La divergencia política que viven gran parte de los territorios del país propicia en muchas ocasiones que las políticas dictadas desde un ámbito no se cumplan o se intente puentear desde otro. El Gobierno de coalición ha aprobado múltiples partidas presupuestarias y, con el apoyo del Congreso de los Diputados, ha impulsado varias leyes nacionales que múltiples presidentes autonómicos del Partido Popular (PP) se niegan a aplicar pese a que reciben dinero para desarrollarlas. Las leyes de vivienda, dependencia o movilidad sostenible son algunos de los ejemplos más evidentes.
El Ejecutivo central se ha cansado de este proceder autonómico, más cuando destina fondos a estas administraciones para desarrollar actuaciones que nunca ven la luz. A más, estas comunidades autónomas protestan si se les reclama o se les reduce el dinero que no utilizan. Esto fue lo que sucedió con los fondos destinados a autonomía personal y atención a personas en situación de dependencia en 2023 y el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 tomó cartas en el asunto. Aragón, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Murcia y Cataluña fueron las señaladas.
La cartera de Pablo Bustinduy actuó después de que entre todas recortaran más de 75 millones de euros de dependencia de sus Presupuestos. La idea del aporte del Estado es aumentar la financiación para una materia tan importante, pero algunas CCAA lo vieron como una posibilidad para ahorrarse dinero, motivo por el que el Ejecutivo central les quito a cada una de ellas la misma cantidad de financiación estatal que habían recortado de la autonómica. Además, este dinero fue destinado a las autonomías que sí habían cumplido.
La cláusula que se aplicó establece que “la cuantía del nivel acordado 2024, con los criterios de reparto que se establezcan en su momento, quedará condicionada al mantenimiento para 2023 del importe de gasto promediado de los ejercicios 2021 y 2022, detraídas las aportaciones estatales por los niveles mínimo y acordado”, establece. “Si el gasto 2023 –detraída igualmente la aportación estatal– fuese inferior al promedio de los dos años anteriores, la diferencia se minorará del resultado final de los indicadores de dicho reparto para el nivel acordado de 2024”, advierte.
Asimismo, establece que “en caso de existir cantidades sobrantes” como consecuencia de esta mala praxis “se podrán redistribuir entre las comunidades a las que no se haya aplicado dicha minoración”, como así sucedió. La medida fue efectiva y, como trasladan fuentes de Derechos Sociales a ElPlural, “aprendieron la lección y todas han cumplido” de cara a este año. Esta tajante medida funcionó y las personas con dependencia y sus familiares han podido ver cómo, de cara a este año, todas las CCAA destinan más dinero a su bienestar, aunque sea para no perder financiación.
¿Mismo proceder en vivienda?
Esta actuación se ha visto en otras materias, como la movilidad sostenible. Múltiples administraciones de coalición de PP y Vox decidieron eliminar todas las actuaciones ya desarrollados o en proyecto nada más llegar a los Ayuntamientos. Carriles bici ya construidos, peatonalizaciones de centros urbanos, zonas de bajas emisiones, reducción de carriles de carreteras en favor de viandantes y una larga lista de políticas regadas con fondos europeos fueron retrocedidas o paralizadas. Eso sí, sin devolver los millones de euros concedido por Europa para estos cometidos.
Oscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, advirtió a estos consistorios de que su negacionismo podría obligarles a devolver los fondos, pero muchos de ellos ignoraron el aviso. El Ayuntamiento de Murcia fue el primero de los señalados y al que se le reclama la devolución de los 10 millones de euros que le fueron asignado. En total, 196 municipios recibieron en conjunto 1.500 millones de euros y alguno podría tener que devolver su parte.
Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y Agenda Urbana, se ha sumado a este proceder y plantea ahora la no asignación de financiación a aquellos gobiernos regionales contrarios al abordaje de la problemática de vivienda. "Yo quiero seguir apoyándolas económicamente (a las CCAA), pero también quiero que ellas pongan más presupuesto para esta finalidad. Pero si ellas no se hacen cargo del cumplimiento de la Ley de Vivienda, yo condicionaré la financiación a que efectivamente se esté cumpliendo la Ley", ha trasladado.
Asimismo, de igual manera que actuó Bustinduy, ha dejado claro que “no puede tratar por igual a aquellas regiones que están haciendo esfuerzos para cumplir la Ley de Vivienda para ayudar a sus ciudadanos que a aquellas que, por atacar al Gobierno, se muestran insumisas". La propia Ley me faculta a, de manera extraordinaria, trabajar con aquellas comunidades que se han comprometido a cumplirla y que están dando respuesta a sus ciudadanos", explicaba.
