Cataluña
Análisis
El presidente de la cámara catalana, Roger Torrent. EFE/Archivo
El presidente de la cámara catalana, Roger Torrent.
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EFE/Archivo

Abogados y jueces al mando en Cataluña

No hay política, ni acuerdo entre independentistas y las instituciones sucumben a la judicialización

Lun, 12 Mar 2018

La judicialización de la política catalana está llegando a extremos insoportables y muy dañinos para la credibilidad institucional. La mala idea fue de Mariano Rajoy, quien ahora, sencillamente, se vive expensas de aquella decisión inicial de trasladar a los tribunales el conflicto entre el gobierno independentista de la Generalitat y el Estado. El juez Llarena dirige la política catalana a base de interlocutorias muy discutidas por algunos de sus colegas de gremio pero de eficiencia indiscutible y el poco espacio que deja libre, lo ocupan los abogados defensores de los dirigentes investigados, encarcelados o huidos que ponen en evidencia al presidente del Parlament siempre que lo creen imprescindible. La política está desaparecida.

Roger Torrent ha anunciado en dos ocasiones un recurso ante el Tribunal de Estrasburgo para desencallar el punto muerto en el que vive la cámara catalana al proponer candidatos a la investidura a los que el juez ha vetado por activa o por pasiva y cuando no ha sido él ha sido el Tribunal Constitucional. Tanto el abogado de Carles Puigdemont como el letrado de Jordi Sánchez le han enmendado la plana, retrasando la apelación a la justicia europea hasta haber agotado el recorrido de la justicia española o hasta que convenga dar este paso según los equipos de defensores. Estos profesionales  saben de la parsimonia del procedimiento europeo y la incompatibilidad de este tiempo legal con la urgencia de disponer de un presidente y su gobierno y, sobre todo, ponen por delante la defensa de sus clientes.

Ante cada negativa jurídica, el presidente del Parlament se ha limitado a aplazar la sesión de investidura, esperando una resolución exprés del TS para empezar un nuevo ciclo de consultas, al ritmo marcado por el juez Llarena. De no mediar una resolución del Tribunal Constitucional al recurso de ampara presentado por el PSC para que comience a correr el reloj de la repetición electoral, la parálisis institucional en Cataluña podría prolongarse por tiempo indefinido.

Ni el independentismo tiene prisa, ni Inés Arrimadas, parece dispuesta a tomar ninguna iniciativa

Ni el independentismo tiene prisa, dado que no consiguen ponerse de acuerdo en lo esencial (agotar el recorrido autonomista o intentar de nuevo la desobediencia) ni la líder de la oposición, Inés Arrimadas, parece dispuesta a tomar ninguna iniciativa para poner el contador en marcha. Su situación no es muy diferente a la de Pedro Sánchez cuando se presentó a una investidura improbable ante el Congreso de los Diputados, contando únicamente con el apoyo de Ciudadanos, justamente, sin embargo, aquel acto político fue suficiente para iniciar las previsiones reglamentarias para la convocatoria automática de nuevas elecciones generales.

La pasividad de Arrimadas, los intereses de los abogados defensores y la desorientación de la mayoría independentista ante la posición de fuerza adoptada por la CUP convierten al Parlament en un paraíso para las telarañas legislativas y condenan al país a permanecer bajo el mandato del 155. Mientras tanto, la ANC, la principal valedora de las tesis de Puigdemont y la CUP, convertida en entidad material del estado mental republicano, salió el domingo a la calle para presionar a ERC y a PDeCAT para una pronta implementación de la República Catalana, conminándoles a dejar de lado los miedos y apelando a la desobediencia a cualquier imposición judicial que impida elegir al presidente de la Generalitat que la mayoría designe.

Interlocutorias a parte del juez, las dificultades para designar un tercer candidato a la investidura se deben a tres factores. La resistencia de ERC a sumergirse de nuevo en la desobediencia, la pretensión de la CUP de obtener del aspirante una promesa de fidelidad activa a la república y el veto de Puigdemont a cualquier diputado que no asuma la obediencia debida a la república residente en Waterloo. La aplicación simultánea de estas tres condiciones imposibilitan de facto el consenso sobre un nombre; salvo que ceda de nuevo ERC, tanto en la literatura exigida por los anti capitalistas como en la elección de uno de los nombres del núcleo duro de Puigdemont bien visto por la CUP. Las alternativas para no ir de nuevo a elecciones se reducirían de esta manera a unos pocos candidatos: Quim Torra, Laura Borràs o Francesc Dalmases.

 

Jordi Mercader es periodista y analista político