Tras el breve recorrido de la idea del diálogo, se intuye ahora la etapa de la convocatoria de elecciones. Probablemente otra formalidad para salir del paso unos cuantos días más antes de llegar al choque, que oficialmente nadie quiere. Desde todas las partes enfrentadas llegan voces que dicen plantearse unos comicios en Cataluña como última oportunidad para evitar el desastre. Unos lo harían por temor a la aplicación del artículo 155 y los múltiples incidentes de desobediencia que se atisban ante una intervención selectiva de los departamentos del gobierno catalán y los otros por intentar evitar el riesgo de caer en la más absoluta ilegalidad internacional de pronunciar las palabras declaración o proclamación. De todas maneras, tal como pasaba con el diálogo, cada uno habla de un tipo de elección diferente, porque siguen instalados en mundos diferentes.

El PP y sus aliados constitucionalistas de PSOE y Ciudadanos exigen la convocatoria de unas elecciones autonómicas para interpretar el gesto como un regreso a la legalidad vigente y ahorrase males mayores. Eso al menos es lo que dicen públicamente; en realidad, la declaración unilateral de la independencia favorecería claramente el apoyo de los socios comunitarios a la aplicación del 155 al considerar dicho acto como un desafío intolerable a la estabilidad e integridad territorial del conjunto de los estados de derecho.

El bloque independentista, especialmente una parte de los jóvenes dirigentes del PDeCAT y los más veteranos del lugar con Artur Mas a la cabeza, apostarían por unas elecciones constituyentes como demostración de que el nuevo estado ya echa a andar, pero sin correr riesgos con formalidades innecesarias e imprudentes a su juicio. Una proclamación sobreentendida inicialmente que llegada la activación del 155 pudiera reinterpretarse como una DUI verdadera. Si hay que sucumbir a la fuerza de la ley, mejor presentarse como mártires del estado ante la historia.

La creatividad que ofrece a los dirigentes independentistas el no sentirse prisioneros de ninguna ley, ni de las suyas, podría dar luz a cualquier fórmula. Unas constituyentes catalanas permitirían argumentar con relativa facilidad que todo está en marcha, aunque no se haya celebrado la fiesta de rigor. La lógica constituyente suena muy dulce para los votantes del 1-O (los dos millones de padres de la república, según la teoría del vicepresidente Oriol Junqueras), y de ponerse en marcha relativizaría la urgencia de tomar decisiones complejas. La primera, la aprobación del decreto de los símbolos y banderas de la república; o el decreto de traspaso de los funcionarios de la Generalitat y del Estado en Cataluña a la nueva administración.

La tensión en el seno de la coalición JxS y CUP ha alcanzado en las últimas reuniones cotas desconocidas por los experimentados diputados de la mayoría en crisis internas; la resistencia de la dirección del PDeCAT ya forzó el paso atrás del presidente Puigdemont en el primer intento de declarar la independencia y se mantiene firme para desesperación de republicanos y antisistema. Una fórmula que incorporara algún tipo de proclama, incluso la simple activación de la supuesta declaración suspendida pero no verbalizada por Puigdemont del otro día, asociada a la convocatoria de constituyentes y, por tanto, a la disolución del Parlament, podría ser una solución de compromiso entre los moderados y los radicales, quienes preferirían pura y simplemente que el gobierno de la Generalitat empezara a aprobar los 40 decretos de creación del estado.

Unas elecciones constituyentes no van a ser del agrado de los constitucionalistas y difícilmente podrán aceptar dicho movimiento electoral como el retorno exigido a la legalidad. El temido 155 no va a frenarse, todo lo contrario, la propia convocatoria de unas elecciones para conformar un Parlament constituyente añade argumentos incontestables para los partidarios de intervenir la Generalitat para reconducir (o emporar) la situación actual.

Por activa o por pasiva, la declaración de independencia será política y jurídicamente visible en cualquier movimiento de Puigdemont y eso, en realidad, aplanará el camino a Rajoy en su papel de paladín del estado de derecho. Solo la convocatoria de unas elecciones estrictamente autonómicas le permitiría al presidente de la Generalitat demostrar su predisposición a frenar el desafío; sin embargo, esta hipótesis no entra en los planes ni de los radicales ni de los moderados, así lo dijo el consejero Raül Romeva en Bruselas.