La Guardia Civil-SEPRONA se ha personado en las dependencias municipales de Alcalá de Henares para investigar una posible vulneración de la normativa ambiental al tener depósitos de vehículos en parcelas públicas.
La situación se suma a las diferentes polémicas que lleva semanas y meses arrastrando la alcaldesa de la localidad, Judith Piquet (PP), aunque en este caso la controversia alcanza también a Vox, con quien forma equipo de Gobierno.
Los hechos de producen después de que el pasado 30 de abril, el PSOE de Alcalá denunciara de manera formal “los posibles incumplimientos de la Ley de Evaluación Ambiental y del Real Decreto 265/2021” por parte del Ejecutivo. En concreto, la ilegalidad se estaría produciendo por la acumulación de “vehículos fuera de uso en diferentes puntos de la ciudad, sin el control ni los requisitos correspondientes”.
Tras la denuncia, la Guardia Civil-SEPRONA se ha personado en las dependencias municipales con el objetivo de recabar toda la información al respecto y verificar toda la información al respecto y poder verificar si la situación vulnera la Ley de Evaluación Ambiental como condena la izquierda.
Fuentes socialistas señalan que “tras dos años de desgobierno, vemos como la Alcalá Verde (Vox) y Azul (PP) de Judith Piquet es ahora, también, investigada por la Guardia Civil ante la posible vulneración de la normativa ambiental al tener depósitos de vehículos abandonados en parcelas públicas”, destacan desde el PSOE.
Los socialistas emplazan que a la situación “hay que sumar la incapacidad de PP y Vox de dotar a la ciudad de un servicio de grúa municipal como el que ha venido teniendo durante décadas y que desde el Partido Socialista consideramos indispensable para el buen funcionamiento de la movilidad en la ciudad” en lo que la formación progresista indica, se trata de una nueva “huida hacia delante” con la que la alcaldesa “pone parche sobre parche, escondiendo el problema por los diferentes rincones de la ciudad”.
“Multiplica los cepos por los diferentes barrios y crea una situación inédita que con estas últimas actuaciones podría estar vulnerando la normativa actual”, dictan. “Exigimos a la alcaldesa que ponga remedio a esta situación cuanto antes, ya que su falta de diligencia podría conllevar daños irreversibles para nuestra ciudad”, concluyen.
Las polémicas más acusadas de Judith Piquet
La alcaldesa complutense arrastra polémica desde el momento mismo en que ostenta el cargo. Una de las más sonadas fue la investigación que tuvo lugar por un presunto delito de infidelidad en la custodia de documentos. En concreto, cabe destacar, aquellos hechos se relacionaban con las acusaciones por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a algunos inmigrantes de agresiones sexuales en lo que supuso una mentira del equipo popular.
Firmar un contrato laboral mientras mantiene el cargo, mantener escolta para eventos del día o día o permitir insultos a la prensa o a funcionarios han sido algunos de los exabruptos que han denunciado en detrimento de la política conservadora, pero no son los únicas y en los últimos días Piquet ha vuelto a la carga.
En este sentido, los alcaldes del PSOE se han plantado ante el “uso partidista” de la Federación de Municipios de Madrid -en poder de la responsable complutense-, acusando una “deriva partidista” y la “falta de ejemplaridad institucional”, así como “su bloqueo a propuestas en defensa de la igualdad”.
En este caso, los socialistas denunciaban que en la Junta de Gobierno se debatieron 17 resoluciones, pero que todas ellas iban dirigidas contra el Gobierno de España y ninguna tenía como propósito trabajar por la región madrileña. "Ninguna instaba a la Comunidad de Madrid, pese a ser la administración competente en áreas tan fundamentales como la sanidad, la educación o la vivienda. Por esta razón, los alcaldes socialistas han decidido abandonar la sesión para no ser cómplices del uso desleal de la FMM", indicaban.
En la misma línea, la vicepresidenta de la FMM y alcaldesa de Alcorcón, Candelaria Testa, pedía la dimisión de su homóloga en Collado Villalba, Mariola Vargas, como presidenta de la Comisión de igualdad de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). La solicitud se basa en el pacto firmado por PP y Vox en el municipio, que pretende eliminar el apoyo a las víctimas de violencia de género mientras aprueba retrocesos en igualdad y derechos.
