Puede que alguien se extrañe por la respuesta enérgica de muchos de nosotros ante el veto del Gobierno a la revista TEMAS en la distribución de ayudas públicas. No es mucho dinero, se nos podría decir, y tras tanto recorte en lo esencial tampoco cabe sorprenderse mucho por esta nueva agresión. Pero no podemos pasar por alto este episodio, ni rebajar su importancia. Porque el castigo a una plataforma de pensamiento político y cultural como TEMAS tiene una lectura en términos de retroceso democrático: el Gobierno busca acallar las voces con capacidad para ejercer funciones de análisis, crítica y propuesta independiente desde la sociedad civil.

¿Tiene sentido que las actividades de pensamiento y cultura reciban apoyo público en una sociedad democrática? Parece evidente que sí. Articular la participación de la ciudadanía en los ámbitos políticos y culturales requiere de instrumentos válidos para el estudio, para el debate y para la expresión libre de los diferentes posicionamientos. Si no existieran herramientas como la revista TEMAS, habría que inventarlas para garantizar el propio funcionamiento del sistema democrático.

¿Y cómo deben financiarse? Si exigimos la autofinanciación, estaremos discriminando a los ciudadanos con menos recursos respecto a los más pudientes. Si invitamos al “mecenazgo” como fuente exclusiva de financiación, estamos dando a los poderes económicos la llave para controlar qué se estudia y qué no se estudia, qué se publica y qué no se publica. Parece razonable garantizar con ayuda pública la existencia de un tejido cultural e intelectual activo y solvente, que responda a la diversidad social y que actúe desde la austeridad y el máximo rigor en la administración de sus cuentas.

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