En Galicia, aunque no oficialmente, se está en campaña electoral. Así lo dice la agenda mediática del aspirante a la reelección, Alberto Núñez Feijóo, quien al debut en la ‘nueva normalidad’, va sumando ladrillos o piedras de O Porriño al castillo que, como señalan la mayor parte de las encuestas, le ha de llevar a repetir al frente del Gobierno gallego el 12 de julio.

Para ello, tras dar el visto bueno a las verbenas que tantos adeptos tienen en las aldeas de Galicia -aunque sin aclarar cuestiones importantes relacionadas con los posibles contagios-, ha aprovechado para meterse en el tema económico, vía miedo a los cierres de empresas.

Lo ha hecho a raíz de lo que sucede con Alcoa. Núñez Feijóo se ha servido de este conflicto laboral que, de confirmarse, provocará la perdida de muchos puestos de trabajo. A través de los problemas de la fábrica de la Mariña lucense, no para de hacer política del estilo de la que, ahora mismo, gusta al máximo responsable de su partido en Madrid; eso sí, por si acaso, con tono moderado.

Varios ejemplos de esto se han dado en los últimos días, siempre con el común denominador de agitar el proyecto de ley de Cambio Climático, que aún tiene que seguir los trámites parlamentarios. En ella se hace referencia a la normativa en materia de costas, el ariete que ahora ha hallado el candidato del PP para arremeter contra el Gobierno que preside Pedro Sánchez.

Desde la candidatura del socialista Gonzalo Caballero, su número uno por A Coruña, Pablo Arangüena, fue contundente el jueves en Muros al denunciar la “campaña de difamación y mentiras” del PP, con el presidente gallego a la cabeza, para tratar de lograr votos basándose en meter miedo con la supuesta afectación industrial que los cambios de la normativa estatal puede provocar.

Sector conservero y...

En Galicia, hablar de sectores como el conservero son palabras mayores, no en vano, en la actualidad, esta región es, si no la más importante, una de las más destacadas a nivel mundial. A él se refirió Núñez Feijóo aludiendo al presunto riesgo de desaparición al que se enfrentan, asegurando que “sería un error histórico prescindir” de este tipo de industrias.

Tirando del manual seguido por el líder de su formación, Pablo Casado, recurrió al tremendismo al afirmar hace unos días que el citado proyecto de ley encierra “por la puerta de atrás” un cambio en la normativa de costas. Su conclusión: en peligro más de 100 empresas, 3.000 empleos y alrededor de 5.000 edificaciones marítimo terrestres.

La acusación se ha convertido en recurrente para los ‘populares’, y siempre con un culpable, Pedro Sánchez, y un paradigma, el cierre que se cierne sobre Alcoa, cuyos trabajadores volvieron a cortar ayer viernes el tráfico en la conexión de la A-8 con la vía rápida autonómica AG-64.

Sin embargo, tal vez el ejemplo más claro de estas acusaciones, lo protagoniza una de las industrias que ha tenido el respaldo del PP que, incluso, la ha utilizado con frecuencia contra nacionalistas y socialistas: la fábrica de pasta de papel que ENCE tiene en plena Ría de Pontevedra.

La factoría de celulosa está ubicada en la zona de Placeres, entre la capital de las Rías Baixas y el municipio de Marín, desde la época del dictador Franco. La importancia que tiene desde un punto de vista económico es indudable, puesto que pertenece a una de las grandes empresas que cotizan en el selectivo IBEX 35.

ENCE, el conflicto sempitermo

En la actualidad, está pendiente de cuestiones judiciales que han de determinar su continuidad o no en ese mismo sitio al haberse agotado el tiempo de concesión administrativa de explotación del suelo público y sus consiguientes prórrogas. La última de 60 años más la concedió el Gobierno de Mariano Rajoy, pero en 2019 un informe de la abogacía del Estado la puso en entredicho. Ahora está pendiente de una resolución definitiva.

No obstante, el Ejecutivo de Núñez Feijóo lo tiene claro y en su estrategia de expandir la teoría del miedo no dudó este miércoles en dar a conocer el acuerdo firmado con la factoría pontevedresa, en materia de empleo joven, a través de su vicepresidente, Alfonso Rueda .

Y da igual que desde el PSdeG, Pablo Arangüena haya restado credibilidad a la campaña “irresponsable” del candidato 'popular' que califica de “falacias perjeñada con la única intención de generar incertidumbre e inseguridad”, porque la estrategia está en marcha y no va a cambiar. El dirigente socialista recordó que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, se comprometió en sede parlamentaria a no dejar de lado a los sectores a los que se refiere el presidente gallego.

Del mismo modo, el Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, negaba también este jueves en Ser Galicia que estuviera en marcha modificación alguna de la ley de costas, de hecho “lo que hace la ley de Cambio Climático es incorporar la previsión que la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas de 2003 establece con los períodos concesionales”, fijados en 75 años. “Por cierto, 75 años límite que son 25 más de los que establece la ley de pesca gallega”, agregó Morán. Pero además, “lo que se establece con esta incorporación es añadir seguridad jurídica”, sin perjuicio de que el ese plazo máximo pueda incrementarse.

La conclusión a la que llega el alto cargo de Medio Ambiente es que “todo esto obedece a una estrategia electoral, más que a otra cosa”. Lo que pretende el nuevo proyecto de ley de Cambio Climático es poner en marcha “un mecanismo de orden jurídico y seguridad física que afectan a sus actividades”, señaló Hugo Morán para añadir que “llevamos meses hablando con las empresas que están informadas desde el minuto uno”.

Antes de la pandemia, las encuestas que daban la victoria de Núñez Feijóo lo hacían por la mínima y en los mejores escenarios para su partido. La baja afectación del COVID-19 en Galicia parece que se traduce en mayores respaldos para el candidato del PP. Se desconoce el efecto que la entrada en la campaña por parte de Pedro Sánchez puede tener en positivo para los socialistas. Quizás en esto se apoye la campaña del aspirante 'popular'. No obstante, a juicio del secretario de Estado de Medio Ambiente, “jugar con este tipo de estrategias para intentar arañar beneficios electorales creo que es, como poco, imprudente”.