La nueva Ley de Empleo aprobada a principio de semana por la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones está generando polémica por inclusión de una enmienda, propuesta por EH Bildu, que otorga a la Inspección de Trabajo la potestad de vigilar las causas expuestas por los empresarios para acometer un Expediente de Regulación de Empleo (ERE). Así, el órgano supervisor realizará un informe que reflejará si las motivaciones se ajustan a la causa concreta del despido. Es una “traición” y una “ruptura de la buena fe negocial”, aseguran desde la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), que ha anunciado que rompe las negociaciones con el Ministerio de Trabajo, dirigido por Yolanda Díaz, hasta que “rectifique”.

Ahora, Pepe Álvarez, secretario general de UGT, asegura “entender” que la CEOE “esté enfadada” porque la modificación no ha sido consultada con los agentes sociales, según relata en una entrevista concedida a ElMundo. “Creo que este tema habría que abordarlo en una mesa de diálogo social y no en una enmienda pactada a conveniencia en un proceso de debate. En lo relativo a la enmienda añadida, lo que realmente afecta a la ley, asegura no que "no le parece mal que se refuerce la Inspección, sino todo lo contrario”; sin embargo, el sindicato se muestra molesto por no haber sido consultado, como aseguran fuentes de UGT a ElPlural.com.

En el sector empresarial, Cepyme, que ha firmado un comunicado conjunto con la CEOE, se ha sumado a las críticas. “No tiene ningún sentido utilizar puertas traseras para cambiar un acuerdo. Por lo tanto, no tiene ningún sentido sentarse para negociar si luego de forma discrecional, autónoma, se cambian las posturas”, ha señalado Gerardo Cuerva, el presidente de la organización. Ambas patronales aseguran que “los ERE son una cosa de las empresas”, como apuntaban fuentes de la CEOE a este periódico, a lo que Cuerva ha añadido que “no se puede usurpar la decisión del empresario para decidir lo que necesita”. Ninguna de las organizaciones, a su vez, considera que la Inspección de Trabajo sea competente para dictaminar si es consecuente o no un ERE.

De hecho, no lo será. El informe de la Inspección no será suficiente para paralizar el despido colectivo, decisión que seguirá en manos de los tribunales. No obstante, sí que podría afectar, en el caso de reflejar que las causas del ERE no se ajustan, a la decisión que deba tomar el juez si los trabajadores recurren el despido colectivo ante los tribunales. Concretamente, la enmienda modifica el artículo 51.2 del Estatuto de los Trabajadores y reza que "el informe de la Inspección se pronunciará sobre la concurrencia de las causas especificadas en la comunicación inicial y constatará si la documentación presentada por esta se ajusta a la exigida en función de la causa concreta para despedir".

Trabajo se defiende y CCOO critica la decisión de la CEOE

El Ministerio de Trabajo, como han confirmado fuentes consultadas, aseguran que no comprenden a que se debe que la CEOE proteste por esta modificación ahora cuando “se incluyó en el 'Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para el periodo 2021-2023', aprobado el 16 de noviembre de 2021”. Así lo ha reafirmado Díaz, que apunta que "la patronal española, igual que los sindicatos, conoce esta reforma desde hace un año. Por tanto, no tiene nada que decir". La ministra ha reconocido que este aspecto se decidió no incluirlo en la reforma laboral, pero se ha preguntado “cuál es el problema” que encuentra la CEOE en que la Inspección revise que el procedimiento es correcto si se encuentra dentro de la legalidad.

Del conjunto de agentes sociales, únicamente CCOO ha criticado la posición de la patronal. “La CEOE tiene la piel muy fina. Si los sindicatos nos hubiésemos levantado de las mesas de diálogo social cada vez que un Gobierno ha tomado medidas unilaterales hace décadas que en España no habría diálogo social”, ha sentenciado Unai Sordo, secretario general del sindicato, en una entrevista concedida a TVE. Habrá que esperar para saber qué sucede en las próximas negociaciones entre Gobierno y agentes sociales, aunque las empresas han querido tranquilizar en este sentido, asegurando que las negociaciones con otros actores del Gobierno, como las relativas a la reforma de pensiones mantenidas con el Ministerio de Seguridad Social, continuaran.