El Banco de España ha anticipado este miércoles una nueva revisión a la baja de sus previsiones de crecimiento del PIB nacional, por debajo del 4,5% estimado en abril, por el contexto de incertidumbre, tal y como ha explicado el gobernador, Pablo Hernández de Cos. "La guerra ha aumentado mucho el grado de incertidumbre sobre los agentes económicos y ha provocado un repunte muy fuerte de los precios energéticos, materias primas y alimentos", ha justificado Hernández de Cos en la publicación del Informe Anual 2021. 

La guerra de Ucrania, el aumento de los precios y la persistencia de cuellos de botella en los procesos productivos desembocan en un clima de incertidumbre que ha provocado el recorte de las previsiones por parte del organismo. Según las estimaciones del Banco de España, el PIB nacional ha crecido un 0,3% intertrimestral en los primeros meses del año y el nivel de actividad se ha situado 3,4 puntos porcentuales por debajo de niveles prepandemia. En la zona euro, el PIB ha quedado 0,4 puntos por encima de los niveles prepandemia. 

Así, el dato del primer trimestre del PIB quedaría con una "rebaja mecánica" de aproximadamente medio punto porcentual en la tasa media de crecimiento del PIB anual, en ausencia de cualquier consideración adicional. No obstante, la revisión a la baja podría ser finalmente superior o inferior en el momento de publicar las nuevas estimaciones. A pesar del recorte de previsiones, el organismo asegura que continuará la recuperación económica tras la pandemia y se alcanzarán niveles previos a finales de 2023, si no se producen nuevas perturbaciones o el agravamiento de la guerra de Ucrania.  

Para el gobernador del Banco de España será fundamental el despliegue de los fondos europeos Next Generation EU (NGEU), que hasta este momento ha sido "modesto" y menor de lo previsto. Los cálculos del Banco de España prevén que la tasa de crecimiento potencial de la economía española podría llegar al entorno del 2% al final de la década. 

El tope al precio del gas reducirá la inflación

El Banco de España también incluye en el Informe Anual 2021 sus previsiones sobre la inflación y el comportamiento de los precios. El avance del organismo apunta a una inflación subyacente mayor de lo esperada -aquella que no incluye los alimentos no elaborados ni los precios energéticos- y un crecimiento más modesto del componente energético.

Asimismo, prevé que la excepción ibérica para limitar el precio del gas y rebajar el de la electricidad -recientemente aprobada en España y en Portugal, de acuerdo con la Comisión Europea- presione a la baja los precios energéticos en los próximos meses. El organismo que dirige Pablo Hernández de Cos anticipa entonces unas tasas de inflación que se mantendrían elevadas en los próximos meses pero que después caerían de forma progresiva hasta el entorno del 2%, de acuerdo con las estimaciones del resto de entidades. 

El organismo dedica uno de sus capítulos a la inflación, donde asegura que los hogares con menos renta son los más afectados por el encarecimiento de los precios y están soportando una tasa de inflación 1,2 puntos porcentuales por encima de los hogares con mayor nivel de renta, según el Banco de España. En cifras, el informe apunta que, entre abril de 2021 y marzo de 2022, el aumento de los precios de la cesta de consumo de los hogares con menor y mayor renta fue del 5,6% y el 4,3%, respectivamente.

En términos absolutos, esta diferencia habría supuesto un mayor gasto medio anual para las rentas más altas, de unos 1.329 euros, mientras que los hogares con menos ingresos han gastado 618 euros más. Para ambos colectivos, apunta el Banco de España, este incremento del gasto se habría debido, sobre todo, a la subida del precio de la electricidad, de unos 286 para las rentas más bajas, y de 446 euros, para las más altas. 

Los tipos de interés subirán en el tercer trimestre

En línea con la recuperación y la reducción paulatina de la inflación, el gobernador del Banco de España asegura que el cambio de los tipos de interés se producirá previsiblemente en el tercer trimestre, con la primera subida de los tipos de interés tras la pandemia.

"En los siguientes trimestres se podría proceder a sucesivos incrementos adicionales, hasta, por ejemplo, alcanzar niveles acordes con el tipo de interés natural si se mantienen las perspectivas de inflación de medio plazo en torno a nuestro objetivo", ha señalado Hernández de Cos. 

A favor del pacto de rentas

Ante este nuevo panorama, el director general de Economía y Estadística del Banco de España, Ángel Gavilán, ha reiterado las recomendaciones del organismo para establecer un pacto de rentas entre los agentes sociales, con compromisos plurianuales, evitando así que se desencadene una espiral de incrementos de precios y de costes, que solo agravaría los efectos nocivos que se derivan del episodio inflacionista actual y del conflicto bélico en Ucrania. Un pacto de rentas que no ha sido alcanzado entre patronal y sindicatos tras cerrar la negociación del Acuerdo Estatal de Negociación Colectiva (AENC) sin éxito. Asimismo, el Banco de España pide que las pensiones también formen parte del pacto de rentas.

El organismo insta al Gobierno a abordar "sin demora" un proceso de consolidación fiscal plurianual que, aunque no se puede aplicar ahora mismo, ayudaría a "la credibilidad de políticas pública y a reducir incertidumbre", ya que la guerra sería un fuente de presión adicional para las cuentas públicas. En ausencia de medidas correctoras, el déficit de las Administraciones Públicas seguiría en el 4,7% del PIB en 2024. 

En esta línea, el informe anual del Banco de España anticipa que la ratio de endeudamiento público quedará en el 113,8% del PIB en 2024, 6,2 puntos porcentuales por debajo de la cota máxima alcanzada en 2020, pero casi 20 puntos por encima del nivel de finales de 2019.

El organismo apuesta así por una revisión integral del sistema tributario español, con un mayor peso relativo a la imposición sobre el consumo (IVA) frente a la que grava la renta. Además, desde el organismo recuerdan que los objetivos medioambientales requerirán nuevas medidas impositivas en la energía, los hidrocarburos o el transporte. En paralelo, la globalización y digitalización supone incrementar la armonización del sistema tributario a escala internacional.

Ajustar el Ingreso Mínimo Vital

El informe también incluye previsiones y recomendaciones sobre las medidas que ha puesto en marcha el Gobierno en los últimos años. En esta línea, asegura que antes de la guerra de Ucrania la recuperación tras la pandemia iba por buen camino gracias precisamante a estas iniciativas. El organismo destaca el papel de los ERTE y los programas de avales crediticios de ICO, "eficaces" según el Banco de España, para favorecer la reincorporación al empleo y frenar el impacto de las restricciones sobre el sector productivo. 

Sin embargo, no despierta la misma valoración positiva el programa de ayudas directas a las pymes, ya que "solo habría contribuido a corregir una parte reducida de los problemas de solvencia que, como consecuencia de la crisis sanitaria, surgieron en estas empresas".

Asimismo, avanza que los niveles de desigualdad se incrementarán como consecuencia de la crisis sanitaria y la guerra de Ucrania. Para reducir esta desigualdad, el Banco de España aboga por medidas de regulación en el mercado laboral, políticas educativas, políticas de renta y de vivienda. Con respecto a las políticas de rentas, el organismo asegura que es necesario ajustar las condiciones para acceder al Ingreso Mínimo Vital (IMV). 

La elevada inflación ha beneficiado a las personas de mediana edad, según el Banco de España

Por otro lado, el organismo de Hernández de Cos afirma que algunas de las medidas aprobadas por el Gobierno para frenar la inflación tendrían diferente impacto según los hogares y según su posición financiera neta, así como también ha tenido un impacto diferente en las empresas y en el sector productivo. 

El informe incluso avanza que las personas de mediana edad, es decir, aquellas entre 36 y 45 años, con altos ingresos laborales, que de media mantienen una posición financiera neta deudora, se habrían visto beneficiadas por el alza de la inflación. Esto se debe a que habrían incrementado su capacidad de ahorro en un 3% de su renta laboral anual, gracias a la reducción en el valor real de sus deudas. Por el contrario, los mayores de 65 años, con una posición financiera neta acreedora, se habrían visto relativamente perjudicados.

En el caso de las empresas, el informe desvela que el aumento medio del coste de la energía del 22% afectaría especialmente al transporte aéreo, terrestre, los metales básicos y el transporte marítimo, lo que podría traducirse en un deterioro de la situación económica y financiera. "En ambos escenarios se reducirán los beneficios empresariales y, como consecuencia de ello, algunas compañías podrían pasar a una situación de vulnerabilidad financiera", ha apuntado el gobernador. 

La temporalidad podría estar bajando por la pérdida de empleo

En otro orden de cosas, el organismo ha alertado de que la temporalidad en el mercado laboral podría estar bajando por la pérdida de empleo y no porque estos contratos se hayan convertido en fijos. En concreto, considera que "podría provenir tanto de la sustitución de empleo temporal por fijo como de la destrucción de empleo temporal". 

Así, reconoce que desde la aprobación de la reforma laboral, "la contratación indefinida se ha acelerado significativamente y la contratación temporal se ha reducido", pero insiste en que ha pasado poco tiempo para valorar su impacto. El organismo recuerda que la reforma incluye límites más estrictos en la temporalidad pero que no contempla medidas para hacer más atractiva la contratación indefinida. 

Asimismo, el gobernador pide a los agentes sociales que asuman que perder poder adquisitivo es "inevitable" en el actual contexto de inflación. De hecho, alerta de que la precariedad conlleva una mayor incertidumbre sobre la evolución futura de las rentas de los trabajadores afectados, no solo en sus decisiones de gasto, sino también a su bienestar emocional, a la formación de nuevos hogares y a la natalidad.

"La naturaleza de la perturbación exige que empresas y trabajadores acepten, respectivamente, una moderación de sus márgenes y una cierta pérdida de poder de compra de sus salarios en proporciones que habrán de ser determinadas mediante el diálogo social. Un hipotético intento por parte de unos y otros de mantener la capacidad adquisitiva de sus rentas actuales no garantiza el éxito para uno u otro colectivo y, a escala agregada, comporta los costes asociados a una tasa de inflación elevada, como son pérdidas de eficiencia y aumentos de la desigualdad", advierte.