroinstalaciones, fundamentales para el desarrollo de la inteligencia artificial y los servicios digitales, obligaría a recurrir de forma continuada a las centrales de ciclo combinado para cubrir las horas nocturnas y los periodos de menor generación renovable. En concreto, el estudio indica que un escenario sin regulación ambiental provocaría una quema adicional de 45,89 teravatios-hora (TWh) de gas natural al año y un incremento de 9,25 millones de toneladas de dióxido de carbono.

La consecuencia económica sería, tal y como se expone, un encarecimiento medio de 7,74 euros por megavatio-hora (MWh) en el mercado mayorista. El gas, utilizado por las centrales térmicas para cubrir los déficits de producción, marcaría el precio de la electricidad durante miles de horas adicionales, trasladando el impacto a todos los consumidores, independientemente de que utilicen directamente los centros de datos.

El decreto que enfrenta a las tecnológicas y al Gobierno

La advertencia coincide con la tramitación del proyecto de real decreto impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica, que busca establecer requisitos de sostenibilidad, resiliencia y soberanía digital para los centros de datos. La propuesta condiciona el acceso a la red eléctrica a la incorporación de nueva potencia renovable y establece que, al menos, el 80% del consumo de estas instalaciones debe estar cubierto por energía limpia generada en la misma hora.

El texto ha provocado el rechazo de las grandes compañías tecnológicas y de Spain DC, la asociación que representa al sector. Sus representantes consideran que las exigencias son contrarias al derecho comunitario y advierten de que podrían desplazar inversiones multimillonarias hacia otros países, entre ellos Portugal, con condiciones regulatorias menos restrictivas. El proyecto superó una revisión técnica a finales de octubre y se encuentra pendiente del dictamen del Consejo de Estado antes de su aprobación definitiva por el Consejo de Ministros.

Una alternativa para evitar el sobrecoste

La modelización de PyPSA Labs también identifica limitaciones en el diseño actual del decreto. La obligación de cumplir el 80% de suministro renovable en cada una de las 8.760 horas del año podría obligar a las empresas a sobredimensionar sus instalaciones de generación y almacenamiento. El resultado sería un desperdicio de hasta el 33% de la energía limpia producida.

El investigador Paweł Czyzak defiende que la correlación horaria entre consumo y generación renovable resulta esencial para evitar buena parte de los efectos adversos sobre el gas, las emisiones y los precios. Sin embargo, plantea flexibilizar el mecanismo mediante una correlación horaria ponderada en media anual, en lugar de imponer el cumplimiento estricto en todas las horas.

Esta alternativa permitiría, según el estudio, mantener las exigencias ambientales sin penalizar las noches de invierno con escaso viento o sol, al tiempo que facilitaría el desarrollo de infraestructuras digitales. El informe sostiene, además, que los propios operadores pueden beneficiarse de financiar parques renovables propios frente a depender de una red eléctrica cuyo precio aumentaría precisamente por la demanda que ellos mismos generan.