Los concejales de Más Madrid y el PSOE en el Ayuntamiento de Madrid han abandonado la Comisión de Vigilancia de la Contratación después de que no haya acudido el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, cuya declaración había sido solicitada para aclarar el contrato de soterramiento de la A-5 que investigará la Fiscalía Anticorrupción. Así lo han indicado ambos partidos a través de sus canales oficiales. La edil de Más Madrid Esther Gómez ha tachado de "falta de respeto" la decisión de Carabante de no comparecer y por ello han decidido levantarse de la sesión.
"Volvemos a hablar de contratos que se han dado a familiares o amigos. No es el primer caso. Recordemos lo que ocurrió con el primo de Almeida, comisionistas que vinieron de su mano y que se adjudicó a dedo por un contrato de mascarillas. Recordemos también el caso del tío de Fanjul y ahora tenemos el caso del hermano de Carabante", indica la concejal de Más Madrid. "Estamos hablando de dos contratos de casi cuatro millones de euros de dinero público que se han concedido a la empresa donde trabaja el hermano de Carabante. No se retiró de la adjudicación en tiempo y forma en hasta dos ocasiones habiendo solo un plazo de cuatro meses entre un contrato y otro", denuncia explicando el caso.
"Estamos hablando de que hay muchas irregularidades que no están claras por si se benefició de alguna forma con la puntuación en los apartados subjetivos a la empresa Subterra y cómo después se han dado otro tipo de contratos a las empresas que no salieron adjudicatarias en ese momento en un reparto del pastel que nadie comprende. Estamos hablando también de que hay un contrato menor previo a esta situación que se le dio al hermano de una de las subdirectoras generales de Almeida, al vicedecano de la directora general, Lola Ortiz, por redactar unos pliegos de la A-5 que fueron adjudicados el mismo día que se firmaban los pliegos de la A-5. Todo huele muy mal y huele peor que hoy no haya venido Carabante, que no deja de poner la duda de corrupción sobre clientelismo a familiares y amigos del Partido Popular", señala Gómez indicando que desde su partido no van a "participar de este juego que se trae el Partido Popular usando las administraciones públicas y el dinero público para sus intereses, los de sus familiares y sus amigos".
Por su parte, Enma López, concejal del PSOE en el Ayuntamiento ha explicado que "había siete concejales del Partido Popular y de Ciudadanos y ninguno de ellos era el que tenía que estar: Borja Carabante". "Es la persona que habíamos llamado a comparecer para que nos explicase por qué ha contratado con su hermano", comentaba asegurando que en el Ayuntamiento "no hay nada mejor que ser familiar de alguien del Partido Popular". Además, ha criticado la decisión que ha tomado el delegado del área de Medio Ambiente y Movilidad mandando a un técnico para no dar explicaciones. "Además de ser un mal concejal, es un mal jefe. Ha mandado al pobre secretario general técnico. No es la forma en la que este gobierno debe actuar y por eso vamos a seguir pidiendo explicaciones", ha anunciado.
Por su parte, el secretario general técnico del área ha sido quien ha tenido que dar explicaciones a la oposición por los presuntos contratos irregulares afirmando que Carabante "se abstuvo en el momento en el que sabe que Subterra (la empresa en la que trabaja su hermano como delineante) es adjudicataria" del contrato del proyecto para soterrar la A-5.
"Lo normal es que el delegado no sepa qué empresas se han presentado a los cientos de contratos en licitación. No se pudo abstener antes y, de hacerlo, hubiera sido sospechoso", ha defendido por su parte el secretario general técnico.
Adjudicar dos veces a la empresa de su hermano
La Fiscalía Anticorrupción abría diligencias de investigación al Ayuntamiento de Madrid a principios de febrero por la adjudicación del proyecto de soterramiento de la A-5. Entre las personas señaladas se encuentran el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, el delegado de Movilidad y portavoz de la campaña del 28-M, Borja Carabante, la portavoz municipal y delegada de Seguridad y emergencias, Inmaculada Sanz y la directora de movilidad del Ayuntamiento de Madrid, María Dolores Ortiz. A cuatro nombres se les suma la empresa Subterra Ingeniería y Rafael Carabante (hermano del concejal de Almeida), que fueron los beneficiarios del proyecto. Las investigaciones parten de una denuncia previa que presentó el 30 de enero la concejala del Grupo Mixto Marta Higueras, que aseguraba, vio varios indicios de presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, cohecho y asociación ilícita.
El origen se remonta al procedimiento que siguió el consistorio madrileño al adjudicar a la empresa del hermano del delegado de Movilidad el proyecto de soterramiento de la A-5. En concreto, el contrato de uno de los proyectos estrella de Almeida cayó a la U.T.E. formada por Subterra Ingeniería y la empresa Esteyco. En total, el contrato tuvo un valor de tres millones de euros. Fue precisamente el propio Borja Carabante el que dio el visto bueno a la adjudicación de la empresa de su hermano, pese a que un día después se dio cuenta del conflicto de intereses, anuló la decisión y pidió por carta a Almeida abstenerse de la decisión. Finalmente, fue la portavoz municipal del Consistorio la elegida para sustituir a Carabante en la firma de esa adjudicación. Tanto Carabante como Sanz son dos de las personas que conforman el núcleo duro de Almeida en el Ayuntamiento. Ambos serán los responsables del diseño y desarrollo de la campaña electoral para las elecciones del 28-M.
Cabe destacar, tal y como desveló Radio Madrid, que el Ayuntamiento adjudicó otro contrato a la empresa del hermano de Borja Carabante para la revisión de proyectos e infraestructuras de Calle 30. En este proceso se volvió a abstener por la incompatibilidad y Sanz dio el visto bueno firmando la adjudicación.
El Ayuntamiento niega que Anticorrupción investigue a nadie
Cuando salió el caso, fuentes del equipo de Almeida negaron hace ya dos semanas a ElPlural.com que la Fiscalía esté investigando a ninguna persona del equipo de Gobierno. "Como es normal después de recibir cualquier denuncia en la que el denunciante no ha aportado el expediente cuestionado, como ha ocurrido en el caso presentado por Marta Higueras con fines electoralistas, la fiscalía ha incoado diligencias simplemente para recabar los expedientes. Es decir, se ha limitado a pedir información sobre el asunto", indican desde el entorno del alcalde de Madrid que tacha todo el proceso como "ordinario" anunciando que el Ayuntamiento va a remitir el expediente inmediatamente.
Además, señalan que Higueras no ha aportado datos sobre irregularidades y que no ha aportado ningún tipo de documentación. Así, indican que están convencidos de que esta denuncia será archivada al igual que ocurrió con la que interpuso por la colocación de banderas en la fachada del Ayuntamiento.
