La Comunidad de Madrid cuenta con más de 222.000 personas con discapacidad física reconocida. Pese a esta realidad, hasta la fecha no se contaba con estudios específicos sobre sus condiciones de vida y recursos necesarios que la adminsitración pública, séase, el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso, debe garantizar. El informe AUPERMAD 2025, impulsado por FAMMA-COCEMFE Madrid y elaborado junto a ICS Ingenia, viene a llenar ese vacío con una conclusión rotunda: las personas con discapacidad física viven con apoyos insuficientes, encuentran barreras generalizadas en su rutina y tienen un acceso limitado a los recursos públicos que deberían garantizar su independencia.
El estudio, realizado entre noviembre de 2024 y enero de 2025, recoge la experiencia de 207 personas, 64% son mujeres y el 36% con un grado de discapacidad igual o superior al 75%. El 50% declara haber dejado de trabajar a causa de su discapacidad, mientras que el 22% se jubiló anticipadamente por la misma razón, con una media de edad de 48 años. Estos datos reflejan una población con necesidades claras de apoyo estructural que, sin embargo, no está viendo garantizados sus derechos fundamentales.
Uno de los focos del informe radica en la conocida como “asistencia personal”, recogida en la legislación nacional como un derecho vinculado a la vida independiente. Sin embargo, la realidad habla por sí sola: el 44% conoce su existencia pero apenas un 13% hace uso de este servicio. La falta de información sobre esta figura —que permite que una persona con discapacidad contrate a alguien para facilitar su vida diaria según sus necesidades— es especialmente alarmante si se tiene en cuenta que la Comunidad de Madrid apenas ha concedido esta prestación a un 0,03% del total de usuarios del sistema de dependencia, según recoge el propio informe.
En esencia, pese a las bondades de este recurso, es prácticamente desconocido por los usuarios pese a estar avalado por la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Apoyos que no llegan, recursos infrautilizados y desinformación
Las cifras que baraja el estudio reflejan la realidad de estas más de 222.000 personas bajo el Madrid de Ayuso que ven que las capacidades y recursos de la administración no terminan de llegar. El 85% de las personas encuestadas vive acompañada, y el 67% recibe apoyo personal en el domicilio -pareja (47%) o padres (43%)-. Sin embargo, tan sólo el 45% considera que esos apoyos cubren todas sus necesidades. Entre quienes reciben asistencia desde fuera del domicilio, apenas un 34% cuenta con un asistente personal, y el resto depende de personas empleadas en el hogar (29%) o profesionales sociosanitarios (21%).
En cuanto a la financiación, se da cuenta de que el Gobierno regional aporta una escasa cuantía, ya que el 75% tiene que sufragarlo parcialmente con recursos propios, y valoran el esfuerzo económico con una media de 6,52 en cuanto a sus capacidades monetarias.
Asimismo, denota este desconocimiento porque únicamente el 16% de estas personas conoce el 'Servicio de Transición a la Vida Independiente', un programa gestionado por FAMMA pero dependiente de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social del Gobierno de Ayuso, creado en 2006 con el objetivo de fomentar la autonomía y evitar la institucionalización permanente. Dadas las consecuencias en la práctica, el programa no ha sido suficientemente divulgado ni puesto al alcance real de quienes lo necesitan.
El desconocimiento de los recursos disponibles es una constante. El 30% no conoce la existencia de la prestación económica vinculada a servicios asistenciales, y el 26% desconoce la de cuidados en el entorno familiar. Esta falta de información se suma a las múltiples barreras de accesibilidad: el 73% de las personas encuestadas señala dificultades en la vía pública, el 72% en el Metro de Madrid y el 61% en bares y restaurantes. Incluso el propio domicilio es un espacio hostil para el 21% de las personas con discapacidad consultadas.
A ello se suma la carencia tecnológica que podría facilitar la vida independiente: solo el 15% dispone de persianas automáticas, un 11% de luces domotizadas y un 9% de cerraduras inteligentes. El informe apunta al elevado coste de estos dispositivos como barrera principal, pero también al desconocimiento de su existencia y utilidad.
La vida independiente sigue siendo un privilegio, no un derecho garantizado
La gestión del Ejecutivo de la Puerta del Sol se muestra en los datos a pie de calle y la realidad de las personas con dependencia: la mayoría de los recursos clave dependen de la gestión autonómica, y la falta de acceso a ellos o su escasa implementación directa tiene un impacto medible en la calidad de vida de las personas con discapacidad.
Desde FAMMA, en abril de 2024 ya vinieron reclamando una ley autonómica para blindar los derechos y la independencia de las personas con discapacidad y ante la escasez de medidas de parte de la administración. La Comunidad de Madrid es de las que menos destina a esta causa, “poco más de los 700 euros en el nivel III de dependencia. (...) Un 0,08% del total que pertenecen a un programa financiado por los Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid. Asimismo, existe una lista de espera importante rea figura del asistente personal, las cuantías para sufragar el coste y más horas de asistencia”, añadió el presidente de la fundación.
De la misma manera, en materia más sanitaria y de dependencia, también incidieron en la acuciada problemáticas de las listas de espera en la región para ser valorados, por las cuales hay personas que han tenido que esperar hasta 15 meses: “El número de personas en centros base esperando su valoración son 15.595 expedientes, casi 16.000 personas esperando a que las valoren. Además, el número de expedientes que superan los 15 meses son 3.733 personas. En su página web hablan de 300 días de espera, pero hay casos que superan los 15 meses, no quiero imaginar los que superan los dos años. Lo llaman gestión”, condenó la diputada socialista Emilia Sánchez en la Asamblea de Madrid el pasado mes de julio.
Con estas aristas que completan la realidad de las personas con discapacidad en el Madrid de Ayuso, de vuelta al informe, en su esencia, éste revela un modelo asistencial basado en la sobrecarga de las familias y el déficit estructural de políticas públicas efectivas por parte del Ejecutivo de Sol.