La primera sesión del juicio del macroproceso de corrupción por antonomasia en Castilla y León, el denominado caso ‘Perla Negra’, se ha cerrado a mediodía de este lunes con la suspensión de la vista hasta el lunes próximo, cuando la Sala se pronunciará sobre las peticiones de los letrados de las defensas de los 12 acusados, que reclaman la nulidad de actuaciones, sobreseimiento del caso y prescripción de los delitos, después de 10 años de instrucción.

Los abogados de Rafael Delgado, ex viceconsejero de Economía, su sucesora, Begoña Hernández, Juan Carlos Sacristán, ex consejero de Gesturcal y Alberto Esgueva, que lo fue de otra empresa pública, Excal, del Gobierno autonómico, se agarran a la ausencia de certificación del Juzgado de Instrucción 2 de la ingente información remitida —18 tomos, 5 cajas de documentación, 7 archivadores, y un archivo de vídeo— para esgrimir la indefensión de sus representados, la dilación indebida del proceso y la prescripción de los delitos, razones por las que plantean nulidad de actuaciones, nulidad del auto de apertura de juicio oral y sobreseimientos.

“Burdo, ilegal y perverso”

El letrado que representa a Esgueva, en concreto, cargó contra los escritos de acusación de la Fiscalía y la acción popular del PSOE, que calificó de “burdos”, “ilegales” y “perversos”.

“Ni el fiscal ni el PSOE han formalizado un verdadero escrito de acusación, sino sendos ejercicios de señalamiento que no tienen nada de acusatorios” y que son “deficientes e ilegales”, afirmó el abogado, en base a que el hecho de que su defendido fuera director de la empresa pública, conociera al viceconsejero Delgado y además fuera hermano de otro encausado, no supone que fuera beneficiado por las operaciones, algo por lo que se le piden 26 años de prisión.

A todo ello, la Fiscalía y la acción popular alegaron que el letrado se había adelantado a la vista y a las pruebas que puedan juzgarse. “Normalmente en este tipo de operaciones no nos vamos a encontrar con que hayan grabado en vídeo determinadas conversaciones en las que se hayan puesto de acuerdo, pero eso es una cuestión de prueba”, afirmaba la fiscal.

“Si se mencionan las relaciones que pueda tener con personas o empresas, se hace a efectos de que se comprenda el porqué de los beneficios obtenidos por esta persona”, añadía el letrado del PSOE de Castilla y León.

Una denuncia anónima

El letrado de Delgado leyó ante la Sala la denuncia anónima que abrió el melón del caso, dirigida a la Fiscalía Especial contra la corrupción y criminalidad organizada: “Debería de conocer la situación en que se encuentra la Junta de Castilla y León, y concretamente la Consejería de Economía y Empleo. No creo que no haya interés en otro caso Gürtel en los medios de comunicación. Todos los datos que aparecen en este escrito son reales y fácilmente demostrables. Por favor, no sea cómplice de esta situación”.

El caso ‘Perla Negra' se remonta a los primeros años 2000 y se refiere a la compra de un edificio y adquisición de unos terrenos en el término municipal de Portillo (Valladolid), destinados, supuestamente, a la implantación de un polígono industrial en esa zona que nunca se llevó a cabo.

Con respecto al edificio de la conocida como ‘Perla Negra’, la fiscal del caso sostiene que la actuación de los acusados dio lugar a que la Junta pagara por el inmueble 60 millones de euros y en cuanto a los terrenos de Portillo, se les acusa de haber inflado el precio de las fincas pagadas por el Gobierno autonómico hasta los 3,3 millones, dinero público que no tuvo ninguna repercusión positiva para la ciudadanía.

Testigos y penas

Entre los testigos que se espera desfilen por el juicio —si finalmente no vuelve a aplazarse, como ya ocurrió en 2022, cuando la Sala decidió devolver el asunto al Juzgado de Instrucción por motivos semejantes a los alegados hoy por las defensas— figuran el ex presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y la ex consejera de Economía, Pilar del Olmo.

En cuanto a las peticiones de penas, oscilan entre los 79 años que pide la Fiscalía para los 12 imputados, los 221 años que solicita la acción popular del Partido Socialista y los 20 años que pide la acusación particular de la Junta de Castilla y León para 8 de los 12 encausados.

Síguenos en Whatsapp y recibe las noticias destacadas y las historias más interesantes