El Partido Popular ha cerrado un pacto con Vox en Castilla y León para formar “un gobierno sólido y estable”, aunque para ello ha tenido que ceder en aspectos tan importantes como son la violencia de género o la inmigración. Esto ha llevado al PP en general y a Mañueco en particular a estar en boca de gran parte del país, y es que ha permitido que la extrema derecha entre por primera vez en la democracia en un Ejecutivo. Tras este bochorno, a los populares le vienen más momentos difíciles. El primero, a partir de este 14 de marzo, cuando comienza el juicio por la Perla Negra, que sentará en el banquillo a la antigua cúpula de la consejería de Economía durante la etapa de Juan Vicente Herrera como presidente de la Junta de Castilla y León.

La Audiencia Provincial de Valladolid sienta en el banquillo desde el próximo 14 de marzo a los doce encausados por el caso de corrupción conocido como la Perla Negra. El proceso se prolongará durante 23 días, hasta el 29 de abril. Entre los procesados se encuentran los exviceconsejeros Rafael Delgado y Begoña Hernández, y los empresarios Francisco y Alberto Esgueva y José Martín Giraldo, que también están inmersos en la trama de corrupción conocida como Trama Eólica. También tiene que declarar como testigo el expresidente, Juan Vicente Herrera.

En el caso de la Perla Negra se investigan los delitos relacionados con la compra de la sede de Economía y de terrenos para el fallido polígono de Portillo. Los hechos investigados datan de la primera década de los 2000, cuando, presuntamente, cargos de la Consejería de Economía del Gobierno del PP en Castilla y León se asociaban con empresarios y les favorecían para impulsar la construcción del polígono de Portillo, que terminó resultando fallido. También se estudia el sobrecoste de varios millones de euros del edificio de la Perla Negra, sede de empresas públicas en ese polígono.

El juez que instruye la causa atribuye a los imputados los delitos de revelación de secretos, tráfico de influencias, prevaricación, fraude a la administración, malversación y cohecho. En total, la Fiscalía pide penas que suman 79 años de cárcel.

Las dos operaciones que están siendo investigadas -la compra de la sede de la Consejería de Economía y la construcción del polígono de Portillo- se materializaron a través de Gesturcal, una empresa pública de la comunidad, y se benefició a determinadas mercantiles, especialmente URBAN Proyecta PM3 S.L. y Parque Empresarial de Portillo S.L., a través de sociedades de participación pública de la Junta, Gesturcal S.A. y ADE Parques Tecnológicos de Castilla y León S.A., esta última a partir de 2008.

Rectificación de la Audiencia sobre la cobertura del juicio

La cobertura informativa de este juicio no le viene bien a los populares. La imagen de expresidente Herrera declarando como testigo será una imagen que quede grabada en la mente de muchos castellanos y leoneses. No obstante, aunque han rectificado, la Audiencia Provincial de Valladolid vetó en un primer momento la posibilidad de grabar el juicio en su integridad, así como de reproducir la imagen de los testigos.

Después de que el Decano del Colegio de Periodistas de Castilla y León enviase un escrito para solicitar la grabación íntegra de imagen y sonido del juicio “tomando en consideración el interés mediático”, así como el hecho de que se trata de delitos que afectan a la gestión de la administración pública por parte de los responsables públicos, el tribunal ha accedido a dar permiso a ello. De esta forma, la declaración de Herrera podrá emitirse sin cortapisas, puesto que era cargo público, concretamente presidente del Ejecutivo, cuando se perpetraron los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias e información privilegiada, entre otros.

Este desfile por los tribunales no le viene bien al PP. Pese a que lleva 35 años gobernando en las instituciones de Castilla y León y ha conseguido fraguar un acuerdo con la ultraderecha para continuar cuatro años más -si no decide romper el pacto antes de tiempo, como hizo con el que mantenía con Ciudadanos-, el resultado que se determine de los mayores casos de corrupción de la comunidad puede dejar una mancha muy profunda en el partido de la comunidad. Al caso de la Perla Negra y de la Trama Eólica hay que sumar la supuesta financiación irregular en el PP de Salamanca para las primarias en las que se alzó a Alfonso Fernández Mañueco como número uno del partido autonómico.

Mañueco se amolda a las exigencias de Vox

El acuerdo que han sellado los populares con Vox en la comunidad les ha llevado a alzarse con el primer Ejecutivo desde la Transición con un partido de extrema derecha en su seno. Las críticas y los lamentos no han faltado desde que el pasado jueves lo anunciasen. Pese a que Mañueco se mostrado “muy satisfecho del acuerdo logrado”, la calle no piensa lo mismo. El movimiento feminista y el colectivo LGTBI han mostrado su profundo desacuerdo a esta coalición con la ultraderecha, temiendo que los derechos y libertades alcanzados en los últimos años se vean frustrados.

Entre los puntos que ambas formaciones han acordado para poner en marcha se encuentra la deseada ley de lucha contra la violencia intrafamiliar que tanto ha pedido la formación ultra. Los de Santiago Abascal niegan la existencia de la violencia de género y utilizan el término “violencia intrafamiliar” para referirse y enmarcar a todas las violencias dentro del ámbito familiar equiparándolas entre sí.

Pero este no es el único punto polémico en el acuerdo de gobierno, ya que también han acordado promover “una inmigración ordenada que, desde la integración cultural, económica y social, y en contra de las mafias ilegales, contribuya al futuro de Castilla y León” y defender los “productos autóctonos frente a los que llegan desde fuera de la Unión Europea”. O también fomentar una educación “libre de adoctrinamiento ideológico”.