Tener un techo en el que formar un hogar. Un espacio que cada uno haga suyo, ese lugar al que volver tras un duro día de trabajo. Una vivienda. Eso es a lo que aspiran tener muchos españoles en nuestro país; sin embargo, el acceso a la vivienda protegida oficial (VPO) en España se percibe por muchos ciudadanos como una misión casi imposible ya que de 0 a 10, se cifra en 7,2 la complejidad de acceso a este tipo de vivienda, según el Observatorio Aedas Homes.
Lo cierto, es que el número de viviendas protegidas que se han entregado en los últimos años en España se ha reducido notablemente, pasando de las 68.007 en 2007 a las 23.401 en 2019, según el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. A lo que hay que sumar que en el año 2020, la crisis sanitaria, debido a la propagación del coronavirus y sus variantes, como la Delta, han paralizado las transacciones inmobiliarias.
Por comunidades autónomas
La sensación es muy diferente entre las diferentes regiones de nuestro país. Por ejemplo, se percibe una mayor dificultad de acceso a la VPO en las Islas Baleares (7,8), Cataluña (7,6) y Andalucía (7,5). Mientras que los asturianos, extremeños, riojanos y cántabros (todos por debajo del 7) creen que es algo más factible. Además, según el número de hijos, la percepción varía: quienes tienen cinco o más hijos ven más imposible aún acceder a una vivienda protegida (8,3).
El Observatorio además, también ha hecho hincapié en su estudio en el régimen preferido en el caso de que se pudiera acceder a una vivienda protegida. El 55,1% de los encuestados se decantaría por la compra, el 38,8% por el alquiler con opción a compra y el 6,1% por el alquiler. Lo que pone de manifiesto la fortaleza que aún mantiene la mentalidad de la propiedad en el imaginario colectivo de nuestra sociedad. Sin embargo, la precariedad laboral arrastra a muchos jóvenes a declinarse por el alquiler como opción, al no poder hacer frente a un crédito.
De hecho, muchos otros jóvenes se inclinan también por el alquiler con opción a compra como primera elección. La compra sería la gran preferencia, salvo entre quienes viven con sus padres. Por otro lado, un 62% de las parejas con hijos prefieren la VPO en propiedad, el 53,8% de las parejas, el 49,6% de quienes viven solos y el 47,1% de los que residen solos con hijos.
La cultura de la propiedad de la VPO se alza como mayoritaria en 16 de las 17 comunidades autónomas. Es decir, en todas menos en Asturias y registra sus máximos en Navarra (65,3%) y La Rioja (64%). "Parece claro que la colaboración público-privada se antoja necesaria para favorecer el acceso también a una vivienda protegida, ya sea en propiedad o alquiler", sostiene David Martínez, CEO de Aedas Homes. Precisamente, Martínez insta a las administraciones a trabajar en dos direcciones para dar respuesta a las necesidades de la sociedad: poner suelo en carga para producir vivienda protegida para la compra a precio asequible e impulsar iniciativas como el Plan Vive de la Comunidad de Madrid para promover pisos en alquiler con rentas accesibles.
La idea de este plan, precisamente se basa en el concepto: built to rent, es decir, construir para alquilar y que se supone pretende hacer que cada madrileño pueda ahorrar una media de 3.000 euros al año en el alquiler de su vivienda. En concreto el plan propone que la administración se comprometa a ceder sin coste durante 50 años el derecho de uso del suelo de titularidad pública. A cambio, la empresa que recibe la cesión del suelo se compromete a construir un bloque de viviendas que han de alquilar a un precio limitado basado en el de la VPO de la zona. Actualmente, de los cuatro lotes de 6.646 posibles viviendas cada uno, la Comunidad de Madrid recibió dos ofertas distintas para construir un total de 5.200 viviendas dentro de los tres primeros lotes. El cuarto quedó desierto.
No obstante, siete meses después de comenzar oficialmente la negociación de la ley de vivienda, los socios de gobierno siguen sin llegar a un acuerdo sobre la regulación de los precios de alquiler. En el contexto de las negociaciones, el Partido Socialista aboga por alargar la duración de los contratos de alquiler en las zonas tensionadas, es decir que los contratos se alargaran de 5 a 8 años, y hasta los 10 años si es propietario es un gran tenedor - posee más de 10 inmuebles- mientras que la otra posibilidad pasaba porque los nuevos contratos en zonas tensionadas tan solo pudieran subir como máximo un 10% en comparación con el arrendamiento anterior. Es en esta parte donde se planta la formación morada. Por su parte, el Minsiterio de Raquel Sánchez se reitera en los incentivos fiscales a los propietarios para aumentar la oferta de vivienda en alquiler.
