Las revelaciones del ex comisario José Manuel Villarejo sobre un hipotético “error de cálculo” del CNI en relación a los atentados terroristas de Barcelona y Cambrils de 2017 ha revitalizado una vieja tesis muy extendida en el independentismo catalán. Desde el primer minuto, se enfrentó la presunta “negligencia del Estado” a la “eficacia singular” de los Mossos d’Esquadra, que en pocas horas abatió a todos los autores materiales del atentado. La teoría sin prueba de Villarejo es aprovechada como argumento de la estrategia para alcanzar la independencia por pasiva, una vía sin plazo de culminación que substituye a la fracasada política activa de choque. Consiste dicha vía en desprestigiar al Estado español ante el mundo, hasta debilitarlo y aislarlo de tal forma que caiga como fruta madura por “antidemocrático”.

Del interés por mantener viva la teoría de la conspiración en aquella tragedia quedó registrado en las actas del Parlament un episodio singular. La cámara catalana, a diferencia del Congreso, creó una comisión de estudio de los atentados. La comisión dictaminó, en agosto de 2020, que “de la condición de confidente del CNI del imán Abdelbaki Es Satty, acreditada por la comisión, no se puede desprender que el servicio de inteligencia conociera la intervención del imán de promover o cometer los atentados. Se descarta taxativamente las especulaciones que, de manera implícita o explícita, señalaban al CNI como conocedores e incluso encubridores de los atentados”. Sin embargo, el pleno rechazó esta conclusión con los votos de Junts, ERC y CUP y la abstención de los Comunes, siendo substituida por una referencia a la desaparición de los registros de la relación de los servicios secretos con el imán, sugiriendo que “habría sido un fracaso (para los servicios secretos) que (el imán) hubiera sido una de las cabezas pensantes (del atentado). Poco preciso, pero suficiente para alentar la sospecha.  

El Congreso de los Diputados se negó en 2018 a abrir una comisión de investigación sobre el atentado, desviando la entonces presidenta de la cámara, Ana Pastor del PP, el tema a la comisión de secretos oficiales de la que nunca más se supo. Junts, ERC, PdeCat, CUP y Bildu le ofrecen ahora al PSOE la posibilidad de enmendar aquella negativa. La necesaria transparencia institucional debería acabar imponiéndose, a pesar del temor fundado a hacer el juego a la evidente campaña de chantaje al estado emprendida por Villarejo. El PSC aprobó la creación de la comisión en el Parlament en su momento.

En todo caso, los socialistas deberán responder a las peticiones anunciadas por sus socios republicanos en el Congreso, que han aprovechado para reclamar a los Comunes una mayor contundencia en esta polémica. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se ha mostrado muy prudente ante las palabras de Villarejo, exigiendo pruebas contundentes antes de sacar conclusiones aventuradas o aprovecharse de la tragedia humana perpetrada en Barcelona y Cambrils.

Finalmente, el ex comisario asentó su teoría pero rebajando sus afirmaciones iniciales. Su tesis nace de la posibilidad de que la muerte del imán de Ripoll, confidente del CNI, hubiera “descontrolado” a los jóvenes integrantes de un “comando ficticio” (según él una práctica corriente), creado únicamente para “dar un susto” a Cataluña, hasta producirse el atentado. La Audiencia Nacional, al juzgar a los colaboradores de los terroristas muertos en mayo de 2021, negó una eventual “negligencia” de los servicios secretos, pero claro, era la Audiencia Nacional española.

Villarejo se ha convertido en el nuevo mejor amigo del sector del independentismo que ven una conspiración permanente de los poderes del Estado, desde la justicia a las policías patrióticas de alcantarilla, para perjudicar a los gobernantes catalanes y a sus aspiraciones políticas. Amigo instrumental, por supuesto, y sólo cumpliendo el aforismo de que todo enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y eso, a pesar, como advertía estos días Alonso Cuevillas, diputado de Junts y abogado de una de las víctimas del atentado, que “había que poner en cuarentena” todo lo que dijera el ex comisario. Aunque dicho esto, añadió que “dudo mucho que dentro del Estado español lleguemos a tener certezas del tema.

La clave está en la coletilla oficial: mientras “estemos dentro” del estado no hay nada que hacer ni esto ni en nada. En esta línea argumental, el vicepresidente de la Generalitat, Jordi Puigneró, declaro que “en cualquier estado democrático esto estaría aclarado” y concretó sus esperanzas en la justicia internacional. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, el actual consejero de Interior, Joan Ignasi Elena, y un sinfín de voces independentistas se han sumado a la intención de iniciar acciones judiciales para agotar “la vía española” y llegar a los tribunales europeos ante su seguridad de que queda algo por descubrir de aquel atentado. Como es habitual, el más atrevido ha sido el ex presidente Quim Torra, que aventuró que podría tratarse de “un crimen de estado”.