Varapalo judicial a Pedro J. Ramírez: el Govern ordena la demolición de su piscina y embarcadero en Mallorca

El Govern balear ha ordenado la demolición de la terraza, la piscina y el embarcadero del periodista Pedro J. Ramírez situados en la Costa dels Pins, en el municipio mallorquín de Son Servera, al considerar que estas instalaciones ocupan dominio público marítimo-terrestre sin amparo legal.

La decisión ha sido adoptada por la Dirección General de Costas en cumplimiento de una sentencia de la Audiencia Nacional que declaró nulas las órdenes ministeriales que permitieron su uso. El fallo, que se remonta a 2021, fue recurrido posteriormente ante el Tribunal Supremo, que rechazó admitir el recurso a trámite, dejando la resolución en firme.

Cinco años después de aquella sentencia, ha sido el propio periodista quien ha solicitado ejecutar el derribo de las instalaciones para dar cumplimiento a lo dictado por la justicia. Será él mismo quien tramite las licencias pertinentes y asuma la ejecución de las obras de demolición.

Un conflicto de dos décadas

El origen del conflicto se remonta a principios de los años 2000, cuando se autorizó la construcción de estas instalaciones en una finca de aproximadamente 350 metros cuadrados ubicada en terreno protegido por la legislación de costas. La concesión fue otorgada mediante una orden ministerial firmada en enero de 2001 por el entonces ministro de Medio Ambiente y expresidente balear, Jaume Matas.

Desde el inicio, la decisión generó una fuerte polémica política y social. Diversas organizaciones y colectivos cuestionaron la legalidad de la concesión, al considerar que vulneraba la normativa estatal que regula el uso del litoral. Entre ellos, el GOB presentó alegaciones ante el Ministerio solicitando la nulidad de la autorización.

También el denominado Lobby per la Independencia interpuso una denuncia contra Matas, al entender que la concesión podía estar vinculada a una relación personal con el propietario de la finca. Sin embargo, la Fiscalía de Baleares descartó la existencia de delito y archivó las actuaciones.

El caso trascendió pronto al ámbito político. Formaciones como el PSIB o ERC se posicionaron en contra de la concesión. En agosto de 2005, el entonces diputado de ERC, Joan Puig, llegó a protagonizar una acción de protesta al acceder a la piscina del chalé, lo que derivó en una investigación judicial.

Un año después, en agosto de 2006, se produjo una de las movilizaciones más destacadas en torno a este caso. Decenas de personas se concentraron frente a la propiedad en embarcaciones como piraguas, lanchas y motos de agua para protestar contra las decisiones adoptadas por el Ministerio de Medio Ambiente, ya bajo la dirección de Cristina Narbona, que permitieron mantener la titularidad privada de la instalación.

Aquella protesta coincidió con otra convocatoria impulsada por la Sociedad Cultural Círculo Balear, que defendía la legalidad de las instalaciones y denunciaba lo que consideraba una campaña de presión ideológica contra el propietario.

La controversia se prolongó durante años en los tribunales hasta que la Audiencia Nacional dictó sentencia declarando nulas las órdenes ministeriales que amparaban la ocupación del dominio público marítimo-terrestre. Esta resolución supuso el respaldo definitivo a las tesis que cuestionaban la legalidad de la concesión y abrió la puerta a la actual orden de demolición de las instalaciones.