Les Corts Valencianes ha rechazado una proposición no de ley (PNL) de Compromís que insta al Ejecutivo de Carlos Mazón a tipificar como delito en el Código Penal las pseudoterapias de conversión sexual a personas LGTBI. Partido Popular y Vox han votado en contra de la iniciativa impulsada por los regionalistas. Conservadores y ultraderechistas introdujeron enmiendas en la Ley 8/2017 integral del reconocimiento del derecho a la identidad y a la expresión de género en la Comunitat Valenciana, más conocida como Ley Trans.
Las modificaciones de PP y Vox, incluidas en la ley de acompañamiento a los presupuestos de 2025, delimitaron que, a pesar de que quedan prohibidas “las terapias que puedan suponer una agresión o intimidación a la persona trans”, es posible acogerse a “acompañamiento siempre y cuando se opte” a ello de manera “libre y voluntaria”. Así lo recordó el diputado de Compromís Francesc Roig, quien en su intervención defendía la urgencia de considerar estas pseudoterapias como delito para facilitar la protección de las víctimas.
Exigencia que comparte con la proposición de ley orgánica registrada en el Congreso por Sumar, Podemos, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Bloque Nacionalista Galego (BNG) y Junts per Catalunya, a propuesta de la asociación No es Terapia y que busca establecer penas de uno a cuatro años de prisión para quienes fomenten estas iniciativas. Roig denunció a su vez los cambios introducidos por PP y Vox a la Ley Trans y que parten del acuerdo presupuestario entre ambas formaciones.
Por su parte, la diputada del PSPV Cristina Martínez continuó por los mismos derroteros que Roig. La socialista denunció las enmiendas introducidas por conservadores y ultraderechistas, destacando que las “mal llamadas terapias de conversión” son un instrumento “cruel e inhumano” que no debería “haber existido nunca”. “No es terapia, es tortura”, espetó al anunciar el apoyo de su grupo a la iniciativa de los regionalistas valencianos.
El PP habla de sentido común
La diputada del PP Verónica Marcos defendió este jueves que su formación “nunca ha avalado ni avalará las terapias de conversión”, recalcando que están “prohibidas y lo seguirán estando”. Acusó a la izquierda de difundir un “bulo” sobre los cambios en la Ley Trans impulsados por el actual Consell y justificó las modificaciones como una forma de introducir “protocolos reales” con “supervisión médica y psicológica”, al considerar la ley anterior como “ineficaz”.
Marcos no se quedó ahí y cargó contra el anterior Gobierno del Botànic, al que acusó de haber ignorado las denuncias relacionadas con terapias de conversión. “Las guardaron en un cajón hasta que caducaron y no se personaron en ningún procedimiento”, aseguró. En contraste, defendió que el actual Ejecutivo autonómico sí ha remitido los casos a Fiscalía: “Ellos hicieron leyes de postureo que luego no cumplieron”.
Desde Compromís, el diputado Carles Esteve replicó con dureza y recordó que la vicepresidenta y consellera de Igualdad, Susana Camarero (PP), prometió personarse en todos los delitos de odio contra el colectivo LGTBI, pero “no lo han hecho en ninguno”, según una respuesta parlamentaria del propio Consell. Además, ironizó sobre la postura del PP, que recientemente votó a favor de una propuesta similar en la Diputació de València: “¿Hay dos PP? ¿Estáis ya tan perdidos?”.
Por su parte, la diputada de Vox Ángeles Criado avivó la polémica al defender el “derecho a recibir acompañamiento” en situaciones de “confusión de identidad”. Aseguró que cualquier persona tiene libertad para elegir a quien le oriente “según sus creencias religiosas” si así lo desea voluntariamente, unas palabras que generaron indignación en la izquierda.
Tanto el PSPV como Compromís rechazaron de plano estas declaraciones, calificándolas de “transfobia” y “fanatismo religioso”. La diputada socialista Mercedes Roig fue contundente con Vox: “El pecado es el que hacéis vosotros, y lo pagaréis más pronto que tarde”, reivindicando el derecho a ser y vivir con libertad.
El debate se enrareció aún más cuando el pleno de Les Corts rechazó una proposición no de ley presentada por el PSPV. La iniciativa buscaba instar al Consell a rectificar el rumbo en materia de cooperación internacional y recuperar políticas basadas en los derechos humanos. La propuesta fue tumbada con los votos en contra de PP y Vox, confirmando una vez más el giro conservador de la legislatura.
