Alfonso Fernández Mañueco convocó elecciones el pasado mes de diciembre con la mirada puesta en la mayoría absoluta. Esa mayoría que no consiguió en 2019, cuando el PSOE ganó las elecciones y el Partido Popular cosechó los peores resultados, pero que consiguió salvar con un pacto con Ciudadanos, a quienes terminaría apuñalando por la espalda, y que ahora busca para replicar los anteriores gobiernos populares en la comunidad. Las encuestas le dejan muy alejado de este objetivo, y necesitaría a Vox para formar gobierno. ¿Qué pasaría de no conseguirlo? ¿Pactará Mañueco con la ultraderecha? ¿Qué panorama le espera tras el 13 de febrero?

Esta última pregunta es la que más certezas vislumbra. Y es que al futuro del PP en Castilla y León le esperan muchas sombras y manchas que pueden afectarle de herida mortal. ¿Por qué? Aquí entran en juego las citas con la justicia que tiene la formación y varios de sus miembros por los casos de corrupción vinculados con sus casi 35 años en las instituciones de Castilla y León.

Ya en enero han empezado a desfilar por los juzgados algunos dirigentes del PP, aunque sin colaborar con la justicia, como dijeron que así lo haría. Es el caso del presidente del PP de Salamanca y presidente de la Diputación, Javier Iglesias, que se negó a declarar ante el juez amparándose en su derecho a no declarar debido a que la citación está recurrida.

En este caso se investiga un presunto delito de financiación ilegal, donde altos cargos políticos y orgánicos de la formación salmantina habrían decidido de manera espontánea hacer “donaciones altruistas” para pagar las cuotas atrasadas de afiliados para que pudiesen votar en las primarias - un total de 24.140 euros de empresarios-. Fue en estas Primarias en las que Alfonso Fernández Mañueco consiguió llegar al liderazgo del PP de Castilla y León en una competición con Antonio Silván (exconsejero de Fomento, exalcalde de León y actual senador por León), el candidato de Juan Vicente Herrera. Es esta cuestión la que puede poner al propio Mañueco en apuros.

El 14 de marzo, una fecha en rojo en el calendario

Pero la situación es más grave. En proceso judicial están los casos de la Perla Negra y la Trama Eólica. El 14 de marzo comienza el juicio de la Perla Negra, y tendrá como foto principal la del expresidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, declarando como testigo en una causa que se empezó a instruir en 2013. Entre los acusados están los que fueron viceconsejeros de Economía, Rafael Delgado y Begoña Hernández.

En este caso se investigan los delitos relacionados con la compra de la sede de Economía y de terrenos para el fallido polígono de Portillo -el edificio no iba a costar más de 41 millones de euros, y se terminó pagando 70-. Figuran imputadas doce personas, entre ellas la cúpula de la Consejería de Economía. Además, tres de los procesados, Rafael Delgado, los empresarios Francisco y Alberto Esgueva y José Martín Giraldo también están inmersos en la Trama Eólica.

Por su parte, la Trama Eólica es la mayor trama de corrupción de la comunidad y por la que la Fiscalía pide penas de hasta 42 años de cárcel y 239 millones de euros de multa para ex altos cargos de la Junta y los empresarios encausados, que en cómputos globales suponen una suma de 848 millones en concepto de multas y 138 años de cárcel. Por ella se ha condenado a la Junta al pago de una fianza de 24,1 millones de euros por considerarse responsable civil subsidiaria de esta trama corrupta en la concesión de licencias para parques eólicos.

Con esta trama, antiguos cargos de la Junta gobernada por el PP se repartieron mordidas de 75 millones de euros entre los años 2000 y 2015. Lleva en investigación judicial cuatro años y su juicio todavía está pendiente de fijar.