La Inspección de Trabajo ha detectado más de 5.500 infracciones en empresas por fraude en los Expedientes de Regulación de Temporal de Empleo temporal (ERTE) a las que ha impuesto sanciones por un valor total de 26 millones de euros, según datos del Ministerio de Trabajo. De hecho, según adelanta eldiario.es, la Inspección ha detectado fraude en uno de cada seis ERTE que ha investigado. Estos datos corresponden hasta el 1 de junio, en cuanto a la actividad inspectora de los ERTE, que nacieron motivados por la pandemia y que se prolongan, de momento, hasta el próximo 30 de septiembre

En este periodo, el ministerio ha examinado más de 33.500 expedientes. El fraude alcanza casi un 16% de las empresas investigadas. No obstante, es previsible que el número de infraccones se eleve en los próximos meses ya que actualmente hay más de 5.500 actuaciones de la Inspección iniciadas. A fecha 31 de julio se estima que cerca de 331.500 trabajadores se encuentraban bajo ERTE. 

Las sanciones por fraude

El Ministerio de Trabajo permitirá además a partir del 1 de enero de 2022 el pronto pago de las sanciones aplicando un 40% de la reducción en la multa. Mientras tanto, la Inspección de Trabajo requiere a las empresas infractoras las liquidaciones por las exoneraciones indebidas de las que se beneficiaron, además de la multa, ya que por ejemplo, la Seguridad Social exime a estas empresas de que paguen la cuota de sus trabajadores. En este caso se reclama a las compañías casi un millón de euros por exoneraciones indebidas. 

Con la progresiva evolución de la campaña de vacunación en marcha, muchas empresas han vuelto a reabrir sus servicios al público y por lo tanto ha habido un incremento en el número de afiliados a la Seguridad Social. No obstante aún permanecen bajo ERTE más de 300.0000 personas de las que un tercio se encuentra trabajando a media jornada. De momento desde el Ministerio de Trabajo al frente del cual se encuentra Yolanda Díaz no se han pronunciado respecto a una posible prórroga del modelo, que tendrá que ser evaluado según el contexto de las circunstancias socio-sanitarias en el país.