El Ministerio de Trabajo es incapaz de gestionar los expedientes de regulación de empleo temporal (ERTE). Por ello la ministra al frente, Yolanda Díaz, ha decido contratar a la empresa Tragsatec, que pertenece al grupo Tragsa y forma parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), para “realizar tareas de apoyo a la Dirección General de Trabajo en la tramitación de los ERTes por fuerza mayor como consecuencia del COVID-19”, según cita el BOE. ¿Las razones?
El SEPE dice sentirse desbordado pese a contar con 7.500 empleados, de los cuales, 6.700 han estado teletrabajando durante el periodo de confinamiento, según la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) y a los que en este periodo se han sumado, además, 800 interinos. Sin embargo, el sindicato considera que no son suficientes manos. “Hasta el momento, las plantillas del SEPE se han ‘parcheado’ con 1.000 personas interinas que, por otra parte, provienen de actividades que no tienen nada que ver con la gestión de prestaciones. Por eso, exigimos a la administración que cuente con personal con la debida preparación para acometer estas cargas de trabajo”, solicita el CSIF, que recuerda que, en los últimos 10 años se han perdido 6.553 empleos, es decir, 21 por ciento de la plantilla.
Lo que queda claro es que el sistema español ha colapsado y el Ministerio de Trabajo ha hecho efectivo el contrato con la compañía Tragsa, que en realidad está especializada en servicios medioambientales y de apoyo rural. De hecho, como adjudicataria del contrato se encuentra Tecnologías y Servicios Agrarios S.A. a la que el Estado 72.972,93 euros.
La empresa, de capital social íntegramente público, fue la única que se presentó a concurso. De hecho, ésta pareciera ser una de las ‘confiables’ del Ministerio, ya que Tragsatec también fue contratada por el Ministerio de Yolanda Díaz como apoyo para organización en la tramitación de la Renta Mínima. ¿Tampoco era entonces suficiente la gestión que estaban realizando los funcionarios?
El limbo de los ERTE
Cerca de 700 trabajadores, especialistas en ingeniería, consultoría y asistencia técnica, se sumarán a partir de hoy al batallón de funcionarios –alrededor de un 12 por ciento amenaza con una huelga- sobrepasados y hasta ahora incapaces de dar respuesta a los problemas de los ciudadanos, que siguen en vilo y quemando ahorro.
Y es que, pese a que ya han transcurrido casi cuatro meses desde que el Covid 19 pusiera en jaque a nuestro país, alrededor de 150.000 personas siguen sin percibir la prestación por desempleo temporal, según el Csif. Esta cifra asciende a 200.000 si se toman en cuenta los datos que ofrece el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos.
Hay que recordar que, según el Gobierno, cerca de 2 millones de personas continúan en ERTE, después de 1,4 millones se hayan reincorporado a sus puestos de trabajo. Además, los expedientes de regulación se han prorrogado hasta el próximo 30 de septiembre, aunque con algunos cambios sustanciales.
Por ejemplo, existen cambios en las exoneraciones a las cotizaciones que se han otorgado hasta ahora a las empresas. También, para aquellas compañía que se beneficien por primera vez de las medidas extraordinarias previstas en materia de cotizaciones a partir de la entrada en vigor del nuevo decreto ley, el plazo de 6 meses del compromiso de salvaguarda del empleo empezará a computarse desde la entrada en vigor del mismo. Es decir, el plazo de seis meses por el que las empresas están obligadas a mantener el empleo a un asalariado se computaría a partir de la entrada en vigor del nuevo decreto, publicado el 26 de junio. Aunque como en toda letra pequeña existen exenciones tales como extinción del contrato de trabajo por despido disciplinario procedente, entre otras.
Hasta el mes de mayo se han abonado 5.121 millones de euros en concepto de prestaciones, según fuentes oficiales y un 11 por ciento de las empresas que han presentado un ERTE han sido inspeccionadas, según el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos.
