Desestimadas todas las reclamaciones de nulidad y sobreseimiento de las defensas de los 12 acusados en las cuestiones previas planteadas, los primeros testigos que han comparecido este lunes ante la Sala de la Audiencia Provincial de Valladolid han comenzado a desencallar la travesía judicial de la ‘Perla Negra’, nombre —cargado de connotaciones cinematográficas— con el que se conoce al macroproceso por presunta corrupción que, después de una década de instrucción y varias suspensiones, arranca en la Audiencia y ha sentado en el banquillo a la antigua cúpula de la Consejería de Economía del Gobierno de Castilla y León y numerosos empresarios.
Varios funcionarios y exfuncionarios de las distintas divisiones de la Consejería implicadas en la compra del edificio cuyo apodo emula al del famoso barco de Piratas del Caribe han prestado declaración este lunes como testigos en este caso en el que se intentan esclarecer las circunstancias que rodearon la compra por parte de la Junta a la empresa Urban Proyecta de un edificio, aún inexistente en el momento de la adjudicación, en el que se pretendía agrupar distintas sedes de otros tantos organismos públicos, así como la compra de terrenos en el municipio vallisoletano de Portillo para un supuesto polígono industrial que naufragó.
“Se estaban cometiendo barbaridades irracionales”
“El hundimiento impune de una empresa pública” se titulaba el documento que un funcionario, jubilado en 2008 —el primero en denunciar el asunto y también en declarar en esta primera sesión— difundió en 2012 entre sus compañeros de Gesturcal —organismo artífice del contrato de alquiler con opción a compra de la ‘Perla Negra’— convencido de que en sus últimos años en la empresa “se estaban cometiendo barbaridades irracionales” que le indignaban.
El testigo achaca lo sucedido a la transformación de la empresa con la entrada de ADE Parques. “Entraron personas nuevas en Gesturcal que la llevaron a la ruina, 26 trabajadores, todos a dedo, familias de políticos y amigos de la empresa”, momento en el que se modificó, ha afirmado, el modo de plantear la adquisición de terrenos, con la intermediación de empresas en lugar del trato directo con los propietarios o expropiados, de forma que comenzó a estar en desacuerdo con las decisiones de la Consejería.
“Pedí la baja y me marché y llegamos a un acuerdo perfecto, porque ellos estaban deseando largarme, porque era el único funcionario de carrera y era el único que se atrevía a decir las cosas”, ha subrayado, motivo por el cual “era una persona molesta”.
Un único licitador y un precio indefinido
Por la Sala han pasado, además, varios funcionarios de Gesturcal y ADE Parques relacionados con la mesa de contratación que valoró la única oferta presentada para albergar la unificación de sedes de la Consejería: la de Urban Proyecta.
Los funcionarios han confirmado que, a pesar de que en ningún caso se les planteó la urgencia del procedimiento de adquisición del solar en el que finalmente se construiría el edificio, el plazo para la presentación de ofertas se redujo a la mitad —de 30 a 15 días— y, si bien la única empresa que se presentó cumplía todos los requisitos del pliego de condiciones, el problema estaba en el precio, puesto que “no estaba suficientemente determinada la valoración”, lo que provocó que se reclamaran tres informes de tasación distintos y finalmente se optara por la adjudicación a esa única oferta, condicionada a que, una vez construida la ‘Perla Negra’ se despejaran las “dudas sobre su precio”.
La fiscal del caso ha inquirido en diversas ocasiones a los testigos acerca de la posible existencia de presiones de algún tipo o manifestaciones de interés por alguna parte para que no se declarase desierta la adjudicación y saliese adelante lo antes posible, a lo que, sin referirse a presiones concretas, los declarantes han reconocido que sí se sabía que era una “necesidad imperiosa” y que “no se tenían elementos de juicio para poder declararlo desierto”, aunque “los sucesivos informes sobre el precio, en vez de aclarar, introdujeron más dudas”.
Cárcel, inhabilitación e indemnizaciones
Las peticiones de cárcel en este proceso sobre corrupción, considerado el mayor en la comunidad autónoma, difieren desde los 20 años que reclama la propia Junta como acusación particular —que sólo acusa a ocho de los doce encausados— y los 79 años que pide Fiscalía hasta los 221 a los que ascienden las calificaciones de la acción popular del Partido Socialista de Castilla y León.
Las penas más elevadas, 11 años de prisión, señaladas por la Fiscalía se solicitan para los exviceconsejeros de la Consejería de Economía, Rafael Hernando y Begoña Hernández, y el que fuera consejero delegado de Gesturcal, Juan Carlos Sacristán.
El PSOE incrementa sustancialmente esas cifras hasta los 34 años de cárcel para los exviceconsejeros y su inhabilitación durante 105 años; otros 22 años para los empresarios Alberto Esgueva (también antiguo cargo de Excal, Exportaciones Castilla y León) y Germán José Martín Giraldo y diversas peticiones desde los 11 a 18 años para el exconsejero delegado de Gesturcal-ADE Parques, Sacristán y el exdirector gerente de esa misma empresa pública, Salvador Molina, así como el resto de implicados.
El PSOE solicita, además, indemnizaciones por valor de más de 25 millones de euros por la pérdida patrimonial que arrojó la operación del edificio, así como otros 25 por la pérdida patrimonial derivada de la adquisición de fincas para el fallido polígono de Portillo.
Lo más alto de la pirámide de Economía
Los delitos que se investigan, en los que están implicados a través de complejas relaciones profesionales y personales políticos del Partido Popular y empresarios afines, son todo un abanico relacionado con la presunta corrupción a lo largo de varios años a partir de 2005 en lo más alto de la pirámide de ese departamento del Gobierno autonómico que en aquellos tiempos dirigía el ahora fallecido Tomás Villanueva, mano derecha del entonces presidente, Juan Vicente Herrera, —que declarará en el juicio el próximo 14 de marzo— y cuya repentina muerte sorprendió a propios y extraños en 2017, a los 64 años de edad.
El listado de delitos incluye prevaricación, revelación de secretos en concurso con tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, en los que, además de la cúpula de Economía, estarían envueltos los hermanos Francisco y Alberto Esgueva y otros empresarios: Germán José Martín Giraldo, Ángel Román Montes, Luis Antonio Recio, Luis Ángel Rodríguez y Carlos González.
Con respecto a la ‘Perla Negra’, la fiscal del caso sostiene que la actuación de los acusados dio lugar a que la Junta pagara por el inmueble 60 millones de euros —diez por encima de su valoración— además de otros diez en concepto de obras de acondicionamiento del inmueble que debería haber costeado la empresa.
En cuanto a los terrenos comprados en Portillo, que finalmente no albergaron el polígono industrial que supuestamente se planteaba instalar, se les acusa de haber inflado el precio de las fincas pagadas por el Gobierno autonómico hasta los 3,3 millones.
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