Las universidades madrileñas no esperan un "cambio" con Zarzalejo y amenazan con una "huelga fuerte" si no abandona la LESUC

La nueva Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC) que Isabel Díaz Ayuso quiere aprobar en la Comunidad de Madrid sigue avivando el incendia en el seno educativo. Las plataformas en defensa de la universidades, que aúnan a las seis pública madrileñas (Complutense, Autónoma, Politécnica, Alcalá, Carlos III y Rey Juan Carlos), llevan en pie de guerra desde que la baronesa del Partido Popular (PP) anunció su proyecto, pero el tablero ha sufrido un vuelvo con el cese del consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciano.

Las asociaciones que aúnan a profesorado, alumnos y personal no docente encontraban en Viciano a su principal enemigo, al que acusaban de querer acallar a la comunidad universitaria con una ley nacida de su “empeño personal”. El proyecto se encuentra encallado y, con el exconsejero muy cuestionado, Ayuso ha decidido sustituirle por Mercedes Zarzalejo, hasta ahora viceconsejera de Universidades, Investigación y Ciencia, cargo que ocupaba tan solo desde octubre de 2025. Un cambio de piezas que las plataformas por la pública no esperan que suponga un cambio.

Otro nombre muy afín y continuista con las directrices del PP

“No creemos que vaya a suponer un cambio” traslada Eva Aladro, catedrática de la UCM e integrante de las plataformas por la pública, a ElPlural.com. “Nada ha cambiado porque, en realidad, el perfil de Zarzalejo tampoco ayuda a la universidad. Ella dejó su carrera como académica, no se desarrolló en este aspecto y puede no darse cuenta de lo que supone el ataque a la universidad del Gobierno de Ayuso”, expone, lamentando que estamos ante “otro nombre muy afín y continuista con las directrices del PP en universidades públicas”.

Si bien celebran la caída de Viciana como un triunfo del levantamiento unitario. “Es un síntoma de que la movilización funciona y de que la Comunidad de Madrid tiene cierto miedo a las movilizaciones universitarias porque no le habrían destituido si nuestras protestas no significaran nada”, ahonda la catedrática, asegurando que el PP de Ayuso “no quiere una universidad movilizada” a las puertas de unas elecciones (mayo 2027).

Posturas cerradas y muy autoritarias

La nueva consejera llega con mucha aspereza que limar, si es que quiere tender puentes con una comunidad a la que su predecesor prefirió ignorar. No obstante, las plataformas le dan la oportunidad de “abandonar las posturas cerradas y muy autoritarias, en pro de buscar posturas más flexibles”. “No tenemos claro que esto vaya a ser así”, reconocen, pero esperan que algo cambie. De no ser así, “nuestra línea no va a cambiar”, asevera Aladro, quien promete “una huelga fuerte si siguen adelante con la LESUC”.

“Tenemos convocadas las movilizaciones para primavera, tenemos pendiente una reunión con la Conferencia de Rectores Universitarios Españolas (CRUE) por la financiación, aspecto en el que consideramos que tienen que seguir presionando”, explica la catedrática a este periódico. Y es que la financiación es el principal problema que atraviesan los claustros de las públicas, especialmente en Madrid, donde ni siquiera están pudiendo abonar las subidas salariales. “El problema más grave que hay ahora mismo en las universidades es la infrafinanciación y el ahogo económico que nos está matando”, denuncia Aladro.

Falta de financiación

La financiación, responsabilidad de las Comunidades Autónomas, también se ve amenazada por la LESUC, que exige a las universidades que se comprometan a recibir gradualmente menos dinero de la autonomía, mandato que directamente “atenta contra la suficiencia y estabilidad” que contempla la legalidad vigente. Además, perpetua la infrafinanciación que arrastran desde hace años. La norma también estipula una “financiación por objetivos” e insta a buscar dinero a través de mecenazgo, patrocinios o crowfunding, obligando a que la formación de los jóvenes madrileños dependa del capital privado también en la pública.

Por ello, desde las plataformas aseguran que seguirán ejerciendo presión sobre los rectores “para que sigan trabajando para conseguir una mejor financiación” y mantendrán la “ola de movilizaciones que va a comenzar ahora en primavera”, que incluirá clases en la calle, marchas, exhibiciones de trabajos de investigación y podría desembocar en una huelga general. La guerra sigue abierta entre la academia pública y el gobierno autonómico privatizador, en detrimento de la educación y de la vida de muchos trabajadores.