Vox tiende a la desaparición en la tierra del “laboratorio” de los pactos con el PP, Castilla y León, donde los ultraderechistas pierden este 23 de julio cinco de los seis diputados conseguidos en noviembre de 2019, fagocitados por su socio de gobierno en la Comunidad, que crece de 13 a 18 representantes en el Congreso de los Diputados, sumando los 5 de los extremistas, mientras el PSOE mantiene sus 12 de los 31 en juego y Sumar queda fuera.

El partido del vicepresidente del gobierno autonómico, Juan García-Gallardo, se hizo en las últimas Elecciones Generales con un diputado en cada una de las provincias de Ávila, León, Salamanca, Segovia, Valladolid y Zamora, pero este último año de gobierno en la Junta de Castilla y León junto al PP de Alfonso Fernández Mañueco, pionero en los pactos PP-Vox en España, se ha transformado en un barrido de la ultraderecha, que, con un solo diputado en Valladolid, tiende a la desaparición del mapa.

Castilla y León castiga al gobierno derecha-ultraderecha

Castilla y León agrava, por tanto, el panorama de castigo a Vox en el país, cuyo electorado, en su mayoría, regresa al Partido Popular en la Comunidad que los de Abascal pretendían utilizar como ariete para alcanzar el Gobierno de la nación.

No parece, así pues, que el pacto de gobierno que encabezan Mañueco y Gallardo, el único en el país en el que puede testarse a Vox gobernando, haya tenido consecuencias notables para el ascenso de los de extrema derecha en el territorio que vio nacer al tándem.

Vuelta al bipartidismo

El escenario en la Comunidad Autónoma, por tanto, regresa prácticamente al bipartidismo de antes de 2015, cuando Podemos logró escaños en Valladolid, Burgos y León.

El espacio de ese tercer partido lo ocupó después Ciudadanos, que consiguió en abril de 2019 ocho diputados en la comunidad, y después, los de ultraderecha, con los seis conseguidos en la repetición electoral de noviembre de ese año, que ahora se desvanecen.

Los evidentemente decepcionantes resultados cosechados por la ultraderecha, que al 96% escrutado había perdido tres puntos en porcentaje de voto, apuntan al descontento de la ciudadanía castellana y leonesa con el desembarco de Vox en la gestión de gobierno, que ha decidido retirar su respaldo a los de Abascal en su camino hacia el Ejecutivo de Madrid.

El ejemplo de Gallardo

Sin duda, en el año de mandato PP-Vox en Castilla y León, la ultraderecha ha brillado no sólo por su discutible gestión y numerosas polémicas, sino por los exabruptos de su líder, Juan García-Gallardo, que tanto en la anterior campaña electoral, la de las municipales del 28M, como en la de este domingo, ha encabezado mítines y comitivas por numerosas comunidades autónomas, poniendo a Castilla y León como ejemplo.

Gallardo, sin embargo, que en pocos meses pasó de ser un completo desconocido a estar en boca de todo el país a resultas de sus altisonantes declaraciones negacionistas de la violencia machista y el cambio climático, se disipa de este modo como modelo a seguir.

En estos quince meses de gobierno de coalición, el vicepresidente de la Junta, con sus 80.000 euros de sueldo y sin competencias, ha saltado a la palestra encabezando la cruzada contra el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo, que pretendió atajar con su polémico protocolo de escucha del latido fetal, y ha llevado su pretensión de relajar los controles contra la tuberculosis bovina hasta Bruselas, además de poner en duda que el CO2 fuera contaminante.

Las decisiones de otros tres miembros de Vox en el Gobierno de Castilla y León han sido igualmente polémicas, especialmente la batalla emprendida por el consejero de Empleo, Mariano Veganzones, contra el diálogo social, empresarios y sindicatos, a quienes trata de “comegambas” y a quienes ha retirado las partidas presupuestarias que sostenían programas de formación laboral, prevención de riesgos o asesoramiento a inmigrantes.