Esta semana ha tenido lugar la vista previa al juicio de Begoña Gómez en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid. En el transcurso de la jornada, la defensa de la mujer de Pedro Sánchez, Antonio Camacho, y el magistrado Juan Carlos Peinado tuvieron un enfrentamiento con el magistrado, quien interrumpió la intervención del abogado para exigirle que le mirara al hablar.
“No hay ninguna norma procesal que diga hacia dónde tengo que dirigir la vista mientras estoy interviniendo. Por lo tanto, le pido que si no hay norma procesal, me dirijo a las acusaciones, señoría. Y no existe ninguna norma procesal que se imponga a dirigirme a usted visualmente. No existe. Le rogaría que deje de interrumpirme”, le respondió Camacho.
El episodio ocurrido el pasado lunes llevó a la diputada provincial del PSOE en Ávila y abogada Mamen Iglesias a contar brevemente cómo fue su primer juicio contra el juez que ahora investiga a Gómez. Lo ha hecho a golpe de tuit para responder a un usuario que había rescatado un usuario de X sobre el rifirrafe incluido en un artículo de elDiario.es.
“No ha cambiado. Mi primer juicio lo tuve con él. Me llamó a su despacho para decirme que, en lo sucesivo, me dirigiera a él como “señoría”, indica en su cuenta de la mencionada red social Iglesias, procuradora en las Cortes de Castilla y León.
No ha cambiado. Mi primer juicio lo tuve con él. Me llamó a su despacho para decirme que, en lo sucesivo, me dirigiera a él como “señoría”. https://t.co/ib3Ngl3Hvf
— Mamen Iglesias (@IglesiasMamen) June 16, 2026
Juan Carlos Peinado ha protagonizado excentricidades en declaraciones anteriores, como cuando pidió que le organizaran un estrado en la Moncloa para estar en una situación de superioridad respecto al testigo, en ese caso el ministro de Justicia, Félix Bolaños.
Estudia si retira el pasaporte a Gómez
En lo que respecta a Gómez, el magistrado decidirá en los próximos días sobre la petición de las acusaciones ultras para retirarle el pasaporte imponer comparecencias quincenales a la esposa del presidente del Gobierno, algo a lo que se oponen la Fiscalía y las defensas.
El Ejecutivo de España, por su parte, considera que se trataría de una decisión que “no se entendería”. En estos términos se pronunciaba el pasado martes la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. “Retirar el pasaporte a la mujer del presidente del Gobierno de España es una medida que no se entendería”, señalaba ante los medios de comunicación. Si bien, no quiso “entrar en detalles” sobre las causas judiciales en curso contra el entorno político y familiar del secretario general de los socialistas.
En la sesión del pasado lunes, el abogado de Begoña Gómez, consideró que “se está haciendo política (…) pero en el sitio equivocado”. “Quien quiera hacer política que se vaya a la calle, no a un tribunal. Quien quiera utilizar la ecuación de un procedimiento fantasma como forma de erosión de un gobierno con el cual no están de acuerdo. La política se hace en los juzgados y nadie debería permitir la instrumentalización de un proceso penal”, estimó, según recogía elDiario.es
En esa dirección, Camacho advirtió de que en su intervención se iba a escuchar mucho el término “presidente del Gobierno”, y que esto iba a ser así porque son palabras a las que ha venido aludiendo reiteradamente en sus escritos el juez, pese a no estar investigado. En este sentido, la defensa de Gómez llegó a calificar de “verdaderamente absurda” la injerencia del juez en tanto en cuanto, a juicio de Camacho, solo por el hecho de ser la mujer del presidente del Gobierno, cualquier actuación influye “en todo el mundo”.
Después de su intervención y de la del resto de las partes, el juez Peinado debe decidir si impone medidas cautelares a Gómez y a los otros dos imputados, el empresario Juan Carlos Barrabés y la asesora de la esposa de Sánchez, Cristina Álvarez.
Esta última se enfrenta a une petición de los ultrcatólicos HazteOir también de la retirada del pasaporte y las comparecencias cada quince días, mientras que para el empresario no han solicitado ninguna medida cautelar.
Del otro lado, la Fiscalía y las defensas se oponen a la imposición de cualquier medida. Gómez se enfrenta a una petición de la acusación popular de 24 años de cárcel, 22 en el caso de Álvarez y seis en el de Barrabés.
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