No se achantaron. Ni la Junta de Castilla y León ni el alcalde de Tordesillas asumieron la denuncia del Ministerio de Derechos Sociales sobre el polémico festejo del Toro de la Vega y plantaron cara, de forma dialéctica, para que se permitiera que los aficionados a este torneo alanceen al animal, aunque sea sin matarlo.
El Ayuntamiento llegó a hablar de “ataque mediático” y de “extralimitación de competencias”. Vox en Tordesillas insistía en volver al modelo de la “costumbre”, el de matar al toro, como dicta la tradición.
La posición de Junta y Ayuntamiento de Tordesillas (también del Partido Popular, y hasta hace poco con Vox en el gobierno de coalición) estaba clara, pero no iba más allá de la protesta.
Entonces, justo al mismo tiempo que la Fiscalía decide archivar la petición del Gobierno para que se paralice el festejo, como medida cautelar, porque no ve indicios de delito, y entiende que es la jurisdicción contencioso-administrativa la que tiene que decidirlo, resulta que la jurisdicción contencioso-administrativa decide detenerlo.
El Partido Animalista, PACMA, históricamente defensor del ejemplar taurino seleccionado cada año para ser sacrificado por amor a la tradición en este municipio vallisoletano, -este año, de nombre “Manjar”-, se ha llevado el gato al agua presentando la solicitud de suspensión del festejo ante quien la Fiscalía decía que había que presentarlo.
Así, esta mañana, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León daba a conocer que la Sala de lo Contencioso-Administrativo accedía a la medida cautelar solicitada por el Partido Animalista contra el maltrato animal (PACMA), acordando la suspensión de la ejecutividad de la Orden de la Consejería de Medio Ambiente que declaraba la conformidad de la adaptación de las bases del espectáculo al decreto de la Junta que prohíbe la muerte de las reses de lidia en presencia del público en los espectáculos taurinos populares y tradicionales en Castilla y León, y del acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Tordesillas que aprueba las bases reguladoras del desarrollo del torneo del Toro de la Vega.
Maltrato y dolor a seres vivos dotados de sensibilidad
PACMA, según la Sala del TSJ, alega que la suspensión “no afecta a los intereses generales ni de un tercero, ya que se trata de un festejo, y debe primar la protección de un interés más vulnerable, evitando la horrorosa muerte del toro Manjar que le depara la ejecución del festejo”.
La solicitud de PACMA incluye la opinión de un veterinario que afirma que “la nueva Base Reguladora del Torneo de la Vega, al admitir el uso de hasta 7 divisas, instrumentos cortantes y punzantes que se clavarán en los músculos del toro, evidencia la existencia de maltrato: dolor, heridas y contusiones”.
PACMA sostiene que durante muchos años, hasta 2016, alancear al toro hasta la muerte en el evento taurino del Toro de la Vega ha sido causa de amplio rechazo social, superado desde hace seis años, cuando cambió la normativa.
Está en entredicho, asimismo, con la celebración del Toro de la Vega, el cumplimiento de la Ley 17/2021, de modificación del Código Civil, sobre el régimen jurídico de los animales, en cuyo preámbulo se señala que la reforma introducida busca sentar el principio de que la naturaleza de los animales es distinta de la naturaleza de las cosas o bienes, y que los animales son seres vivos dotados de sensibilidad.
Quiñones, de nuevo, responsable
La Sala considera al titular de la Consejería de Medio Ambiente, -de nuevo el polémico Juan Carlos Suárez-Quiñones, y al alcalde de Tordesillas, Miguel Ángel Oliveira, responsables “personal y directamente” de adoptar las medidas necesarias para que se asegure la efectividad de la medida cautelar adoptada.
Pero no canten victoria, porque contra este auto cabe recurso de reposición en el plazo de cinco días desde su notificación, y el torneo tiene la fecha fijada para dentro de cuatro días, el martes, día 13.
