El Consejo de Ministros ha aprobado una amplia batería de medidas para paliar la crisis del coronavirus en sectores “fundamentales”, según la ministra portavoz, María Jesús Montero. “Tomamos medidas para seguir protegiendo a sectores fundamentales para nuestra economía”, asegura, con el objetivo de “amortiguar el impacto de esta crisis económica”, fundamentalmente en sectores como la agricultura, el mundo de la cultura o el tercer sector.

En primer lugar, el Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto con medidas que favorecen la protección por desempleo al sector cultural, propuesto por el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Cultura y Deportes. En concreto, se aprueba la ampliación del acceso extraordinario por desempleo a los artistas de espectáculos públicos hasta el 31 de enero, con el objetivo de garantizar la protección de los trabajadores.

Además, se ha aprobado un subsidio por desempleo excepcional para el personal técnico y auxiliar de la cultura, afectado también por las cancelaciones e intermitencias. En este caso, la prestación tendrá tres meses de duración y se podrá solicitar desde la aprobación del decreto ley, según ha anunciado Montero.

Dentro de las medidas para la cultura, la ministra portavoz ha anunciado el acceso extraordinario a la prestación por desempleo de los trabajadores taurinos, “que se han visto afectados por la suspensión de actividad y medidas de contención”. En concreto, se dirige a aquellos trabajadores que “no han podido cotizar el tiempo necesario para gestionar derechos de prestación”. Este sector recibirá en torno a 775 euros al mes hasta “como máximo” el 31 de enero.

En segundo lugar, el Consejo de Ministros ha aprobado ayudas para el tercer sector, con una dotación de 26,4 millones para proyectos de 300 entidades, gracias a la nueva asignación tributaria del 0,7% del Impuesto de Sociedades. “Se reparte por primera vez después de las modificaciones de hace unos años”, asegura Montero. Así, el tercer sector contará con unos fondos totales de 398 millones de euros, 54 millones más que en 2019.

Modificación de ley de la cadena alimentaria de 2013

El otro gran Real Decreto corresponde al sector de la agricultura. En este caso ha sido el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, el encargado de anunciar la modificación de ley de la cadena alimentaria de 2013, después de las movilizaciones del sector en enero y febrero por la retribución en las ventas y en la participación en la cadena alimentaria.

Con esta segunda reforma, el Ministerio aprueba la trasposición de la directiva europea sobre prácticas comerciales desleales. “Todo el conjunto de la cadena y muy especialmente agricultores, ganadores, cooperativas, industria agroalimentaria y distribución han hecho un trabajo excelente en estos siete meses”, ha reconocido el ministro de Agricultura, que asegura que la reforma otorgará “mayor transparencia a la cadena alimentaria y formación de los precios”.

Entre otras medidas, se ampliarán las prácticas consideradas desleales y será la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) la autoridad de referencia en esta materia, con un incremento de su partida en los PGE de un 32% hasta los 8,26 millones de euros. Para cumplir con el plazo europeo la entrada en vigor será el 1 de noviembre en 2021, con la “adaptación de todos los operadores en la materia”.

Por otro lado, también se ha aprobado el régimen económico de las energías renovables para las instalaciones de generación eléctrica a través de un nuevo sistema de subastas, con un marco estable que se otorgará mediante la potencia instalada o mediante la combinación de ambas medidas.

En esta línea, el Gobierno pretende acelerar el proceso de descarbonización para alcanzar la neutralidad climática en 2050, con oportunidades económicas de generación de empleo, criterios de equidad social y transición justa. Según la ministra portavoz, está previsto que España reduzca un 90% las emisiones de gases invernadero a 2050 con respecto a 1990, mientras que el 10% será asumido por los sumideros de carbono.