El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, sorprendió a todos con el anuncio del adelanto electoral, rompiendo su acuerdo de Gobierno con Ciudadanos justificándolo en el riesgo de una moción de censura inminente del PSOE y una traición de los naranjas en la negociación de los Presupuestos para 2022. Aunque estos han sido los motivos que ha dado el presidente, en el calendario de este nuevo año figuran otras citas que pueden suponer un antes y un después para el PP de Castilla y León. Diferentes tramas corruptas llegan a juicio y varios ex altos cargos de la Junta y actuales miembros del PP tienen que responder ante el juez.

Un ejemplo es la investigación que hay abierta por la supuesta financiación irregular del PP de Salamanca durante las primarias de 2017, en las que se dio la victoria interna a Fernández Mañueco. Este es el caso más íntimamente ligado al actual presidente de la Junta, ya que se trata del proceso de primarias que le llevó a liderar la formación a nivel autonómico.

Se investiga el pago de 24.140 euros en cuotas de afiliados del PP de Salamanca que se abonaron sin justificar. Altos cargos políticos y orgánicos de la formación salmantina habrían decidido de manera espontánea hacer “donaciones altruistas” para pagar las cuotas atrasadas de afiliados para que pudiesen votar en las primarias.

El juez instructor lo califica como donación ilegal e imputa un delito de financiación ilegal. La sospecha es que se pagaron deudas de afiliados del partido para que pudieran votar a favor de Mañueco -por entonces alcalde de Salamanca- y saliera victorioso frente a su contrincante, Antonio Silván (exconsejero de Fomento, exalcalde de León, actual senador por León y candidato de Juan Vicente Herrera, expresidente de la Junta).

El 30 de diciembre estaban llamados a declarar ante el juez el PP de Salamanca como persona jurídica, el presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, y la gerente del partido, María Isabel Sánchez. No obstante, han logrado aplazarlo hasta el 14 de enero.

Este caso se archivó en junio de 2019, pero se reabrió un año después, en junio de 2020. En un primer momento, se trató de una denuncia anónima de alguien que aseguraba ser militante de la formación. La segunda querella fue de otro militante popular de Valladolid que afirmó que se utilizaron 60.000 euros del dinero B del PP con este fin.