El Pleno del Parlamento Europeo ha aprobado este miércoles un marco común para asegurar salarios mínimos “dignos” en la Unión Europea. El acuerdo que ya alcanzaron el pasado junio los negociadores de las instituciones europeas ratifica la pretensión de Bruselas de mejorar la prosperidad y cohesión social en el ámbito laboral. De esta manera, los Veintisiete asumen una política común para fomentar la dignidad salaria, pero sin establecer un umbral mínimo común.

Este nuevo marco insta a cada Gobierno miembro a evaluar si los salarios mínimos de sus países son adecuados para garantizar un nivel de vida “digno”, atendiendo a criterios socioeconómicos, al poder adquisitivo o la evolución de los niveles de producción nacional, entre otros. No obstante, aquellos países cuyo salario mínimo esté protegido por convenios colectivos, independientemente de la cantidad, no estarán obligados a introducirlo ni hacer que dichos convenios sean de aplicación universal.

Los Estados miembro sí tendrán que fortalecer las negociaciones sectoriales e intersectoriales, bloqueadas ahora en España por la CEOE, para proteger a los trabajadores asegurando un salario mínimo y, en aquellos países de la UE en donde menos del 80% de la plantilla esté amparada por un convenio colectivo, tendrán que crear y hacer público un plan de acción que aumente esta cobertura, implique a agentes sociales e informe a la Comisión Europea de las medidas adoptadas.

Mínimo del 60%

A la hora de evaluar si sus salarios mínimos legales vigentes son adecuados, las autoridades podrán tomar como referencia una cesta de bienes y servicios a precios reales, o bien el 60 % de la mediana salarial bruta y el 50 % del salario medio bruto. El Ejecutivo español, después de reunir a la comisión de expertos, trabaja ahora en ello; aunque, tanto sindicatos como la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pretenden que vaya más allá.

No obstante, la fijación del salario mínimo seguirá siendo una competencia de los Estados miembro, que tendrán que asegurarse de que permita a los trabajadores llevar una vida digna, teniendo en cuenta el coste de la vida y el nivel salarial general. Por otro lado, los Gobiernos estarán obligados a establecer un sistema para asegurar el cumplimiento de las nuevas reglas y abordar problemas como la subcontratación abusiva, los falsos autónomos, las horas extra no declaradas o el aumento de la intensidad del trabajo.