Las entidades financieras pueden abonar el primer pago del nuevo impuesto establecido al sector desde principios de febrero, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El gravamen no ha sido bien acogido por el sector desde su diseño, perspectiva que no comparten organismos trasfronterizos. “No creo que tenga impacto negativo en la solvencia de las entidades o en la menor provisión de crédito para la economía”, ha trasmitido José Manuel Campa, presidente de la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés), en una entrevista concedida al periódico ElPaís.

Sin embargo, las palabras de organismos internacionales no frenan a la patronal bancaria, que recurrirá el impuesto. Se espera que, durante esta semana, la Asociación Española de Banca (AEB) y la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) apelen ante la Audiencia Nacional la orden ministerial que desgrana los detalles del gravamen. El foco se posiciona sobre la orden ministerial porque las patronales no pueden recurrir las liquidaciones, ya que, esto solo pueden realizarlo las entidades que las abonan. “El impuesto está propuesto por el Gobierno y aprobado por el Parlamento. Es legítimo. No hay nada más que decir”, ha contradicho el presidente de la EBA a las patronales.

No obstante, la AEB y la CECA aluden a la inconstitucionalidad para tumbar la tasa excepcional y temporal. El principal argumento que esgrimen para defender esta postura es el impacto negativo sobre la competencia, ya que, del tipo definido quedan excluidas las entidades que no superasen los 800 millones de euros en margen de interés y comisiones netas en 2019. Así, se apoyan en el informe realizado por el Banco Central Europeo (BCE) el pasado noviembre, en el que no solo se reflejaba que el impuesto “podría falsear la competencia en el mercado y perjudicar la igualdad de condiciones”, sino que también animaba a los bancos a trasladarlo a sus clientes.

En este sentido, la EBA ha señalado que “cualquier producto tiene que repercutir costes si quiere ser sostenible a largo plazo”, pero ha matizado que en este caso, debido al carácter excepcional del gravamen, la situación es un tanto diferente. “Aunque en esta tasa en concreto, que se aplica sobre préstamos ya concedidos, no tiene sentido que haya una repreciación de esos créditos. Y al ser una tasa temporal, para los nuevos tampoco debe tener mucho impacto”, ha señalado Campa en la misma entrevista.

Ajo y agua para las hipotecas variables

En otro orden de cosas, el presidente de la Autoridad Bancaria Europea ha defendido el acuerdo alcanzado entre Gobierno y banca a finales de 2022 y ha considerado que no es necesario establecer nuevas medidas que amortigüen las subidas desmedidas de las hipotecas variables, disparadas por la política agresiva del BCE con respecto a la subida de tipos de interés. “Aquellos deudores que optaron por un tipo de financiación variable, que asumieron ese riesgo y se han beneficiado en la época de tipos bajos, es lógico que ahora tengan que hacer frente a unos costes de financiación más altos. Creo que no sería razonable intentar buscar medidas excepcionales para compensar esa decisión que han tomado”, ha sentenciado, cargando sobre la espalda de los deudores el encarecimiento.

Sobre las posibles situaciones de vulnerabilidad que pueden darse como consecuencia del rally alcista del BCE, mientras el sector declara beneficios históricos y los sueldos de los banqueros españoles son los más altos de Europa, Campa ha aludido a la normalización de la situación -viniendo de tipos bajos y de rentabilidades por debajo de coste de capital- y a no tomar más medidas de respuesta. “Los bancos tienen que involucrarse con aquellos clientes con dificultades para hacer frente a sus obligaciones financieras. Y lo están haciendo. En España se aprobó la ampliación del Código de Buenas Prácticas con medidas de apoyo a los más vulnerables. Eso va en la dirección correcta”, ha asegurado.