La gestión de las residencias de la Comunidad de Madrid se ha convertido en un campo abonado para los detractores de la administración de Isabel Díaz Ayuso. La presidenta regional lo sabe, y ante los escándalos derivados de su actuación, considerados incluso como ilegales por su propio consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, las cabezas pensantes de la comunicación popular han decidido verter toda su maquinaria propagandística sobre Pablo Iglesias y su vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030.

El PP arrancó acusando al vicepresidente de tener las competencias de las residencias en su poder, inculpando posteriormente al Ministerio de Sanidad de solicitar encerrar a los ancianos en sus habitaciones. Un plan potente comunicativamente que, sin embargo, se descose por la cantidad de fisuras del argumento base. Las competencias de las residencias son de las comunidades autónomas al amparo del artículo 148 de la Constitución Española y del artículo 11 de la Ley de Dependencia, que establece que las administraciones regionales deben encargarse de gestionar los servicios necesarios, establecer los procedimientos de coordinación sociosanitarios que procedan, inspeccionar el cumplimiento de los estándares de calidad y evaluar periódicamente el funcionamiento del sistema en su territorio.

Con la llegada del estado de alarma y el mando único muchos podrían pensar que las competencias se derivaron hacia el Gobierno. Nada más lejos de la realidad, como demuestra tanto el BOE de 21 de marzo como el del 24 del mismo mes. El Boletín Oficial del Estado marcaba expresamente que correspondía “a las autoridades sanitarias competentes de cada comunidad autónoma dictar las resoluciones, disposiciones e instrucciones interpretativas que, en la esfera específica de su actuación, sean necesarias para garantizar la eficacia de lo dispuesto”.

Agotado ese cauce, empezó la siguiente carta de la baraja popular: la falta de financiación prometida. El argumentario dictado por Casado tiene como punto clave de su operativo de disuasión preguntar a Pablo Iglesias por los 300 millones que prometió para las residencias: “Para el Gobierno es una prioridad absoluta responder a la situación que se está originando en los centros de mayores, y este fondo de 300 millones va a emplearse para este fin”, dijo Iglesias durante una rueda de prensa en Moncloa el pasado 19 de marzo. 

Pero ¿es cierto que el dinero no ha llegado?

Para empezar, merece la pena destacar que los 300 millones de euros no eran exclusivamente destinados a las residencias. El Real Decreto-ley 8/2020 de 17 de marzo, que fue aprobado en el marco del Consejo Interterritorial de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia del pasado 20 de marzo, incluía esos 300 millones cuyo fin era reforzar las plantillas, la teleasistencia a domicilio, adquisición de medios de protección… un compendio de gastos tanto directos como indirectos para subsanar y atajar el problema que el PP recibió.

Y es que, tal y como desveló el propio consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid y secretario de Justicia e Interior a nivel nacional en Génova, Enrique López, en una entrevista concedida a El Confidencial el pasado 12 de junio, “el 19 de marzo hizo [Iglesias] una rueda de prensa junto al ministro de Sanidad donde, además de comunicar la aprobación de una orden ministerial de Sanidad, que se trataba sobre centros de mayores y cómo atenderlos en caso de coronavirus, advertía de que iba a ofrecer dinero, que efectivamente llegó a las comunidades autónomas”.

Lo sabían. Y mintieron. Pero esto no acaba ahí, ya que la falsedad es mucho más dilatada en el tiempo. Maldita.es ha publicado este viernes una noticia donde detalla cómo han invertido este montante algunas comunidades autónomas. Una de las regiones que contestó a sus preguntas fue la Comunidad de Madrid, asegurando que ya se estaba usando el dinero para contratación de personal del ámbito de los Servicios Sociales, para plazas de acogida y emergencia, entre otras cosas”. “Un ejemplo [donde se ha invertido el dinero] es el centro de acogida de menores con padres ingresados por coronavirus”, explican. El día de ese email, como se puede ver en el pantallazo adjuntado en la noticia del medio previamente mencionado, fue el 12 de mayo a las 9.36 horas, cuatro días después de que el Gobierno suministrara el dinero prometido a las administraciones autonómicas.

Una explicación de hace un mes y una semana que resulta definitiva para concluir que el PP mintió a sabiendas de que lo estaba haciendo. Y no mintió uno de sus cargos electos, no, lo hicieron con pompa y alevosía desde la cuenta institucional de la Comunidad de Madrid, donde realizaron un extenso hilo en Twitter un mes depués de reconocer que estaban invirtiendo el dinero: “Pablo Iglesias asumió las responsabilidades bajo el mando único y anunció 300 millones para las residencias, ¿dónde están? Lo único que ha hecho es lo mejor que sabe hacer: politizar el dolor”, sentenciaron el 8 de junio.

Mensaje reproducido por algunos de sus más prolíficos difusores de bulos en Twitter, como la diputada Almudena Negro tres días después: “Las residencias no tienen ni idea de dónde están los 300 millones que les prometió Iglesias”, decía. Es más, incluso se permitía la licencia de bromear a sabiendas de que anclaba sus argumentos sobre falsedades, contestando con emoticonos a aquellos que decían que el dinero se lo habría gastado el PSOE en los ERE.

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Más de 300 millones

Para más inri, el Gobierno anunció el martes 17 de marzo que permitiría a los ayuntamientos gastar hasta 300 millones de su superávit en atención social. Por lo que Madrid ha podido contar con 600 millones extra para hacer frente a la pandemia en las residencias gracias a la flexibilización de la regla de gasto en cuestiones que tengan que ver con atención a la dependencia, servicios sociales y todo tipo de problemas de índole social asociados al coronavirus.

Aspecto que poco importó a Andrea Levy para salir el 11 de junio en Al Rojo Vivo (laSexta) a preguntarse dónde estaban los fondos prometidos por Iglesias. Misma mentira, mismo partido, distintos protagonistas: “¿Por qué se ha desentendido de esta cuestión? ¿Dónde están esos 300.000 millones que dijo que se iba a poner a servicio del Covid y las residencias? ¿Por qué el Gobierno deja la pelota en el tejado de las comunidades cuando tiene él el mando único ahora mismo?”, se preguntaba la concejala popular.