Todo discurría según el guión en las Cortes de Castilla y León hasta eso de las tres de la tarde, después de dos días de Pleno de Presupuestos, y en la recta final de la aprobación parlamentaria de las leyes más importantes del año.

PP y Vox habían sacado adelante su proyecto de presupuestos para la Comunidad Autónoma en 2023, el primero del gobierno de coalición, con el único apoyo de sus 44 procuradores, sin aprobar una sola de las enmiendas de la oposición, y escuchando la pitada de un millar de sindicalistas convocados por UGT y CCOO a las puertas de la sede parlamentaria de Valladolid.

Sin embargo, superada con su mayoría absoluta (44 de 81) la votación del proyecto de Presupuestos para 2023, tocaba pasar a la votación de la Ley de Medidas Financieras, Tributarias y Administrativas que lo acompañaba, para que el articulado tuviera sustento económico.

Los 44 procuradores se marcaron un “Casero”, y, votaron sí a las enmiendas del PSOE contra su propia Ley, de modo que, para evitar que la propuesta de los socialistas saliera adelante, se vieron obligados después a votar en contra de su propio texto.

Eso sucedía más de una hora y media después de que el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, consumado el desastre, suspendiera la votación, entre las protestas de la oposición y las quejas de los grupos parlamentarios del gobierno autonómico, que consideraban que el punto que se votaba no se había formulado correctamente.

Estupor, prisas, consultas apresuradas a los letrados para “deshacer el entuerto”, y finalmente, la única solución que permitía a PP y Vox asegurar los fondos autonómicos necesarios para que el presupuesto no quedara cojo: rechazar su ley y rehacerla, tramitándola de nuevo como proposición de ley a la mayor celeridad posible.

Sin embargo, el Presupuesto 2023 de Castilla y León entrará en vigor el 1 de enero sin que haya dado tiempo a subsanar la ausencia de una Ley de Medidas que ponga en marcha las rebajas fiscales anunciadas sobre el IRPF, entre ellas, las bonificaciones a las familias numerosas, que fueron anunciadas a bombo y platillo y que ahora tendrán que esperar, si bien desde la Junta se asegura que cuando se aprueben, se aplicarán retroactivamente.

2.000 enmiendas al articulado rechazadas

En todo caso, y a la espera de que la maniobra legal se emprenda y se corrija el desaguisado, Mañueco y Gallardo han sacado adelante sus primeros presupuestos, en solitario, de espaldas al resto de los grupos políticos de la Cámara (son ocho en total), rodeados de una multitudinaria protesta convocada en el entorno de las Cortes de Castilla y León por UGT y CCOO, y después de rechazar las más de 2.000 enmiendas presentadas por PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos, Soria Ya, Unión del Pueblo Leonés y Por Ávila.

Los sindicatos escenificaban esta mañana su “Rodea las Cortes”, una iniciativa a la que han acudido más de un millar de sindicalistas de ambas centrales de toda la Comunidad Autónoma, para denunciar la ilegalidad e inconstitucionalidad, en su opinión, de algunas de las medidas que contienen las cuentas, primeras del gobierno ultra.

La rendición del presidente de la Junta

Los presupuestos para 2023 han sido calificados por el líder de los socialistas, Luis Tudanca, como una "rendición" del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, a su socio de gobierno, puesto que han desaparecido de la ruta la Agenda 2030 y la financiación de instrumentos relacionados con el diálogo social, y, en cambio, aparecen partidas para luchar contra la violencia intrafamiliar, uno de los caballos de batalla de los de Abascal, que pretenden así imponer su negacionismo sobre la violencia de género.

Ni una sola de las más de 2.000 enmiendas ha pasado el filtro del tándem derecha-ultraderecha, ni siquiera las que planteaban inversiones en sanidad y educación, planes para la reducción de las listas de espera, para atajar la despoblación, para reducir los efectos de la guerra en Ucrania en los bolsillos de los castellanos y leoneses, en apoyo a las pymes, a familias o a los autónomos.

Rotos los consensos, tras dos jornadas intensas de votación de lotes de enmiendas, todas ellas rechazadas, y un debate estéril que todos los grupos sabían no llevaría a ningún avance, el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, -también Vox-, ha desoído, además, la decisión de la Mesa de votar por “llamamiento” a los procuradores, es decir, de uno en uno, para una de las enmiendas, de Ciudadanos, en favor de los enfermos de ELA, cuya aprobación habría supuesto el apoyo a los Presupuestos del procurador de este grupo, Francisco Igea, según anunció él mismo hace unos días.

“Barbaridad jurídica y atropello político”

De “barbaridad jurídica” y “atropello político” calificó el secretario general de CCOO, Vicente Andrés, esta mañana, durante la protesta de un millar de sindicalistas de ambos sindicatos alrededor de las Cortes, bajo fuerte control policial, la aprobación de los Presupuestos, que consagran la desaparición del SERLA (Servicio de Relaciones Laborales) que Vox calificó de “chiringuito”, en el que participan los miembros del diálogo social, y que asume la mediación en conflictos colectivos e individuales en la Comunidad para evitar la vía judicial.

El SERLA, que funciona con éxito desde hace casi una década, producto del acuerdo del diálogo social, tenía un presupuesto que rondaba los 700.000 euros, que ahora ha desaparecido, pero ahorraba más de 3 millones al año sólo en Valladolid, según los cálculos de la presidenta de la Confederación Vallisoletana de Empresarios, Ángela de Miguel.

A partir del 1 de enero, los 7 trabajadores de este servicio público y los letrados, trabajadores sociales y expertos economistas que colaboraban en la resolución de conflictos cobrando cantidades mínimas, tienen un incierto futuro.

“Los presupuestos recortan derechos, limitan la actividad sindical y las políticas públicas del servicio público, protección a trabajadores, mujeres e inmigrantes, y son un retroceso”, afirmaba Andrés, que volvía a calificar al presidente de la Junta, Mañueco, como un rehén de “un secuestro” y le pedía que volviera a la normalidad.

Por su parte, el secretario general de UGT, Faustino Temprano, añadió que los presupuestos para 2023 “nacen muertos”, y que abandonan partidas para prevención de riesgos laborales y colectivos más desfavorecidos.

Temprano concluyó pidiendo a Mañueco que “cese ya a los consejeros de Vox o convoque elecciones anticipadas”.