Más Madrid ha registrado una proposición no de ley (PNL) en la Asamblea con la que pretende que los propietarios garanticen el aire acondicionado en las viviendas con la intención de que este servicio “deje de ser un lujo y pase a considerarse un requisito de habitabilidad de las viviendas”.
Bajo el pretexto de que “nadie duda de que una vivienda sin calefacción es inviable”, el partido de la izquierda alternativa considera que “el aire acondicionado no debe ser menos”. “La vivienda debe ser el principal refugio de las personas, el espacio donde se materializan el derecho al descanso, a la intimidad y a una vida digna. Sin embargo, en la Comunidad de Madrid, los escenarios climáticos extremos ya no son una distopía futura, sino el presente”, establece la formación que en la Cámara madrileña lidera Manuela Bergerot.
El actualmente principal partido de la oposición en la Autonomía afea que, frente al desafío climático, el parque de vivienda madrileño se revela obsoleto y desprotegido. “La refrigeración ha dejado de ser un privilegio o un lujo para convertirse en una cuestión de salud pública y supervivencia”, sostiene Más Madrid aludiendo a la evidencia científica: “Ante esta amenaza estructural, el concepto tradicional de habitabilidad ha quedado desfasado; hoy, una vivienda que no protege del calor extremo es una vivienda que no garantiza la dignidad de quienes la habitan”.
Además de la implantación de aire acondicionado, la iniciativa propone que los nuevos desarrollos urbanísticos incorpores estudios de impacto climático, así como más arbolado en los entornos de los hogares y pavimentos que reduzcan el efecto isla de calor.
Igualmente, en el plano autonómico propone una línea de ayudas directas para que las familias con menos recursos puedan instalar sistemas de climatización, un refuerzo de las ayudas para rehabilitación energética y aislamiento de edificios y viviendas.
Cuestión de clase
Los datos oficiales que pone sobre la mesa Más Madrid recogen que menos de la mitad de los inmuebles (un 43,5%) de la región disponen de aire acondicionado, una cifra que choca con la estimación de que más de 1.500.000 viviendas padecen temperaturas extremas en el desarrollo de la época estival.
El calor es también una cuestión de clase, y así lo evidencia sea especialmente virulento en los barrios del sur y los municipios de clase trabajadora, “donde las viviendas son más antiguas, los aislamientos más deficientes y los recursos para encender o instalar un aire acondicionado son escasos”.
En este sentido, Más Madrid apunta que el coste de instalación de un sistema de climatización ronda entre los 400 y los 2.500 euros y una media de 800 euros por aparato, mientras que “dotar de refrigeración al millón de hogares madrileños que lo necesitan con urgencia supondría una inversión cercana a los 800 millones de euros”.
Enfrentando lo complicado que está el mercado del alquiler para el inquilino, especialmente en la Comunidad de Madrid, Más Madrid se dirige al Gobierno de la Autonomía y al de España.
Rehabilitación energética o modificación de la Ley del Suelo
Al primero le insta a “implementar una línea de ayudas directas destinadas a la adquisición e instalación de sistemas de climatización eficientes en los hogares, priorizando la asignación según criterios de renta y vulnerabilidad socioeconómica del barrio o municipio, para garantizar que la transición ecológica no deje atrás a las familias trabajadoras”.
También le pide aumentar las partidas presupuestarias destinadas a la rehabilitación energética del parque residencial existente, “priorizando actuaciones de mejora del aislamiento térmico (ventanas, fachadas y cubiertas) y orientando las ayudas conforme a criterios de vulnerabilidad social, energética y residencial”.
Asimismo, precisa una “modificación de la normativa autonómica de diseño y calidad de la vivienda para que reconozca la climatización estival como un requisito básico de habitabilidad”, para lo cual “deberá incorporar de forma obligatoria el equipamiento de sistemas de refrigeración activa de alta eficiencia energética, garantizando temperaturas seguras frente al calor extremo tanto en obra nueva como en grandes rehabilitaciones”.
Y en última instancia, espera la modificación de la Ley del Suelo “para introducir el desarrollo de ‘estudios de impacto climático y de isla de calor’ para cualquier nuevo desarrollo urbanístico, garantizando un porcentaje mínimo de arbolado y pavimentos permeables que rebajen la temperatura del entorno construido”.
Por otro lado, pide al Gobierno de España que “promueva las modificaciones legislativas pertinentes en la Ley de Arrendamientos Urbanos para incluir el confort térmico y la protección frente al calor extremo dentro de las condiciones mínimas de habitabilidad exigibles para el alquiler de una vivienda, estableciendo la obligación del arrendador de garantizar sistemas de climatización o en su defecto, facilitar que la parte arrendataria pueda instalarlos deduciendo automáticamente su coste de las rentas mensuales”.
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