A menudo, una cosa es la política como discurso y lucha cultural, con sus abundantes y espesas cortinas de humo para distraer a la ciudadanía, y otra lo que se cuece en bambalinas, allí donde las élites se juegan el dinero y la gente su bienestar físico y mental. Aunque se hable poco de ello, lo que está pasando con el urbanismo y la ordenación del territorio en Madrid es gravísimo y va a afectar a nuestras vidas mucho más que otros temas que están más presentes en la conversación pública (eso sin olvidar que el urbanismo y la ordenación del territorio son potentísimos instrumentos de configurar subjetividades y estilos de vida). En esta situación, el gobierno Ayuso ha iniciado el proceso de promulgación de una nueva Ley del Suelo y Ordenación del Territorio que sustituya a la de 2001, ley que habían ido retocando más de una veintena de veces hasta crear un auténtico maremágnum.

Por una vez, y sin que sirva de precedente, la Memoria que se presenta a la consulta pública, aunque como siempre escueta e inconcreta, resulta interesante, básicamente porque expone bien a las claras el reconocimiento del enorme fracaso de las políticas en urbanismo y ordenación del territorio de los sucesivos gobiernos del Partido Popular en Madrid. La propia memoria dibuja una situación que solo se puede definir como de caos urbanístico y territorial: por un lado, una falta absoluta de estrategia territorial, de manera que la ordenación (habría que decir mejor el desorden) del territorio se ha hecho “mediante planes sectoriales de ordenación de espacios naturales o de infraestructuras, de forma independiente y sin cohonestarse”; como consecuencia, se ha producido (no, los gobiernos del PP han producido) una “dispersión normativa” que ha provocado falta de claridad y opacidad en el desorden territorial, así como inseguridad jurídica; a su vez, solo 21 de los 179 municipios madrileños han conseguido adaptar su planeamiento urbanístico a la Ley de 2001, lo que pone de relieve, dice la memoria, “las carencias de la normativa actual”; además (y sigo citando textualmente) se produce “una dilación excesiva en el tiempo a la hora de adoptar las medidas necesarias para la adaptación de nuestros municipios a las necesidades de sus vecinos”, así como “falta de integración de los procedimientos ambientales en los procedimientos urbanísticos [que] genera distorsiones y dilaciones en los procesos, así como duplicidades en los informes sectoriales”, todo lo cual lleva a sistemáticos “incumplimientos de la normativa urbanística, con las consecuencias que conlleva, no sólo urbanísticamente sino también medioambientalmente”.

Un auténtico desastre, como se puede apreciar. Pero bueno, al menos se reconoce la grave situación de desorden, irregularidades, incumplimientos, falta de planificación que no cae del cielo, sino que es consecuencia directa del sistemático mal gobierno de los sucesivos ejecutivos del Partido Popular.

Así que ahora el Gobierno se presenta como bombero pirómano, intentando hacernos creer que los causantes del incendio son quienes van a apagarlo. Hasta hace poco pensaban que con unos retoques aquí y allá a través de leyes ómnibus y decretazos de aceleradoras y lanzaderas les iba a llegar para mitigar el desbarajuste, pero la realidad se les ha echado encima, así como alcaldes, promotores, urbanistas, grandes corporaciones energéticas y digitales, etc., todos con sus intereses, y finalmente se ven obligados a intentar desfacer el enorme entuerto que ellos mismos han creado.

Pero cuando se lee en la Memoria embarga la preocupación. Para empezar, se establecen las necesidades de la región sin que nadie sepa ni método ni actores para establecerlas: por encima de todo, la “apremiante necesidad de nuevas alternativas residenciales y de redes de infraestructuras y servicios públicos”. Han decidido que nos dirijimos a ser una región metropolitana de 10 millones de habitantes y que hay que dar respuesta a unas supuestas necesidades en materia de vivienda e infraestructuras que nadie ha evaluado ni debatido con la ciudadanía. Eso sí, metrópoli sin ningún atisbo de visión o estrategia metropolitana.  Luego uno lee los objetivos y se encuentra reiteradamente con los verbos simplificar, agilizar, flexibilizar, estimular el sector urbanístico para lograr cumplir con las demandas. ¿Pero qué demandas? ¿Demandas de quiénes? ¿Y a costa de qué toda esa agilización, simplificación y flexibilización?

No hay ni una referencia a objetivos medioambientales, a objetivos de equidad y cohesión social, de descentralización, de reequilibrio territorial ni tampoco de comarcalización o metropolitanización. El gobierno Ayuso debería recordar que la función constitucional del urbanismo no es producir plusvalías a promotores y grandes corporaciones sino buscar el bienestar de la población y el bien común, por lo es imprescindible redactar la ley siguiendo los principios del urbanismo feminista o de los cuidados, fomentando la urbanización compacta y polivalente en los usos, favoreciendo la cohesión social, la equidad y la inclusividad. Debería recordar que en Madrid tenemos una grave carencia de visión metropolitana, por lo que es necesario crear un observatorio y una agenda metropolitanas que fomenten la descentralización y la comarcalización. Y por último, y sobre todo, debería recordar que estamos en una crisis climática que pone en riesgo la propia civilización, por lo que es obligatorio preservar como un tesoro hasta el último centímetro cuadrado de suelo vivo y ser estrictamente rigurosos en los condicionantes medioambientales y para la salud del urbanismo.

Veremos qué nos depara el proceso legislativo y si se promueve una conversación colectiva sobre este tema crucial.

Juan Varela Portas-Orduña es diputado de Más Madrid en la Asamblea de Madrid.