Cuando el independentismo estaba en su horas más bajas, la decisión del juez Pablo Llarena de enviar a prisión preventiva a Jordi Turull, Josep Rull, Dolors Bassa, Raül Romeva y Carme Forcadell ha reactivado el independentismo social. Las plazas de los ayuntamientos catalanes se han vuelto a llenar de ciudadanos enfadados con la cárcel preventiva.

Además, los CDR, controlados por las CUP, también se manifiestan en diversas capitales catalanas. Por ejemplo, en Barcelona han tratado de llegar a la Delegación del Gobierno, fuertemente protegida por los Mossos. En Badalona, por ejemplo, diversos concejales han abierto la marcha de protesta, pacífica. La gente, no obstante, está muy enfadada. Esta es la actitud mayoritaria de la gente que ha salido a protestar a las calles, plazas y avenidas catalanas, como la plaza Catalunya de Barcelona, la más céntrica de la capital catalana, que ha congregado a unas 10.000 personas según la cifra facilitada por la Guardia Urbana.

ERC y JxCat han recibido el apoyo explícito de Comú-Podem, que ha instado a sus militantes a participar de las concentraciones pacíficas. Xavier Domènech ha pedido una respuesta unitaria y transversal, no sólo de los independentistas.

El candidato a presidir la Generalitat, Jordi Turull, ha pedido, a través de su abogado, Jordi Pina, que el presidente del Parlament, Roger Torrent, mantenga el pleno de mañana sábado y ha pedido que todas las fuerzas democráticas catalanas voten su candidatura, en un presing a los comunes y a la CUP. No obstante, será difícil que el plenario pueda desarrollarse con normalidad. En principio, el candidato debe estar presente en el hemiciclo y hacer un discurso. PSC, PP y Cs ya han pedido formalmente la suspensión de la segunda votación del pleno de investidura y que Torrent abra una nueva ronda de consultas. 

ERC, el partido de Marta Rovira y Oriol Junqueras, ha pedido a la ciudadanía la protesta pacífica, tanto de catalanes como de españoles "en defensa de los derechos civiles y políticos". Diversas fuentes explican que si Llarena ha decidido hoy el ingreso en prisión a petición de la Fiscalía podría haber sido debido a la marcha de Rovira a Suiza, pues el ministerio público se inclinaba por mantener las medidas cautelares que ya tenían: retirada de pasaporte y la libertad con fianza.

Llarena, además de decretar la prisión provisional, también ha cursado una orden internacional de detención para Carles Puigdemont, Meritxell Serret, Clara Ponsatí, Lluís Puig y Marta Rovira. No la ha cursado para Anna Gabriel, pues el delito del que es acusada, desobediencia, no implica pena de cárcel.