El pasado 25 de enero se clausuró la 46ª edición de la Feria Internacional del Turismo, FITUR, con México como país invitado y con un nuevo récord de visitantes profesionales de 156 países, lo que supone un innegable éxito para las administraciones públicas y empresas participantes, y en particular para IFEMA, como responsable de su organización.
Y a la vez que nos felicitamos de este importante resultado para un sector que es un pilar fundamental tanto de la economía española en general, como de la madrileña en particular, es momento para recordar que IFEMA es mucho más que un recinto ferial.
Es una máquina de generar economía, imagen, dinero… y poder. Con más de 180 millones de euros de presupuesto y un impacto económico de casi 5.800 millones en la región, la Institución Ferial de Madrid debería ser un ejemplo de gestión pública transparente y eficiente. Sin embargo, ocurre lo contrario: se ha convertido en un territorio de excepción, ajeno a las normas de control presupuestario y de contratación que rigen para el resto del sector público.
Desde 2018 IFEMA no figura en la cuenta general de la Comunidad de Madrid. Esta exclusión, repetida año tras año en las leyes de presupuestos, deja al IFEMA fuera del perímetro de fiscalización pública pese a estar formado por la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento, la Cámara de Comercio, con una participación del 31% cada una, y la Fundación Montemadrid, que detenta el 7% restante. Es decir, una entidad mayoritariamente pública opera con un método propio de empresas privadas antiguas y obsoletas, y sin rendir cuentas ante la ciudadanía.
El argumento legal de la Comunidad se apoya en una disposición transitoria de la Ley 27/2013, pensada para consorcios locales, pero superada por la Ley 40/2015, que obliga expresamente a integrar todas estas entidades mercantiles de mayoría pública en los presupuestos y la cuenta general de la administración de adscripción. En consecuencia, IFEMA parece estar al margen de la ley estatal básica, y la excepción autonómica podría rozar la inconstitucionalidad.
No es un detalle técnico: esta falta de control permite que auditorías, contratos y decisiones de gasto dependan exclusivamente de la dirección de IFEMA, con supervisión privada y sin control parlamentario. Un modelo de autogobierno económico que se ha consolidado bajo el amparo del Ejecutivo regional.
El caso IFEMA muestra con claridad la lógica que gobierna hoy la Comunidad de Madrid: libertad para los negocios, escasamente generadores de empleo estable y de calidad por decirlo con suavidad, opacidad para el dinero público y una innecesaria exposición al riesgo.
La organización del Gran Premio de Fórmula 1, adjudicada a IFEMA, es el ejemplo más reciente, llevando a que un evento que podría concitar interés y un amplio apoyo tenga hoy en día más sombras que luces por la persistente falta de dialogo y búsqueda de consensos. La propia sociedad ha reconocido que el proyecto podría suponer un riesgo financiero de hasta 270 millones de euros. El coste de las obras principales se eleva a 83,2 millones, con otras adaptaciones por 51 millones más, y el contrato con las sociedades de Fórmula 1 no se ha hecho público.
Incluso la Fundación Montemadrid, una de las cuatro entidades fundadoras, ha solicitado salir de IFEMA al considerar inasumible ese riesgo. Pese a ello, el Gobierno regional y el Ayuntamiento lo han defendido como “una gran oportunidad para Madrid”, aunque con los escasos datos a los que podemos tener acceso IFEMA corre el riesgo, en definitiva, de endeudarse para financiar un espectáculo privado con precios inaccesibles para la mayoría.
La falta de transparencia no es nueva sino más bien un viejo problema agravado. Ya en 2013 El País revelaba que la oposición no podía acceder a las cuentas de IFEMA, pese a que la Comunidad y el Ayuntamiento controlaban la mayoría de las acciones. Entonces la feria ingresaba unos 100 millones de euros anuales, con 427 empleados y 18 millones en salarios, pero se negaba información bajo el argumento de que “no son elaboradas por la Administración autonómica”. Más de una década después, el argumento sigue siendo el mismo y semana tras semana los Grupos Parlamentarios de la Asamblea de Madrid ven atónitos como la Mesa de la Asamblea, controlada férreamente por el Partido Popular, veta preguntas y peticiones de información sobre IFEMA con las más exóticas excusas teñidas de supuesta justificación.
Esta situación se opone la de otros espacios similares como la Fira de Barcelona integrada en la cuenta general de los Presupuestos del Ayuntamiento de Barcelona con un presupuesto estimativo. Es decir, se ha reforzado el régimen de auditoría y control sin que se haya perdido su régimen de contratación y su régimen presupuestario.
IFEMA es hoy el espejo de una forma y un modelo de gobernar fundamentado en privatizar beneficios, socializar riesgos y blindar la opacidad. Lo que debería ser una institución pública al servicio de la ciudad se ha convertido en un enclave sin rendición de cuentas, un espacio donde los fondos públicos se gestionan con lógica privada y sin control democrático.
Integrar IFEMA en la cuenta general de la Comunidad no recortaría su autonomía, como demuestra la Fira de Barcelona. Solo reforzaría su transparencia. Lo contrario, mantenerla al margen, consolida una feria de la opacidad que simboliza el desvío de poder público hacia intereses particulares en la Comunidad de Madrid.
