Este miércoles llegó a puerto en la Audiencia Provincial de Valladolid el macroproceso por corrupción que incumbe a exaltos cargos del Gobierno de Castilla y León, incluidos dos viceconsejeros, y a una serie de empresarios íntimamente relacionados con la Consejería de Economía que dirigía, por las fechas en las que sucedieron los hechos, el ya fallecido Tomás Villanueva, mano derecha del entonces presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera.
El conocido como caso “Perla Negra” —apelativo cinematográfico con el que popularmente se bautizó al edificio objeto de una compraventa más que dudosa por parte de la Consejería y con un sobrecoste millonario— con doce acusados, entre ellos los entonces (hablamos de 2005) viceconsejeros Rafael Delgado y Begoña Hernández, soltó amarras el 26 de febrero y llegó a puerto este miércoles según lo previsto, después de casi tres meses de declaraciones de peritos, testigos y acusados e intervenciones de abogados defensores y acusaciones.
En el banquillo sólo quedan once
Todo ha transcurrido en estos 53 días (hábiles) como se esperaba, salvo la sorprendente exoneración de toda responsabilidad de uno de los acusados: el exalto cargo de las empresas públicas ADE y Gesturcal y al mismo tiempo empresario cercano al Gobierno autonómico Alberto Esgueva, a quien las acusaciones retiraron todos los cargos la pasada semana, de modo que en el banquillo del buque llegan a su destino únicamente once.
El presidente de la Sala invitó ayer, lunes, a Esgueva, acusado de malversación, fraude a la administración y pertenencia a organización criminal (“¡Con un par!”, dijo ayer su abogado), a abandonar su asiento y salir, libremente, de la sala, después de que tanto la fiscal del caso como el abogado del PSOE sacaran a Esgueva de sus escritos de acusación en los que este último pedía 22 años de cárcel para el ahora liberado.
El letrado defensor de Esgueva llegó a afirmar que un proceso como este, en el que su representado ha estado imputado durante años, ha supuesto su “muerte civil”.
La fiscal: “Pudieron negarse a ejecutar y dimitir de sus cargos”
Dado que los acusados señalaron no sólo su inocencia en los hechos que se juzgaban, sino que además, en el caso de los exaltos cargos, se los imputaron a quien fuera su superior, el consejero fallecido, la fiscal del caso argumentó que, por un lado, los empresarios encausados son “profesionales que no pueden alegar que desconocían la relevancia de sus actos” y, por otro, que los exaltos cargos del Gobierno autonómico “no pueden atribuir los hechos a una persona fallecida, porque la solución era sencilla: negarse a ejecutar y dimitir”.
Las defensas de los dos exviceconsejeros, Rafael Delgado y Begoña Hernández, arguyeron que todas las actuaciones fueron transparentes y que no existen los delitos de prevaricación, revelación de secretos, malversación o tráfico de influencias, incluso que, si los hubiera, en todo caso, habrían prescrito, reclamando, de este modo, la libre absolución y la imposición de costas a las acusaciones.
La última palabra
Antes de dar la causa por cerrada y vista para sentencia, el presidente de la Sala de la Audiencia Provincial llamó al estrado a los once acusados, a los que puso voz, únicamente, el exviceconsejero Rafael Delgado, mientras el resto se limitó a agradecer al tribunal el trato recibido y dar por bueno lo dicho hasta el momento.
Delgado se circunscribió a reiterar su inocencia, a negar el daño para las arcas públicas, pero también a insistir, como había hecho su defensa, en que su actuación se limitó a hacer lo que le mandaban.
“Yo no he formado parte de ninguna cúpula, capilla, monasterio o catedral”, ha dicho Delgado, “me he limitado a ejercer las competencias atribuidas, con la debida obediencia a quien tienes como superior, por tanto, bajo la dependencia, dirección, mandato, control e inspección del consejero”, añadiendo que únicamente acompañó “la firma de las operaciones autorizadas por mis superiores jerárquicos”.
Delgado asegura que no tiene conciencia de haber cometido delito ni haber producido perjuicio con sus actos a la administración, de hecho, defiende que la compra del edificio de Arroyo de la Encomienda, adquirido a la empresa Urban Proyecta tras varias tasaciones que desaconsejaban la operación por su desorbitado coste, tal y como declaró el exdelegado de la Junta de Castilla y León en Valladolid, Pablo Trillo, durante el juicio, supuso “un ahorro” para la Consejería de Economía.
El proceso de la corrupción del Partido Popular
Las peticiones de cárcel en este proceso sobre corrupción, considerado el mayor en la comunidad autónoma, que afecta de lleno al Partido Popular, al mando del barco del Gobierno autonómico en los últimos 38 años, difieren desde los 20 de prisión que reclama la propia Junta —que sólo acusa a ocho de los inicialmente doce encausados— y los 79 años que pedía la Fiscalía o 221 a los que ascendían las calificaciones de la acción popular del Partido Socialista de Castilla y León antes de la retirada de los cargos contra Alberto Esgueva.
Las penas más elevadas, 11 años de prisión, señaladas por la Fiscalía se solicitan para los exviceconsejeros de la Consejería de Economía, Rafael Hernando y Begoña Hernández, y el que fuera consejero delegado de Gesturcal, Juan Carlos Sacristán.
El PSOE incrementa sustancialmente esas cifras hasta los 34 años de cárcel para los exviceconsejeros y su inhabilitación durante 105 años; y pedía otros 22 años para los empresarios Alberto Esgueva -ahora fuera del proceso- y Germán José Martín Giraldo, así como diversas otras peticiones desde los 11 a 18 años para el exconsejero delegado de Gesturcal-ADE Parques, el exdirector gerente de esa misma empresa pública, Salvador Molina, y el resto de implicados.
El PSOE solicita, además, indemnizaciones por valor de más de 25 millones de euros por la pérdida patrimonial que arrojó la operación del edificio, así como otros 25 por la pérdida patrimonial derivada de la adquisición de fincas para el fallido polígono de Portillo.
