Al centro de reclusas y ex reclusas del que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se muestra orgullosa, le rodea también un “hermetismo brutal” en palabras de la oposición de madrileña.
Tal y como ocurriera con buques insignia de la región como el hospital Enfermera Isabel Zendal, el equipo de la lideresa regional también veta la visita al mencionado enclave. ElPlural.com, que ha informado en primicia en las últimas semanas sobre el lugar, ha podido ver mensajes de esta prohibición llegada desde la Autonomía.
A la petición de una diputada del PSOE de Madrid (PSOE-M), la Comunidad de Madrid respondía que se trata de una “ubicación protegida que no se puede difundir a personas externas a las trabajadoras de la Red y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”; que el lugar está compuesto por “varias ubicaciones donde residen por una parte de reclusas y en otro centro ex reclusas cuya situación implica una especial protección de su intimidad debido a esta condición” y, en última instancia, que “a los centros residenciales de mujeres víctimas de violencia de género no deben acceder personas ajenas a su proceso de intervención, especialmente varones”.
La persona que ha intentado sin éxito ir a visitar el centro de reclusas ha sido Lorena Morales, portavoz de Políticas Sociales de la formación de Óscar López. En conversaciones con este periódico, la diputada dice “no entender nada” habida cuenta de que “nunca” dijo que fuera a ir un diputado hombre: “De hecho, íbamos a ir solo mujeres y las diputadas tenemos deber de discreción (…) Y lo de las molestias también es incomprensible”.
El último pliego, otra vez a la fundación de un ex condenado por abusos sexuales
Este enclave del territorio regional podría volver a recaer sobre una ONG que coordinó un ex condenado por abusos sexuales y malversación del PP. Se trata de Horizontes Abiertos, del que en su día formó parte Rodrigo de Santos, político balear que pasó por los juzgados por los temas mencionados; y que salió con una condena.
De Santos fue declarado culpable de haber abusado de unos menores amigos de sus hijos. Después reincidió y la Audiencia Provincial de Madrid dictó sentencia por abusos sexuales a un preso al que debía tutelar como coordinador de la institución.
En aquel momento, el expolítico contaba con antecedentes -tal y como se ha expuesto- por los abusos mencionados y gastar 50.000 euros de dinero público en prostitución durante la etapa en la que estuvo como edil de Mallorca. Auto confeso activista ultracatólico y habiéndose pronunciado abiertamente contra el colectivo LGTBI, fue teniente de alcalde en Palma y concejal de Urbanismo.
Veto tras veto
La región madrileña es la que más censura lleva a cabo de toda España. Tal y como reflejaba el informe que hace unas semanas presentaba Más Madrid respecto de una cuestión que el partido llegó a elevar a la Comisión de Venecia, la Comunidad de Madrid bloquea 30 veces más que los gobiernos de Andalucía, Comunidad Valenciana o Extremadura, homólogos en cuanto a color político con Juanma Moreno Bonilla, Carlos Mazón y María Guardiola, respectivamente.
Aquel documento, con el señalamiento claro del actual presidente de la Cámara, Enrique Ossorio, dejaba al descubierto que la Asamblea madrileña había inadmitido un total de 13.466 iniciativas de un total de 44.482. O lo que es lo mismo, un 30%. Entre las cuestiones que Ayuso intenta pasar por alto en la Asamblea se encuentran las víctimas de las residencias de mayores, el genocidio de Palestina o el novio de la presidenta, Alberto González Amador.
El Zendal o los colegios que no pasan la inspección, entre los lugares prohibidos
En los últimos meses este periódico ha podido confirmar que la Comunidad de Madrid ha prohibido visitas externas al que fuera uno de sus proyectos faraónicos por excelencia, Isabel Zendal, y los colegios que no pasan la Inspección Técnica de Edificios (ITE), una problemática sobre la que Sol y Cibeles vierten acusaciones cruzadas.
La izquierda acusa al PP de no dejarles visitar el espacio de Valdebebas, que contiene en su interior ahora un centro diurno de atención a pacientes enfermos de ELA. Las explicaciones que encuentran voces consultadas por este periódico es que Ayuso no quiere que se sepa el pufo que, en la realidad, supone todavía hoy en día un hospital que habría costado 150 millones de euros a los madrileños si se tiene en cuenta los sobrecostes.
En lo que respecta a los centros educativos, es más correcto decir que el veto viene del equipo de José Luis Martínez-Almeida, pero no es menos cierto que alcalde y presidenta se culpan entre ellos hasta el punto de que el Cibeles ha interpuesto más de una quincena de multas a Sol por valor total de alrededor de 27.000 euros.