La semana pasada, una mayoría parlamentaria dio su apoyo a Pedro Sánchez como presidente del gobierno, que a lo largo de esta semana presentará su nuevo Consejo de Ministros, sin que se esperen, al menos de momento, muchas novedades en el equipo económico, incluyendo a la Vicepresidenta Primera, Nadia Calviño, que previsiblemente -en el momento en el que se escriben estas líneas- permanecería en su puesto hasta su incorporación al Banco Europeo de Inversiones. El tercer gobierno de Sánchez nace envuelto en el ruido y la furia provocado por el proceso de investidura y las consecuencias de los pactos que le han llevado a la Moncloa por tercera vez, pero sería un grave error que toda la legislatura gravitara sobre la afamada amnistía, pues son muchas las cuestiones que, afectando directamente a la vida de las personas, dependerán tanto de su acción de gobierno como de la acción legislativa que se fragüe en el congreso y senado.

Tenemos algunas guías de por donde va a avanzar la legislatura: en primer lugar, el pacto entre PSOE y Sumar, que incorpora no pocas medidas dirigidas al mercado laboral y a la política fiscal, incluyendo, entre otras, el mantenimiento de impuestos extraordinarios a la banca y las grandes fortunas; la reducción del tiempo de trabajo hasta las 37,5 horas semanales -aunque ya muchos convenios recogen esas horas, en términos legales la semana laboral en España se mantiene en las 40 horas desde hace casi 40 años- o el blindaje de la relación entre el Salario Mínimo Interprofesional y el salario medio, que se quiere mantener anclado en una ratio del 60%. También se incluyen en ese acuerdo nuevos objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, que se habían quedado seguramente cortas en el Plan Nacional Intergrado de Energía y Clima, y que habrá que acelerar ante la vista de la situación actual. En definitiva, un programa dirigido a los aspectos más sociales y con un fuerte componente de revisión de algunos aspectos del mercado laboral. Gran parte de estas medidas requerirán de una reforma del Estatuto de los Trabajadores, que fue anunciada por Sánchez en el debate de investidura, y que requerirá a una tramitación parlamentaria que no se antoja fácil, a la luz de las frágiles mayorías con las que se cuentan.

La segunda guía que podemos observar fueron los ocho compromisos asumidos por el presidente del Gobierno en su discurso de investidura, que incluye un fuerte refuerzo del sistema de bienestar, incluyendo la reducción de las listas de espera, la reformulación del ingreso mínimo vital, la revalorización de las pensiones y el mantenimiento de la bajada del IVA de los alimentos, entre otros aspectos. Todo ellos, son elementos dirigidos a aumentar el gasto público, en un contexto en el que España se ve abocada a realizar un ajuste fiscal notable, por el importante incremento de su gasto en intereses de la deuda -la deuda pública emitida cuesta ya bastante más que la deuda que se amortiza- y con la obligatoriedad de terminar 2024 con un déficit público del 3%, que es el objetivo con el que se ha comprometido el gobierno en el Plan Presupuestario enviado a Bruselas. Buena parte de estas medidas se tendrán que poner en conocimiento de la Comisión, que ha desarrollado su revisión del plan presupuestario de 2024 teniendo en cuenta la información remitida en octubre, donde buena parte de estas medidas no se incorporaba.

En tercer lugar, tenemos la referencia del plan de recuperación, su adenda, y las reformas que quedan pendientes. El pasado mes de octubre, tanto la Comisión como el Consejo de la Unión Europea aprobaron la adenda, que incluye un nuevo set de inversiones muy ambicioso, y que nos permitirán aliviar el coste de nuestra deuda pública, ya que el tipo de interés al que tendremos que devolver este dinero es menor que el tipo de interés de las emisiones de duda al mismo plazo de amortización. La adenda, que tiene un monto equivalente al del primer plan -más de 80.000 millones de euros- se acompaña con 42 nuevas medidas de inversión y reforma, de manera que el impulso público necesario para llevar a cabo todo este nuevo esfuerzo va a ser muy relevante. Con estos fondos, que se recibirán en buena medida a finales del período de ejecución, se reforzarán los proyectos estratégicos ya existentes, se desarrollarán actuaciones en las comunidades autónomas y se promoverá e impulsará la transición ecológica y energética, en un nuevo instrumento gestionado por el Banco Europeo de Inversiones.

Finalmente, España deberá acometer, en este contexto, la reforma del sistema de financiación autonómica, que tiene sus propias dificultades, y que será una de las piezas más delicadas de la nueva legislatura.

En definitiva, el cumplimiento de los compromisos de investidura se deberá compaginar con la plena ejecución del plan de recuperación y sus reformas, la consolidación fiscal necesaria y la reforma del sistema de financiación autonómico. Y tendremos que hacerlo todo esto en un contexto internacional muy complejo, un ciclo económico del que no esperamos ya mucho impulso, con el crecimiento económico por debajo del 2%, el empleo en máximos pero ralentizando su crecimiento, y con una inflación que, aunque asumible, se situará en el entorno del 3% al menos durante los próximos dos años, con tipos de interés que no subirán más pero que tampoco bajarán rápidamente. Una agenda compleja en un contexto que no será inicialmente adverso, pero del que no podemos esperar grandes buenas noticias. Veremos, pero va a hacer falta mucho juicio, mucha habilidad y mucha solvencia para llegar a buen puerto. La gestión económica fue uno de los aspectos más positivos de la última legislatura. Ojalá podamos hacer la misma valoración cuando finalice esta.