Se abre un nuevo frente legal en todo el escándalo del ático de Chamberí que la Comunidad de Madrid compró para que Isabel Díaz Ayuso lo usara de oficina. La Fiscalía Provincial ha recibido una denuncia para que investigue si Planifica Madrid adquirió el inmueble, por 6,3 millones de euros, sin haber comprobado las irregularidades que lo rodean desde los años 50, que ha publicado esta semana ElPlural.com, y que podrían convertir la polémica terraza en ilegal.
El activista Fernando Jabonero pide al Ministerio Público que investigue posibles delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos bajo la modalidad de administración desleal y fraude a la Administración.
También propone algunas diligencias que están en la causa ya abierta en un juzgado de Madrid, entre las que están que el Gobierno de Ayuso haga públicos, después de casi dos meses de escándalo, los expedientes sobre la compra del ático, que le piden también la prensa que lo destapó, la oposición que preguntará este jueves al responsable en la Asamblea de Madrid, y los madrileños que sufragaron la operación.
Entre ellas están “requerir a la Comunidad de Madrid el acta literal del Consejo de Gobierno donde se aprobó el encargo de adquisición del inmueble” a Planifica Madrid, la empresa pública que preside el consejero Miguel Ángel García Martín; así como “el expediente administrativo íntegro de la compraventa y el pliego de condiciones técnico de la posterior subasta en curso, con especial exigencia de los informes de tasación si los hubiere”. Este miércoles, la Consejería de Presidencia abrirá los sobres con las ofertas por el inmueble, que salió a subasta tras destaparse su compra en la prensa y de que, un día después, el consejero reculara.
El denunciante pide también citar como investigado o testigo al CEO de Planifica Madrid, Pedro Corbalán, para que “esclarezca bajo qué criterios técnicos y por qué órdenes políticas se autorizó la adquisición de una cubierta alterada sin auditoría previa”.
La terraza entra a la causa contra el ático
Lo novedoso está en que, si la Fiscalía abriera esta investigación, entrarían por primera vez en la causa contra el ático las irregularidades sobre las que ha publicado esta semana ElPlural.com. La superficie de la terraza está sobre la mesa desde mitad de agosto, ya que la Comunidad de Madrid y la información publicada ofrecen hasta tres cifras distintas. Esto es relevante porque el ático arrastra polémicas desde su misma construcción, en 1955, entre ellas una denuncia por el cerramiento de la terraza en los años 60 que, según la denuncia, podría convertirla en ilegal aún en el presente.
Para esclarecerlo, el denunciante pide oficiar al Área de Urbanismo y Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Madrid que envíe “el historial completo de licencias, planos de edificación originales del bloque y expedientes de infracción relativos a la terraza”, así como que los Arquitectos de la Hacienda Pública o la propia Fiscalía visiten el ático para hacer “una inspección ocular del cerramiento levantado sobre la terraza, cuantificando la discrepancia entre los metros inscritos legalmente y la realidad construida”.
¿Por qué la terraza puede ser ilegal?
Según el plano del Catastro, adjunto a la denuncia, "en la realidad física del inmueble se halla consolidada una edificación techada fija de aproximadamente 100 metros cuadrados" en la terraza. Esto difiere del plano original de la construcción del segundo ático que está en el Archivo de Villa de Madrid, que según comprobó ElPlural.com data de 1955, cuando se construyó el edificio. Esa planta se excluyó del proyecto final de la obra, que el contiguo Museo Sorolla alertó de que ponía en peligro la que fue la casa del pintor, como escribió en una carta su nieto.
Sin embargo, un año más tarde se construyó el segundo ático "sin la licencia correspondiente", según los propios técnicos del Ayuntamiento. La denuncia pone en el foco esa construcción de 100 metros cuadrados, que se habría incorporado de la terraza a la vivienda "sin la preceptiva licencia municipal de obras" y "agotando de forma ilegal la edificabilidad máxima permitida para la parcela por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)".
"Por consiguiente, dicha porción de 100 metros cuadrados construidos constituye una infracción urbanística insubsanable e ilegalizable, encontrándose en la situación jurídica de 'Fuera de Ordenación'", concluye el denunciante. Según el texto, Planifica Madrid omitió "el control de legalidad" al no haber realizado "una tasación pericial independiente y un cotejo de la disciplina urbanística municipal" al consistorio antes de pagar 6,3 millones de euros por el ático.
El pago de esa cantidad, de confirmarse estas irregularidades, podría constituir "un sobreprecio artificial de lujo con fondos públicos, presuntamente superior a los 12.000 €/m²". Esto pondría en jaque, por consiguiente, la venta por un mínimo de 6,7 millones de euros que pretende llevar a cabo la Comunidad de Madrid, a la que acusa de comprar "a sabiendas, o mediante una negligencia grosera" un apartamento con "un espacio ilegal e inutilizable administrativamente".
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