El viceconsejero vasco de Industria, Javier Zarraonandia, confirmó este viernes que la Comisión Europea ha abierto ya, a instancias de la Generalitat de Cataluña, la investigación del acuerdo entre el Gobierno y el PNV sobre la tarifa eléctrica industrial.
En su momento, el acuerdo presupuestario de 2017 entre el Gobierno del Partido Popular y el PNV incluyó la eliminación de la tarifa del peaje de acceso a líneas de alta tensión de entre 25 y 30 KW, utilizada sobre todo por empresas vascas, y su inclusión en otro apartado tarifario, lo que se calculó que supondría un ahorro de unos 50 millones de euros para las industrias vascas afectadas.
Esto provocó que cinco patronales catalanas se quejaran de ese cambio tarifario, tras lo que la Generalitat decidió denunciarlo ante la Comisión Europea.
Beneficio conjunto
Zarraonandia, en declaraciones a los medios de comunicación en San Sebastián, ha explicado que el acuerdo "de ninguna manera puede considerarse como una ayuda pública o una ayuda de Estado", ya que su objetivo es "corregir una discriminación histórica" que supuso en 2013 "un sobrecoste de 100 millones de euros para la industria vasca".
No se trata, ha insistido, de "un trato de favor a la industria vasca" ni posiciona a las empresas de Euskadi en situación de ventaja, sino que simplemente "las homologa respecto a otras industrias del Estado".
De hecho, el viceconsejero ha explicado que de este cambio de tarifa se beneficiarán también empresas de otras comunidades autónomas, como Navarra, Cantabria, Asturias y Andalucía.
Sin embargo, las empresas catalanas, en general, no salen beneficiadas por el acuerdo ya que “están conectadas a un nivel de tensión de 25 KW.
"Nosotros tenemos que defender los intereses de la industria vasca y la Generalitat tiene que defender los intereses de las empresas catalanas y no perjudicar a los demás", añadió.
