La princesa Leonor jura este martes la Constitución Española. En un despliegue sin precedentes y que no ha atendido a gastos, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital han decidido engalanar el callejero madrileño como si de una fiesta nacional se tratase. Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida han colocado banderas de España, pantallas gigantes o carteles con la cara de la princesa por el centro de la ciudad e, incluso, regalarán pasteles con la rojigualda entre los viandantes. Todo ellosin dar detalles del coste que ha supuesto para toda la ciudadanía madrileña.

La herramienta utilizada para evitar dar detalles y acelerar el proceso, que de lo contrario debería haber estado sujeto a concurso público, es la del contrato menor. Más conocidos como “a dedo”, este tipo de contratos permite a las Administraciones Públicas otorgar obras y servicios sin apenas controles y transparencia. Así han actuado tanto la Comunidad como el Ayuntamiento de Madrid, que al ser preguntados por ElPlural.com se han negado a facilitar la información detallada sobre los contratos y, sobre todo, lo que atañe al gasto público.

Por parte la Comunidad, se ha procedido a la instalación de dos pantallas gigantes (de 6 x4) en la Real Casa de Correos, para seguir en directo la jura de la Constitución de la Princesa de Asturias, el reparto de 15.000 banderas españolas en la Puerta del Sol y la elaboración y reparto de 1.500 pasteles con los colores de la enseña nacional. En lo que concierne al Ejecutivo de Cibeles, se ha encargado de los carteles y las banderas desplegadas en las principales calles y avenidas de Madrid anunciando la gran ceremonia con imágenes de la princesa de Asturias.

El alcalde de la capital, al ser preguntado por los grupos políticos de la oposición por el dinero destinado a la celebración, ha hablado de ETA y de Carles Puigdemont. Desde el equipo de la presidenta de la Comunidad también se han evitado dar cifras, señalando el carácter “histórico” del acto como justificación última de cualquier gasto. El Ejecutivo de Ayuso evita dar cifras, asegurando que es muy “complicado” ofrecer el dato, y han remitido a este periódico al portal de transparencia, donde se han realizado las pertinentes solicitudes.

No obstante, pueden transcurrir incluso tres meses hasta que el conjunto de la población pueda conocer el dinero que Ayuso y Almeida han decidido gastarse en el acto monárquico. “La publicación de la información relativa a los contratos menores deberá realizarse al menos trimestralmente, publicándose al menos su objeto, duración, importe de la adjudicación (incluido el IVA), identidad del adjudicatario, ordenándose los contratos por la identidad del adjudicatario”, recoge el manual de procedimientos de contratación del sector público.

Más allá de las evasivas de ambos Gobiernos, la información deberá ser publicada en un plazo determinado y el portal de transparencia está obligado a dar una respuesta en un periodo máximo de 30 días. Así aparece en la ley de Contratos del Sector Público, que recoge: “en los contratos menores la tramitación del expediente exigirá la emisión de un informe del órgano de contratación justificando de manera motivada la necesidad del contrato y que no se está alterando su objeto con el fin de evitar la aplicación de los umbrales descritos en el apartado anterior”.

¿Qué es y cómo funciona un contrato menor?

La norma que regula los contratos públicos es bastante clara en su definición y, con los diferentes cambios introducidos a lo largo de los años y la inclusión de las modificaciones europeas, establece diferenciaciones entre los tipos de contratos con el objetivo de “garantizar la competencia en los procesos de compra pública, además de ser un imperativo legal, incentiva que las empresas ofrezcan bienes y servicios de mayor calidad y a menores precios, lo que mejora la eficiencia del gasto público”.

La regulación es vital dado que, tal y como recoge la omisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la contratación pública supone en torno a un 10% del total de los contrataos realizados todos los años. En estos procesos abundan cada vez más los contratos menores, aquellos que se realizan sin concurso público, publicidad ni posibilidad de fiscalización, saltándose además los filtros supervisores a lo largo de todo el proceso. Pero, ¿cuáles son los requisitos para poder realizar estos contratos?

“Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios”. En el acontecimiento que nos aborda este martes, lo firmado afecta al segundo de los casos, razón por la que no podrían superarse los 15.000 euros para su asignación “a dedo”. Sin embargo, de no superarse esa cuantía, “podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación”.