La Audiencia de Valladolid ha acordado suspender el juicio del caso de la Perla Negra un día después de dar comienzo. Ha ordenado su devolución al juzgado de instrucción con el fin de garantizar que todas las partes personadas en el proceso reciban la totalidad de la causa para evitar con ello incurrir en una posible nulidad por vulneración del derecho de defensa.

El juicio arrancó este lunes tras nueve años de investigación de esta trama de corrupción que presuntamente se gestó desde la cúpula de la Consejería de Economía de la Junta de Castilla y León. Lo hizo con las quejas de los abogados de los doce acusados, que plantearon la nulidad de actuaciones por no haber tenido acceso a la documentación completa del caso. Finalmente, el tribunal ha dado la razón, tras retirarse a deliberar 24 horas, a los letrados, que también fueron apoyados por el fiscal y las acusaciones particular y popular.

Tras nueve años de diligencias por parte del Juzgado de Instrucción número 2 de Valladolid respecto de una causa que fue declarada en 2016 de especial complejidad, la práctica totalidad de los letrados de las doce personas físicas y tres jurídicas encausadas e incluso la fiscal del caso y las acusaciones particulares y popular, ejercidas por la Junta y el PSCyL, respectivamente, coincidían en que la documentación no había llegado en su integridad a las partes.

El presidente del tribunal ha explicado que, efectivamente hay un cd desaparecido, tal y como advirtió la letrada de uno de los acusados, y que sí que ha aparecido otro “en un sobre verde” con información fiscal de la exviceconsejera de Economía, Begoña Hernández, con el contenido encriptado y que el tribunal no ha podido abrir. “Al no haberse constatado el traslado completo, en aras de evitar todo tipo de indefensión, acordamos estimar nulidad de actuaciones con retroacción del procedimiento al momento inmediatamente anterior a las diligencias de 14 de enero de 2020”, ha comunicado el presidente.

Ahora, el letrado deberá practicar diligencias para saber dónde está el cd desaparecido para que éste se incorpore a la causa. Después, se concederá un plazo de diez días a las defensas para que puedan presentar un escrito en el que precisen qué documentación o archivos no tienen. Una vez facilitados estos, se tendrá que certificar. Después, la causa continuará con los trámites legales y se señalará la fecha para que comience el juicio.

Doce acusados

En el caso de la Perla Negra se investigan los delitos relacionados con la compra de la sede de Economía y de terrenos para el fallido polígono de Portillo. Los hechos investigados datan de la primera década de los 2000, cuando, presuntamente, cargos de la Consejería de Economía del Gobierno del PP en Castilla y León se asociaban con empresarios y les favorecían para impulsar la construcción del polígono de Portillo, que terminó resultando fallido. También se estudia el sobrecoste de varios millones de euros del edificio de la Perla Negra, sede de empresas públicas en ese polígono.

Entre los procesados se encuentran los exviceconsejeros Rafael Delgado y Begoña Hernández, y los empresarios Francisco y Alberto Esgueva y José Martín Giraldo, que también están inmersos en la trama de corrupción conocida como Trama Eólica. También tiene que declarar como testigo el expresidente, Juan Vicente Herrera.

El juez que instruye la causa atribuye a los imputados los delitos de revelación de secretos, tráfico de influencias, prevaricación, fraude a la administración, malversación y cohecho. En total, la Fiscalía pide penas que suman 79 años de cárcel.

Las dos operaciones que están siendo investigadas -la compra de la sede de la Consejería de Economía y la construcción del polígono de Portillo- se materializaron a través de Gesturcal, una empresa pública de la comunidad, y se benefició a determinadas mercantiles, especialmente URBAN Proyecta PM3 S.L. y Parque Empresarial de Portillo S.L., a través de sociedades de participación pública de la Junta, Gesturcal S.A. y ADE Parques Tecnológicos de Castilla y León S.A., esta última a partir de 2008.