La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado la aprobación en Consejo de Ministros del Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social, el primero que contará con presupuesto propio, tal y como ha explicado en la rueda de prensa posterior. En palabras de la ministra, se trata de “una de las grandes herramientas de transformación del modelo de relaciones laborales de nuestro país”.

Este plan cuenta con una consignación presupuestaria de 194,8 millones de euros por primera vez en la historia. Según la vicepresidenta, esta dotación ha aumentado en un 20% desde la llegada al Gobierno. “No basta con tener buenas normas, sino que hay que conseguir que estas se cumplan”, ha comenzado su intervención Díaz, citando a Largo Caballero.

El objetivo del nuevo plan pasa ahora por anticiparse a fraudes y problemas futuros: “No reclamamos, sino que nos anticipamos”. Díaz ha recalcado que el plan “cambia el paradigma de la Inspección de Trabajo tal y como lo conocemos” y aboga por “abrir completamente el foco y convertir la acción pública en algo transversal”. Así, apuesta por proteger a los trabajadores más vulnerables, en aras de lograr unas relaciones laborales de calidad, basadas en la lucha contra la precariedad y el fraude.

La Inspección de Trabajo y la Seguridad Social cuenta ya con una oficina contra el fraude y ahora refuerza el papel de control a través de dos nuevos mecanismos. Por un lado, con la creación de una oficina contra la discriminación, “para actuar desde la salida hasta el final de la carrera laboral”, especialmente para los trabajadores más vulnerables, entre los que la ministra ha destacado mayores de 45 años, mujeres, migrantes o personas del colectivo LGTB.

Por otro lado, el Gobierno ha anunciado la puesta en marcha de la lucha transnacional contra el fraude, más allá de nuestas fronteras, con personal específico y la colaboración con otros países europeos. Es el caso de Francia, con quien va a lanzar una campaña dirigida a la agricultura. Sin embargo, Díaz matiza: “No solo va a dirigir su mirada hacia la Unión Europea, sino también a América Latina”.

Críticas al Partido Popular

Dentro de este Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social, el Gobierno pretende reforzar las capacidades de actuación y control tras la reducción del Partido Popular, tal y como ha denunciado la ministra de Trabajo, que asegura que se mantuvieron “unas capacidades bastante limitadas” tras el “recorte muy fuerte en la Inspección de Trabajo”. Ahora, Díaz anuncia un “informe realmente eficaz” tras el “informe formal que hacía inservible garantía de ley” del PP.

El tercer punto clave pasa por la modernización de la Inspección de Trabajo, gracias a la cual se han creado 267.000 contratos indefinidos, antes temporales, en tres meses, en cifras de la ministra. Para ello han apostado por el despliegue de la inteligencia artificial y el refuerzo de cada una de las plantillas en todas las escalas de la propia Inspección de Trabajo, con la incorporación de nuevos perfiles.

Más allá del refuerzo de la Inspección de Trabajo, el Consejo de Ministros ha aprobado una serie de medidas, entre las que se encuentra la mayor protección de consumidores y usuarios, a través de la obligación para las empresas de más de 250 trabajadores a prestar “atención personalizada, gratuita, eficaz, accesible, inclusiva, no discriminatoria, que se pueda evaluar”, según la ministra portavoz, Isabel Rodríguez. “Se puede hablar del derecho a ser atendido por una persona física y no por un robot”, explica.

Asimismo, ha anunciado la dotación de 4.000 millones de euros para avanzar en la Ley de Telecomunicaciones, que asegure la conectividad y el acceso a la red de toda la población española. En esta línea, el Consejo de Ministros ha aprobado una dotación de 360 millones de euros de fondos europeos para la digitalización de las comunidades autónomas, con un bono de conectividad a colectivos vulnerables de hasta 240 euros al año para mejorar la conexión a Internet, entre otras medidas.