Partido Popular y Vox han sellado un acuerdo para gobernar conjuntamente en Castilla y León, de manera que, por primera vez desde la Transición, la extrema derecha formará parte de un Ejecutivo. Aunque Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta, se ha mostrado “muy satisfecho del acuerdo logrado”, ya que permitirá la articulación de “un gobierno sólido y estable”, no hay la misma sensación en las calles de la comunidad. El movimiento feminista y el colectivo LGTBI han mostrado su profundo desacuerdo a esta coalición con la ultraderecha, temiendo que los derechos y libertades alcanzados en los últimos años se vean frustrados.
Alfonso Fernández Mañueco ha cedido a las exigencias de Vox. Entre los puntos que ambas formaciones han acordado para poner en marcha se encuentra la deseada ley de lucha contra la violencia intrafamiliar que tanto ha pedido la formación ultra. Con ello pretenden promover medidas preventivas y dotar de una protección adecuada a las víctimas, pero las asociaciones feministas no piensan lo mismo y no han dudado en manifestarse a las puertas de las Cortes para avisar de que vigilarán que se cumplan las leyes de violencia de género.
Ada Santana, presidenta de la Federación de Mujeres Jóvenes, lamenta en declaraciones a ElPlural.com este acuerdo de gobierno, que “supone un retroceso democrático y un claro ataque a las políticas de igualdad y de protección a la mujer”. “Uno de los principales objetivos que la ultraderecha se marca es la derogación de las leyes de violencia de género, por lo tanto, si quieren atacar lo que es la base de la pirámide normativa de protección a la mujer en nuestro país, pues claramente cualquier tipo de avance va a estar impedido y, además, se va a ver un retroceso”, explica.
“La violencia de género no es algo aislado, sino que es un problema social y es la máxima expresión del sistema machista que tenemos todavía en la sociedad. Lo único que va a hacer esta ley es desproteger a todas las mujeres”, añade en el mismo sentido. Además, pone de manifiesto el miedo y el gran paso que tienen que dar muchas mujeres para atreverse a denunciar a su maltratador: “El miedo a que no se las crea puede incrementarse porque quien ahora entra en el Gobierno difunde ese mensaje, de que lo que ellas sufren no existe”.
El colectivo LGTBI seguirá sin ley que les ampare
Por su parte, el colectivo LGTBI considera el acuerdo de este Gobierno “una noticia catastrófica”. Así lo valora Yolanda Rodríguez, presidenta de la Fundación Triángulo en Castilla y León, en declaraciones a este medio. Rodríguez pone de manifiesto que Castilla y León es “una de las dos o tres últimas comunidades de toda España que todavía carece de una ley que ampare, garantice y dignifique los derechos de las personas LGTBI y Trans”.
“Hay un tejido asociativo muy débil que nunca ha sido apoyado por las instituciones en esta comunidad, ni ayuntamientos, ni diputaciones ni la propia Junta de Castilla y León”, explica. Es por ello por lo que incide en que no se podrá derogar ninguna ley, pero sí limitar los avances: “Vox no puede pedir la derogación de una ley LGTBI en Castilla y León porque no la hay, se da esa paradoja, pero lo que sí va a hacer es paralizar los proyectos de ley que estaban en marcha y que decayeron al convocarse elecciones. Con Vox no van a volver a salir del cajón donde estaban metidos”.
Yolanda Rodríguez considera también que el blanqueamiento de los discursos de odio que se difunden desde la extrema derecha, y que ahora entran en las instituciones, puede suponer un aumento de agresiones homófobas y tránsfobas. “La gente que no tiene tolerancia hacia las personas por su orientación sexual o su orientación de género están viendo reforzados con este tipo de discursos políticos sus declaraciones”.
Frente a todo ello, tanto Rodríguez como Santana coinciden en que van a luchar por seguir reivindicando la necesidad de seguir avanzando en derechos e igualdad. “Seguiremos haciendo activismo, reivindicando en la calle, en las instituciones y seguiremos pidiendo que haya una educación inclusiva y una educación en libertad que tenga en cuenta los derechos de todas las personas, así como tener en cuenta la situación de las personas trans, sus necesidades”.
Las exigencias de Vox
Algunas de las cuestiones que PP y Vox han acordado para su alianza en Castilla y León, además de la aprobación de una ley contra la violencia intrafamiliar derogando la legislación sobre violencia de género, se encuentran promover “una inmigración ordenada que, desde la integración cultural, económica y social, y en contra de las mafias ilegales, contribuya al futuro de Castilla y León” y defender los “productos autóctonos frente a los que llegan desde fuera de la Unión Europea”.
En cuanto a la educación, ambos partidos apuestan por “un modelo educativo basado en el mérito, el esfuerzo y la capacidad, que tenga por objeto la excelencia, generador de oportunidades y libre de adoctrinamiento ideológico”.
También se comprometen a defender “la propiedad privada, combatiendo especialmente el fenómeno delictivo de la ocupación, y ofreciendo asesoramiento gratuito a las víctimas de este hecho”.
