El Alto Tribunal de Justicia británico (High Court of Justice) ha hecho pública este martes una demanda civil por el delito de acoso presentada por los abogados de Corinna Larsen contra el rey Juan Carlos I, actualmente rey emérito.
La demanda fue presentada en diciembre de 2020 y, según fuentes jurídicas, el rey emérito conocía el texto y la iniciativa desde hacía meses. En ella, Corinna pide una orden judicial que le impida a Juan Carlos I comunicarse con ella, seguirla, difamarla o acercarse a una distancia inferior a los 150 metros de ella.
La expareja de Juan Carlos I denuncia a lo largo de 20 folios lo que califica como presunto “acoso” por parte deI monarca español, responsabilizándole del “seguimiento abierto y encubierto” que habrían realizado agentes del CNI en Londres, donde reside la princesa, y en Montecarlo, donde tiene fijada su segunda residencia. Este “acoso”, explica, se habría producido a partir de 2012 cuando el rey emérito le pidió los 64,8 millones de euros que le regaló y posteriormente le exigió. Larsen solicita una compensación no cuantificada por daños y perjuicios.
El origen en 100 millones de dólares
Según se afirma en la demanda, Juan Carlos I le donó 100 millones de dólares (64,8 millones de euros) en 2012 y posteriormente le exigió su devolución “o puesta a su disposición”. Dado que se negó a devolver el dinero, la demanda señala que el rey emérito la difamó al afirmar que ella le había “robado”. Incluso, indica Larsen, Juan Carlos I habría informado al actual rey de Arabia Saudí, Salman, de este presunto robo, como también al actual príncipe heredero de la corona saudí.
Y es que fue precisamente el anterior rey saudí, Abdulaziz, quien envió a Juan Carlos I, a su cuenta secreta en Suiza asociada a la Fundación Lucum los 100 millones de dólares el 8 de agosto de 2008. Esa transferencia que lleva siendo investigada en Suiza desde agosto de 2018 como una operación de blanqueo de capitales agravada se ocultó a la Hacienda española y fue presuntamente utilizada para gastos personales de Juan Carlos I. Tras cambios en la legislación del país, el emérito transfirió la cantidad a Corinna zu Sayn Wittgenstein a la banca Gonet en Bahamas.
Pese a que la demanda de Larsen se dirige exclusivamente contra Juan Carlos de Borbón, se apunta en ella a la participación activa del que fuera director del CNI, Félix Sanz Roldán, en los supuestos seguimientos a Corinna. El general ha admitido haber viajado a Londres en mayo de 2012 para reunirse con la examante del monarca en el hotel The Connaught.
Un juez designado por el Alto Tribunal británico asumirá tras seis meses de tramitación la investigación, y tendrá un máximo de 18 meses para realizar la instrucción del caso. Fuentes jurídicas señalan a El País que Juan Carlos I cuenta con un precedente negativo para su presunta inmunidad. Y es que en 2000 el comité judicial de la Cámara de los Lores despojaba de su inmunidad al ex jefe de Estado de Chile, Augusto Pinochet, al considerar que los delitos de tortura no podían ser considerados parte de las tareas de un jefe de Estado.
