El juzgado de Instrucción número 39 de Madrid ha citado como investigados a varios directivos de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Madrid, entre los que se encuentra su gerente, Alfonso Sánchez Vicente.
El origen de este proceso judicial se sitúa en otro que tiene que ver con una situación de posible prevaricación administrativa que denunció inicialmente Podemos. Concretamente, el partido progresista elevó a la justicia uncontrato a dedo con la editora de Okdiario; una causa que terminó archivada debido a un presunto error del juez Juan Carlos Peinado, instructor de la causa contra Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez.
Lo que se aborda ahora es la posible contratación irregular de un despacho privado para defender a la EMT de aquel caso. Según la providencia, a la que ha tenido acceso el diario Público, la magistrada requirió el expediente completo del contrato adjudicado al despacho Ecija Legal por un importe de 60.000 euros más IVA, incluyendo la relación detallada de las actuaciones realizadas por el bufete, la asistencia de las actuaciones procesales y la facturación de los trabajos realizados.
La jueza ha citado a Sánchez Vicente, y también como investigados al jefe de la división de asesoría jurídica y seguros, José Gabriel Cabanas; a la secretaria general, María Eugenia Carbajal, y a la jefa de División de Contratación, Rosario Ubero Cabral. La cita tendrá lugar el próximo 20 de julio.
La causa en la que habría actuado la defensa se centraba en el presunto sobreprecio de contratos con el digital OkDiario. El juez acordó una prórroga de investigación contra el gerente por los hechos, pero la Audiencia Nacional la dejó sin efecto porque el plazo para dar esa prórroga había expirado hacía más de dos meses. Concretamente, Podemos y Más Madrid presentaron la solicitud en enero, pero el magistrado no la aceptó hasta abril, lo que produjo que no pudiera alargarse la instrucción al estar a destiempo y, con ello, que las acusaciones pudieran solicitar cierta documentación útil y recabar pruebas para seguir esclareciendo los detalles.
El origen de todo
Aquella investigación surgió de un contrato de diciembre de 2022 adjudicado a dedo por parte de la EMT al periódico que dirige Eduardo Inda. El objeto del contrato consistía en la organización de charlas de movilidad sostenible, por un valor de 72.600 euros. Las charlas, en las que se habló mucho del adversario político y se vertieron exabruptos contra él, fueron denunciadas en un primer momento por Podemos, ya que la formación morada observó un sobreprecio tras comparar este acuerdo con otro de condiciones semejantes y que el equipo municipal había concedido a otra firma tan solo un mes antes por un valor cuatro veces menor.
Las charlas duraron tres horas y media, un tiempo que se antojó escaso para el precio pagado por las mismas, y en ellas participaron el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, el delegado de Medio Ambiente, Borja Carabante; el director del medio de comunicación citado y Sánchez Vicente.
La actuación del magistrado
Como consecuencia de la denuncia, Juan Carlos Peinado abrió diligencias, pero pasados los doce meses iniciales, se vio abocado a archivarlas después de que concediera una prórroga de las actuaciones fuera de plazo.
A pesar de que las acusaciones populares pidieran de manera diligente la prórroga de la instrucción, así como la práctica de diligencias de investigación necesarias para el esclarecimiento de los hechos, y de que la propia Fiscalía se mostró conforme con la petición, el juez dictó la resolución para alargar las pesquisas fuera del plazo legal.
Las defensas de los investigados recurrieron la resolución y la Audiencia Provincial de Madrid estimó sus recursos, dejando sin efecto la prórroga al estar fuera de plazo. El magistrado reconoció, en el auto en el que decretó el sobreseimiento y archivo de la denuncia, lo siguiente: "Es cierto, y este aspecto es irrebatible, que, en fechas próximas anteriores a la celebración del contrato enjuiciado, se realizó otro evento de similares características, organizado por la entidad Madrid Open City, por un precio de 15.000 euros más IVA, y el que ahora se analiza por la denuncia, lo fue por un importe de 60.000 más IVA" (72.600 euros en total)”.
Ahora se cuestiona la contratación externa de los servicios de asesoramiento jurídico y defensa legal del proceso. Según la denuncia que ha derivado en la imputación de los cargos directivos de la EMT, la empresa pública ya disponía de un departamento jurídico propio que venía asumiendo la defensa, por lo que la externalización del servició “carecería” de justificación legal y necesidad objetiva.
El coste de la defensa, "completamente inflado"
En esta denuncia, a la que ha tenido acceso Público, Podemos se refiere a la “desproporción” económica del contrato, al destinar la EMT un gasto mínimo de 60.000 euros para una defensa limitada únicamente a la fase de instrucción del procedimiento.
El documento señala que “a pesar de que en la justificación del precio del contrato se hace referencia a los Criterios del ICAM, puede observarse en los mismos que el precio que se ha hecho constar está completamente inflado, posiblemente en más de un 1.000% respecto de los que prevé dicha Corporación”.
“(…) Máxime si se limita la actuación a la fase de instrucción y no se incluye ni la fase intermedia, ni la de plenario, que en su caso serían presupuestadas y licitadas aparte, incrementando el coste real de la externalización acordada, sin posibilidad de verse resarcida en una eventual condena en costas de dichos importes". En el mejor de los casos, contempla, el eventual “resarcimiento” económico que podría obtener la empresa no superaría esa misma cantidad.
La denuncia añade: “Esto es, que la contratación efectuada, lejos de pretender la indemnidad económica de la EMT, garantiza el quebranto de sus arcas, sea cual sea el resultado del procedimiento, para el que se contrata, pues en ningún caso se verá reembolsada de la cantidad abonada para la defensa de sus intereses, más que –si finalmente hubiera condena en costas– en una mínima parte que tendría que ser calculada con arreglo a los Criterios del ICAM".
Con todo, para el partido no hay dudas de que la contratación del despacho “escondía un movimiento de defensa de los directivos investigados incompatible con la posición de perjudicada de la entidad pública”.
También se está investigado la utilización del procedimiento negociado sin publicidad al considerar que no concurren razones que lo justifiquen. En este sentido, podría concurrir una “resolución arbitraria” en materia administrativa, así como un uso inadecuado de fondos, según Podemos.
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