Dicen que la primera valedora de Juan Carlos Suárez-Quiñones, actualmente consejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, fue la malograda Isabel Carrasco, asesinada a tiros en 2014, cuando era presidenta de la Diputación de León.
Sin embargo, también se recuerda que Soraya Sáenz de Santamaría tuvo un importante papel a la hora de catapultarle a la "alta política" de entre esos sagaces conservadores leoneses que se esforzaban por salir en las fotos junto a la entonces vicepresidenta del Gobierno de Mariano Rajoy cuando ambos, el gallego y la vallisoletana, se acercaban a la tierra de la cecina.
En esas lides, Quiñones, que provenía de la judicatura y colgó la toga para comenzar como subdelegado del Gobierno en León, nombrado por Rajoy en 2012, medía fuerzas con Antonio Silván, su predecesor en la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y después alcalde de León, y el mismísimo Alfonso Fernández Mañueco, antaño alcalde de Salamanca y después presidente de la Junta de Castilla y León.
Desde la Subdelegación en León, Quiñones saltó a la Delegación del Gobierno para sustituir a Ramiro Ruiz Medrano, que a su vez saltaba al Parlamento Autonómico en 2015, pero ocupó pocos meses el cargo, del que fue rescatado por el presidente Juan Vicente Herrera ese mismo año.
Fue entonces cuando comenzó su periplo como consejero de Fomento y Medio Ambiente primero y en la misma cartera, aunque con otro nombre, -Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio-, después, sobreviviendo al fin de la "era Herrera" y el cambio a la "era Mañueco", durante la que terminó afiliándose al Partido Popular, formación con cuya confianza había ocupado cargos institucionales durante ocho años.
El "incombustible" Quiñones, hábil en las relaciones públicas y en la oratoria, como buen jurista, de trato afable e impecable imagen, no ha pasado desapercibido a lo largo de esta década de carrera política durante la que dejó atrás los tribunales y un grupo musical nacido en su ámbito familiar, "Loly & Alborada", en el que tocaba la guitarra allá por los 70.
El ex-guitarrista ha protagonizado en los últimos años titulares polémicos y aperturas de informativos no excesivamente favorables a raíz de su aparición en pinchazos telefónicos policiales de los que finalmente salió indemne, si bien pocas veces se han escuchado tantas voces pidiendo su cese, o su dimisión, como las que corean, desde hace una semana, tras el dramático incendio de la Sierra de la Culebra, en Zamora, del que oposición y forestales le consideran responsable.
El último colectivo en pedir su cese inmediato, tras las voces unánimes de oposición, bomberos y otros trabajadores forestales, han sido los funcionarios de los Servicios Centrales de la Junta de Castilla y León, que ayer remitieron un comunicado a la Agencia ICAL en el que la Junta de Personal, por unanimidad, consideraba que es "un peligro público para la sociedad" tras "el desastre personal, medioambiental y económico del incendio".
"Yo soy la administración"
Fue sonada, en 2018, la difusión a través de los medios de comunicación de su participación en conversaciones captadas por la UDEF de la Policía Nacional tras el pinchazo al teléfono del también leonés José Luis Ulibarri, empresario que ingresó en prisión de forma provisional a consecuencia de su imputación en la trama corrupta " Enredadera", lo fue también en "Púnica" y ha sido condenado recientemente por "Gürtel".
Durante esa conversación telefónica, Quiñones informa al magnate de la construcción, -también dueño de varios medios de comunicación en la Comunidad Autónoma-, de una obra, la carretera Villadangos del Páramo-Valcavado, en la provincia de León, que había sido adjudicada a una empresa, Arcebansa, que en ese momento se encontraba en concurso, animándole a "recoger esa obra", y preguntando si no le "interesaría".
Ulibarri responde que no lo ha estudiado "porque estando en concurso, eso tiene que venir de la mano de la administración", a lo que el consejero contesta "pues yo te digo que yo soy la administración, venid a ver si os interesa".
La conversación continúa con el consejero instando al empresario a que hable con el jefe del Servicio de Conservación de carreteras para "que os de todos los datos de la adjudicación, el precio, pim pam, para que hagáis una valoración y veis si os interesa, y si os interesa, hacemos el traslado de la obra, macho, y adelante".
Cuando la conversación fue difundida, el consejero compareció voluntariamente en las Cortes de Castilla y León, defendiendo la legalidad de la cesión de contratos, si bien, a sus explicaciones sucedió la información que dio a conocer el PSOE acerca de la adjudicación de aquella obra, a la que, además de la empresa quebrada, se presentó otro centenar de firmas, que, en cambio, no recibieron la oferta de Quiñones para continuar con la obra de la LE-413.
No fue el único pinchazo de Enredadera en el que aparecía su nombre. Poco después se conocía otra conversación telefónica entre el empresario y una de sus hijas en la que aquel explicaba que había comido con "Pañuelín", apodo con el que se conoce al político, y que durante ese encuentro, le había adelantado varias obras que iban a salir a concurso. No extraña, por tanto, que en otra conversación interceptada que dio a conocer ElPlural.com, el empresario dijera que había dado orden de "cuidar" al político.
Contrataciones directas de test de antígenos
La Consejería de Medio Ambiente que dirige Juan Carlos Suárez-Quiñones también ha estado últimamente en el candelero a consecuencia de la adjudicación directa mediante el procedimiento negociado sin publicidad de test de antígenos a tres empresas, por 2,3 millones de euros, una de ellas, Biorama Guijuelo S.L., de la que es administrador único el ex-alcalde de Guijuelo, y ex-procurador en las Cortes regionales por el Partido Popular, Julián Ramos Manzano, que además, es consejero de Somacyl.
Precisamente es Somacyl, una sociedad mercantil con cualidad de empresa pública de la Junta de Castilla y León dependiente de la Consejería de Medio Ambiente, la entidad que adjudicó los contratos.
La secretaria de organización del PSOE en Castilla y León, , desveló en mayo que la empresa de Julián Ramos amplió en octubre del año pasado, sólo un mes antes de la adjudicación, el objeto social de su empresa cárnica, Biorama Guijuelo S.L., a "comercialización y distribución de productos farmacéuticos y sanitarios".
