El pleno del Parlament ha aprobado este miércoles llevar a los tribunales el espionaje que se ha llevado a cabo sobre líderes independentistas mediante el software Pegasus. Hoy la propuesta ha salido adelante con los votos a favor de las formaciones soberanistas y el PSC y ante la negativa de PP, Ciudadanos y Vox.
La Mesa aprobó este martes someter al pleno una propuesta para formular una denuncia "en nombre del Parlament" ante las autoridades judiciales para investigar el presunto seguimiento, destapado por el centro de investigación The Citizen Lab y 'The New Yorker'.
El diputado del PSC y secretario primero de la Mesa del Parlament, Ferran Pedret, ha afirmado en la sesión de hoy que los socialistas están "absolutamente a favor de esclarecer los hechos" y que están en contra de cualquier intervención de las comunicaciones que no cuente con amparo legal.
La formación socialista en Cataluña ha asegurado que ya hizo lo propio en 2018 y 2020 cuando se produjeron casos de presunto espionaje. Asimismo, desde el PSOE han mostrado en el Congreso de los Diputados su intención de que pueda constituirse cuanto antes la Comisión de Secretos Oficiales y “esclarecer” unos hechos con los que en el espectro independentista están muy enfadados y que amenaza, incluso, a la legislatura (en boca de los socios gubernamentales).
Por parte de ERC, Jordi Orobitg ha criticado que la ministra Margarita Robles dijera que no conocía The New Yorker, y ha sostenido que los diputados de la Cámara catalana que no se pronuncien a favor de presentar una denuncia "forman parte del problema y no de la solución".
La diputada de Junts Mònica Sales ha tachado de escándalo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no haya dado explicaciones sobre el caso y cree que es su última oportunidad para demostrar que su Gobierno preserva los derechos humanos: "O comisión, o complicidad".
El secretario tercero de la Mesa, Carles Riera (CUP), ha reclamado responsabilidad, veracidad y transparencia, y ha advertido de que "no hay motivos para participar de la estabilidad de este marco institucional y jurídico político" ni para mantener relaciones políticas con el Gobierno con proyectos comunes como los JJ.OO.
La líder de los comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha sostenido que este es "un conflicto entre demócratas y conspiradores, entre el Estado de derecho y el Estado profundo", y que como parte del Ejecutivo de coalición son los primeros interesados en conocer la verdad, que se depuren responsabilidades y que se produzcan dimisiones, ha asegurado.
PP, Vox y Ciudadanos, en contra
Desde Vox, Joan Garriga ha dicho que su grupo está en contra del supuesto espionaje al que asegura que están sometidos los niños catalanes en las aulas, y ha añadido: "Señores del PSC, al separatismo no se le combate espiando. Se le combate apartándolo de las instituciones y de la influencia del Gobierno de España e ilegalizándolo".
Por parte de Cs, Carlos Carrizosa ha reprochado a Borràs haber expulsado al diputado Matías Alonso tras protestar por la lectura de la declaración de la Junta de Portavoces, y sobre el presunto espionaje ha dicho: "Si en sus filas tienen a varios de sus dirigentes condenados por sedición y malversación, si han roto el consenso institucional y han intentado avasallar a más de la mitad de los catalanes, qué menos que los servicios de inteligencia del Estado tomen cartas en el asunto y bajo la ley controlen a personas concretas".
El presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, ha sostenido que el Parlament no presentó denuncia ante un supuesto caso de espionaje por parte de los Mossos a políticos constitucionalistas en 2018, y ha defendido que, como entonces, la Cámara debería mantenerse "al margen" como institución que representa a todos.
