La cuenta del fraude reabre el debate fiscal: los españoles, privados de 9.400 millones de multinacionales y grandes patrimonios

La tensión económica, derivada del ataque ilegal lanzado por Estados Unidos e Israel contra Irán, ha traído de vuelta el debate sobre si las políticas de alivio tributario son la mejor opción para mejorar la situación de las familias. Una pugna abierta desde hace años por la senda de los Gobiernos autonómicos del Partido Popular (PP), que han acometido alivios fiscales para las grandes fortunas (patrimonio, sucesiones, rebajas desajustadas del IRPF, etc.).

La pérdida de recaudación para los servicios públicos, mucho más necesarios para las rentas bajas, que no puede costearse de forma privada aspectos como la sanidad, la educación o la dependencia, ha degradado atenciones básicas. Si bien las políticas internas no son las únicas que ponen en jaque a las arcas de los países. La fuga hacia paraísos fiscales es también una gran amenaza que, tan solo en 2024, costó casi 10.000 millones de euros a las cuentas públicas españolas.

Frenar a los paraísos fiscales

La Plataforma por la Justicia Fiscal ha reclamado al Gobierno de España y a las instituciones europeas "una revisión urgente y profunda" del actual listado de los llamados paraísos fiscales, donde grandes fortunas y empresas multinacionales "esconden sus beneficios para evitar contribuir a los sistemas públicos de aquellos países donde obtienen sus ganancias". Una petición directa y contundente que podría conseguir retornar a España miles de millones de euros.

La plataforma, que ha querido aprovechar que este viernes es el Día Mundial por la Abolición de los Paraísos Fiscales, ha denunciado que, una década después de la filtración de los Papeles de Panamá, los avances han sido insuficientes y persisten importantes lagunas en la regulación internacional que siguen permitiendo la evasión de capitales a estas "guaridas fiscales donde se refugian los piratas". Y la responsabilidad no es de nadie más que de los Gobiernos nacionales y comunitarios.

Los criterios utilizados por la UE son claramente ineficaces

"Los criterios utilizados por la Unión Europea (UE) para elaborar su lista siguen siendo claramente ineficaces y dejan fuera a jurisdicciones clave que facilitan la evasión fiscal", ha señalado a través de un comunicado el coordinador de la plataforma, el economista Juan A. Gimeno. Según han criticado desde la plataforma, la lista negra comunitaria apenas incluye actualmente una decena de territorios, mientras que numerosos países con baja o nula tributación siguen practicando este dumping.

 Bahamas, Bermudas, Islas Caimán o Luxemburgo son un claro ejemplo, pero continúan operando con total normalidad dentro del sistema financiero global. Esto lleva a que países como España, según los cálculos de la plataforma Tax Justice Network, perdiese cerca de 9.400 millones de euros en 2024. Y todo por culpa del abuso fiscal de las multinacionales y los grandes patrimonios.

Además, la plataforma ha advertido sobre la desigualdad en el sistema tributario actual, puesto que las grandes empresas llegan a pagar tipos efectivos menores que la media de la ciudadanía y son precisamente las grandes fortunas quienes mayor uso hacen estos "refugios". Algo de sobra conocido que propicia imágenes tan ridículas como que una familia trabajadora aporte más porcentualmente que una multinacional.

Por todo ello, la Plataforma por la Justicia Fiscal ha instado al Gobierno español a liderar en el ámbito europeo una reforma de los criterios de identificación de paraísos fiscales, así como a apoyar iniciativas internacionales como la futura convención fiscal de Naciones Unidas y la tasa global para gravar con un 2% anual a las grandes fortunas del planeta.